EXP. N.° 04965-2008-PA/TC

LIMA

OSWALDO MAMANI

COAQUIRA

             

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Mamani Coaquira contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 142; de fecha 4 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.  

 

ANTECEDENTES

 

El 14 de septiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el objeto de que se declare inaplicable, a su caso, la Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 18 de marzo de 2004, la cual declaró infundado el recurso de revisión interpuesto contra la Resolución Administrativa N.º 068-2003-CSJPU/PJ, que confirma lo dispuesto por la Resolución Administrativa N.º 547-2002-P-CSJPU/PJ, de fecha 25 de octubre de 2002, por medio de la cual se deja sin efecto el nombramiento del demandante como Vocal Suplente de la Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la provincia de San Román – Juliaca, dispuesto por Resolución Administrativa N.º 496-2002-P-CSJPU/PJ, de fecha 3 de octubre de 2002. Alega que dicha resolución constituye una afectación a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la dignidad personal, por cuanto se le impone una sanción sin un previo procedimiento administrativo disciplinario, habiéndole imputado la comisión de inconductas funcionales y delictivas. Asimismo, solicita que se ordene abrir instrucción en contra del emplazado y que se le condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

 

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de fecha 4 de julio de 2005, se apersona al proceso y contesta la demanda, contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, solicitando que sea declarada infundada o improcedente por cuanto la resolución cuestionada ha sido expedida en ejercicio de las facultades conferidas por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, referidas a designar y a dejar sin efecto la designación de Magistrados Suplentes, facultad que no requiere el inicio de un procedimiento administrativo previo ni una motivación para su debido ejercicio.

 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2007 (fojas 90), declaró improcedente la demanda, considerando que la expedición de la resolución impugnada no constituye la imposición de una sanción, conforme a lo previsto por el artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo de aplicación el artículo 5º inciso 2 del Código Procesal Constitucional, al existir la vía contencioso administrativa como vía procedimental específica e igualmente satisfactoria para la dilucidación de la presente causa.

 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio de la demanda

 

1.      De la revisión de los actuados y del escrito de demanda se observa que ésta tiene por objeto que se declaren fundadas las siguientes pretensiones:

 

a)      Que se declare la inaplicación, respecto del recurrente, de la Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 18 de marzo de 2004, en virtud de la cual se resuelve declarar infundado el recurso de revisión interpuesto contra la Resolución Administrativa N.º 068-2003-CSJU/PJ, que confirma lo dispuesto por la Resolución Administrativa N.º 547-2002-P-CSJPU, de fecha 25 de octubre de 2002, es decir, la disposición de dejar sin efecto la designación del recurrente como Vocal Suplente de la Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la provincia de San Román- Juliaca.

 

b)     Que se disponga la apertura de instrucción en contra del demandado.

 

c)      Que se condene al demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, al haber vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso y a la dignidad personal.

 

Análisis de la controversia

 

2.      Con respecto a la primera de las pretensiones señaladas en el fundamento 1 supra, este Tribunal considera que lo que pretende el demandante, más allá de la inaplicación de la resolución impugnada, es cuestionar el hecho de que se haya dejado sin efecto su nombramiento en el cargo de Vocal Suplente de la Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la provincia de San Román – Juliaca sin que se haya iniciado un previo procedimiento administrativo disciplinario que justifique el dictado de esa medida.

 

3.      El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia (por ejemplo, STC 2192-2004-PA/TC) ha señalado que los principios que informan la potestad  punitiva del Estado, tales como legalidad o culpabilidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el derecho administrativo sancionador.

 

4.      Uno de tales principios lo constituye justamente la prohibición de imposición de una sanción sin la tramitación previa de un procedimiento administrativo disciplinario, teniendo en cuenta, además, que los principios contenidos en el derecho al debido proceso son vinculantes no solamente en el ámbito de los procesos judiciales, sino también en el ámbito de los procedimientos administrativos e, incluso, en los procedimientos que tienen lugar en el ámbito de las personas jurídicas de Derecho privado, como ha sido señalado por este Tribunal en la sentencia recaída en la STC  08865-2006-PA (FJ 5).

 

5.      Ahora bien, un acto administrativo que deja sin efecto un nombramiento no constituye (o mejor, no debe constituir) propiamente una sanción, por cuanto tal medida no tiene una finalidad punitiva sino correctiva; pretende corregir una situación irregular, como sería el caso, por ejemplo, de que el sujeto favorecido con el nombramiento se encontrara incurso en alguno de los impedimentos previstos legalmente para el ejercicio del cargo.

 

6.      Sin embargo, del análisis de la parte considerativa de la Resolución Administrativa N.º 547-2002-P-CSJPU/PJ, se advierte que lo que realmente se pretende con dicha resolución no es dejar sin efecto un nombramiento irregular sino, antes bien, sancionar al recurrente por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria, por aplicación del artículo 201º inciso 3 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuyéndole al recurrente el haber faltado a la respetabilidad del Poder Judicial al haber emitido el Informe N.º 01-2002, en el cual se afirma que los Vocales Titulares de la Corte Superior de Justicia de Puno estarían involucrados en tráfico de influencias.

 

7.      En consecuencia, al ser la naturaleza del acto impugnado la de un acto administrativo sancionador, se equipara a la medida disciplinaria de destitución, prevista en el artículo 206º inciso 5 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por cuanto se está despojando al recurrente del cargo para el que fue nombrado. Este Tribunal considera, en ese sentido, que el mismo ha sido indebidamente expedido, habiéndose vulnerado el derecho del recurrente a que se respeten las garantías del debido procedimiento, antes de que se adopten tales medidas sancionadoras.

 

8.      Asimismo, cabe precisar que este Tribunal no es competente para pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria del recurrente, por cuanto su labor se encuentra circunscrita a velar por el respeto a sus derechos fundamentales. Así, en el presente caso, habida cuenta de que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, su responsabilidad disciplinaria deberá ser determinada en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario que sea plenamente respetuoso de los derechos fundamentales y de las garantías propias del debido proceso.

 

9.      En cuanto atañe a la segunda pretensión, señalada en el fundamento 1 supra, a juicio de este Colegiado ésta deviene en improcedente por cuanto el proceso constitucional de amparo no tiene por finalidad la determinación de la responsabilidad penal de las personas sino, conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como la primacía de la Constitución.

 

10.  Finalmente, en relación con la tercera pretensión, es del caso señalar que la misma también deviene en improcedente por cuanto el proceso constitucional de amparo, conforme se deriva del artículo 1º del Código Procesal Constitucional y conforme ha sido señalado por reiterada jurisprudencia de este Tribunal, tiene naturaleza restitutoria mas no indemnizatoria.      

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo de autos con respecto al primer punto del petitorio señalado en el fundamento 1 supra; en consecuencia, declarar inaplicable al recurrente la Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de 18 de marzo de 2003, sin que ello signifique la reposición en el cargo que venía ocupando.

 

2.      Disponer la nulidad de todo lo actuado y que se inicie la tramitación de un debido procedimiento administrativo sancionador, en el que se determine si existe o no responsabilidad disciplinaria del recurrente, con el respeto de las garantías derivadas del derecho al debido procedimiento.

  

3.       Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRANDA