EXP. N.° 03764-2009-PA/TC

LIMA

LIDIA OLGA PINTO

MORENO DE BUSTILLLOS

 

  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 12 de octubre de 2009

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Olga Pinto Moreno Bustillos contra la resolución de fecha 7 de abril del 2009, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 24 de junio del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo contra el juez a cargo del Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima solicitando que: i) se deje sin efecto la resolución (sentencia) de fecha 9 de abril del 2007 que declaró fundada la demanda de petición de herencia, así como las demás resoluciones expedidas con posterioridad a ésta, por ser vulneratorias de su derecho a la tutela procesal efectiva y al debido proceso; y ii) se ordene a la emplazada la expedición de nueva sentencia. Sostiene que Carlos Emilio Gonzáles Mugaburu interpuso demanda de petición de herencia en contra de ella y sus hermanas solicitando ser declarado como heredero de Florencia Zunilda Moreno Acevedo de Pinto (su madre), demanda que fue declarada fundada en primera instancia y confirmada luego en segunda instancia. Refiere que en la tramitación del citado proceso judicial formuló reconvención solicitando la nulidad del acto jurídico de adopción del demandante, la cual fue declarada improcedente tanto en primera y segunda instancia, no obstante que existía conexidad entre las pretensiones pues el punto controvertido era establecer si el demandante debía ser declarado heredero. En tal sentido aduce que era evidente que el medio de defensa medular con el que contaba ella consistía en negar la condición de hijo adoptado del demandante en la medida que el título que presuntamente lo legitimaba era nulo; motivo por el cual considera que la declaratoria de improcedencia de su reconvención vulnera los derechos constitucionales antes citados. 

 

2.      Que con resolución de fecha 8 de setiembre del 2008 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que la recurrente pretende discutir el razonamiento utilizado por los entes jurisdiccionales respecto al proceso de petición de herencia. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que no se ha acreditado que el proceso judicial haya sido tramitado en un marco irregular ni que se le haya vulnerado los derechos constitucionales alegados.

 

3.      Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse la interpretación, aplicación e inaplicación de las normas del Código Procesal Civil referidas al cumplimiento de los requisitos para la admisión y procedencia de la reconvención, son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso; pues según se aprecia a fojas 78, primer cuaderno, el órgano judicial demandado sustenta la improcedencia de la reconvención formulada por la recurrente en que no existe conexidad entre las pretensiones demandadas en el proceso judicial subyacente (petición de herencia y declaratoria de heredero) y la pretensión señalada en la reconvención (nulidad del acto jurídico de adopción judicial).

 

4.      Que es oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se extienda el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere pues como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional); en razón de ello, la demanda debe ser desestimada.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA