EXP. N.° 05416-2008-PA/TC

LIMA

JOSÉ SALDAÑA

TOVAR

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 26 de octubre de 2009

 

VISTO

 

            El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Saldaña Tovar contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foja 52, su fecha 4 de julio de 2008, que confirmando la apelada  declara improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.         Que con fecha 7 de enero de 2008 el recurrente, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones en la persona de sus integrantes, señores Enrique Javier Mendoza Ramírez, Gastón Soto Vallenas, José Luis Velarde Urdanivia y Carlos Vela Marquillo, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N.° 184-2007-JNE, de fecha 20 de setiembre de 2007, emitida en el procedimiento de vacancia seguido contra el Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica, señor Luis Federico Salas Guevara Shultz, en el extremo que declara infundado el recurso de apelación presentado contra el acuerdo de Consejo Regional N.º 074-2007-GOB.REG.HVCA/CR, que declaró improcedente las solicitudes de vacancia presentadas contra la referida autoridad regional.

 

2.     Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia STC N.os 01078-2007-PA/TC, 05854-2005-Pa/TC, 02730-2006-Pa/TC  y  00026-2004-AI/TC, entre otros ha señalado que sólo proceden demandas interpuestas contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando dichos actos vulneran los derechos fundamentales de la persona. Así, ha enfatizado que ningún poder público que mediante acto u omisión se aparta del contenido normativo de los derechos fundamentales, se encuentra exento del control constitucional ejercido por el poder jurisdiccional del Estado, en cuya cúspide —en lo que a la materia constitucional respecta— se ubica este Colegiado. Desde luego, el referido órgano electoral no se halla al margen de este imperativo constitucional. En ese sentido, debe recordarse lo expuesto en el fundamento 4 de la STC 2366-2003-AA/TC:

 

(...) aun cuando de los artículos 142° y 181° de la Norma Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos como el amparo.

 

3.         Que a  criterio de este Colegiado la Sala ad quem erróneamente considera que en el proceso de amparo la solicitud de nulidad de las resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de  Elecciones no supone un mecanismo de revisión del tema de fondo, sino de verificación de posibles afectaciones del órgano electoral producidas en el marco de la actuación jurisdiccional electoral que le confiere la Constitución;  asimismo considera también erróneamente que el actor no cuestiona la negación del derecho a la tutela procesal efectiva, sino que persigue que el órgano jurisdiccional, convirtiéndose en una nueva instancia, examine la cuestión de fondo. Sin embargo, como ya se ha señalado, la jurisdicción constitucional está habilitada para conocer demandas de amparo en las que se alegue la violación de derechos fundamentales por resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones emitidas en materia electoral.

 

4.         Que al respecto la referida Sala superior no ha tomado en consideración que el recurrente alega la vulneración de garantías relativas al debido proceso en general y a la debida motivación de resoluciones en particular, pues, entre otros aspectos, cuestiona el hecho que la emplazada ha dictado una resolución contraria a derecho debido a que, además de haber realizado una interpretación del artículo 61º del Código Penal contraviniendo el numeral 2 del artículo 139º de la Constitución, no tomó en consideración que para tener por no pronunciada una condena por el transcurso del plazo de prueba y poder aplicar el beneficio establecido en el referido código, era necesaria una declaración judicial del órgano jurisdiccional correspondiente sobre si don Luis Federico Salas Guevara Shultz había cumplido las reglas de conducta impuestas, declaración que no fue diligenciada.

 

5.       Que en consecuencia este Colegiado considera que en el caso de autos no se presenta ninguna de las causales establecidas por el Código Procesal Constitucional para declarar la improcedencia liminar de la demanda, siendo necesario que sea admitida a trámite para que la emplazada haga valer su derecho de contradicción y pueda presentar los medios probatorios que estime pertinente.

 

6.       Que entonces, al haberse incurrido en un error, este Supremo Tribunal debe estimar el recurso de agravio constitucional y, revocando la resolución recurrida, disponer que el juez a quo admita a trámite la demanda.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

 

RESUELVE

 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia REVÓCASE el auto recurrido y ordena al juez a quo admitir a trámite la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 05416-2008-PA/TC

LIMA

JOSÉ SALDAÑA

TOVAR

 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones:

 

1.         Con fecha 7 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones en la persona de sus integrantes, señores Enrique Javier Mendoza Ramírez, Gastón Soto Vallenas, José Luis Velarde Urdanivia y Carlos Vela Marquillo, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N.° 184-2007-JNE, de fecha 20 de setiembre de 2007, emitida en el procedimiento de vacancia seguido contra el Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica, señor Luis Federico Salas Guevara Shultz, en el extremo que declara infundado el recurso de apelación presentado contra el acuerdo de Consejo Regional N.º 074-2007-GOB.REG.HVCA/CR, que declaró improcedente las solicitudes de vacancia presentadas contra la referida autoridad regional, puesto que considera que se le está vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.

 

2.         En el presente caso las Instancias Inferiores han declarado la improcedencia liminar en atención a que la pretensión del recurrente esta destinada a cuestionar la interpretación que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones, lo que constituye una cuestión ajena a la propiamente constitucional, debiéndose tener presente que el servicio de justicia electoral se encuentra reservado exclusivamente a dicho organismo constitucional.

 

3.         Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar  de la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47º del Código Procesal Constitucional es copia del articulo 427º del Código Procesal Civil en su parte final que dice: “Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.”, numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado).

 

4.         Es preciso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas. Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes.

 

5.         Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente.

 

6.         En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de  situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante.

 

7.         En el presente caso no se evidencia una situación urgente que amerite un pronunciamiento de emergencia, por lo que considero que este Colegiado sólo podría referirse a la confirmatoria o revocatoria del auto de rechazo liminar.

 

8.         Tenemos que la pretensión del actor en puridad persigue la nulidad de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones en un proceso de su competencia, alegando para ello la vulneración de sus derechos fundamentales. En el Expediente N.° 01078-2007-PA/TC, expresé que “(...) el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo e independiente que tiene como objetivo garantizar el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales contribuyendo así a la consolidación del sistema democrático. Dentro de dicho objetivo, ciertamente al JNE le corresponde por mandato legal funciones varias, siendo una de ellas, acaso la principal, la jurisdiccional en materia electoral, para la que se sirve del denominado proceso electoral. Siendo varias pues las funciones del JNE  considero que sólo cuando realiza la función jurisdiccional, es decir, cuando emite resoluciones de carácter jurisdiccional, son irrevisables sus fallos ya que su competencia en dicho ámbito es exclusiva y excluyente. No sucede lo mismo cuando realiza funciones de carácter administrativo, es decir cuando actúa como Administrador Electoral,  ya que dichas resoluciones están referidas a las actividades y procederes necesarios para lograr que el cumplimiento de las normas electorales se lleven a cabo eficazmente, lo que quiere decir que se trata de cuestiones de gestión y procedimientos de rutina en los que sí es posible verificar si las resoluciones dictadas respetan el debido proceso administrativo.” En tal sentido en el caso de autos se evidencia que el cuestionamiento del recurrente está referido a un acto del JNE como contralor en materia electoral, propio de sus funciones establecidas en los artículos 142° y 181° de la Constitución Política del Perú, por lo que este Colegiado no puede arrogarse funciones que la referida carta ha tratado de limitar. No obstante ello consideramos que podría darse el caso en el que por la naturaleza del agravio –manifiesta vulneración a un derecho fundamental o amenaza inminente– pudiera evidenciarse de la demanda y sus anexos la afectación de derechos fundamentales de la persona humana, caso que no es el de autos.

 

9.         Por tanto, en el presente caso, considero que la demanda debe ser desestimada, conforme lo he expresado en casos anteriores, puesto que este Colegiado no tiene competencia para revisar resoluciones emitidas por JNE en materia electoral, salvo cuando el agravio sea manifiesto, debiéndose al efecto evaluar caso por caso. En tal sentido considero que el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por improcedente.

 

Por lo expuesto mi voto es porque se confirme el auto de rechazo liminar y en consecuencia se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de amparo propuesta.

 

 

SS.

 

VERGARA GOTELLI