EXP. N.° 05646-2007-PA/TC

LIMA

COMPAÑÍA INMOBILIARIA

DE PARACAS S.A.

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 9 de junio de 2009

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Compañía Inmobiliaria Paracas S.A., a través de su abogado, contra la sentencia de fecha 30 de mayo del 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 19 de mayo del 2005 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco solicitando se repongan las cosas al estado anterior de la amenaza de violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, legalidad y propiedad, y que se disponga la suspensión de la ejecución y/o lanzamiento en el proceso judicial sobre reivindicación y otros, signado con el N.º 99-505-14-05-01-JC-01, seguido por doña Rosa Elvira Dulanto Salinas contra la Municipalidad Provincial de Pisco y otros. Sostiene que nunca fue emplazada en el citado proceso judicial pese a que es de su propiedad la Urbanización “Golf de Paracas”, inscrita bajo su dominio en la ficha 000981-0102045, hoy partida 11000873, del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco. Precisa que el juez demandado: i) ordenó restituir el inmueble a la actora Rosa Elvira Dulanto Salinas en el área de 27,447.74 m2 situado dentro de su propiedad, ii) declaró el mejor derecho de propiedad a favor de la actora, iii) declaró nula la inscripción a favor de la municipalidad y las transferencias realizadas por ésta; agregando que se le está privando de una propiedad legalmente adquirida sin haber sido vencido en proceso alguno y sin haber recibido notificación de ninguna clase.

 

2.      Que con fecha 15 de setiembre del 2006 la Segunda Sala Descentralizada Mixta de Chincha declaró improcedente la demanda por considerar que está demostrado que la empresa recurrente ha intervenido sin limitación alguna en la defensa de sus derechos, interponiendo recursos impugnatorios pertinentes que les faculta la ley para el ejercicio de su derecho de defensa. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que lo pretendido por la empresa recurrente es cuestionar las resoluciones judiciales firmes expedidas en el proceso sobre reivindicación, sin demostrar en qué forma transgreden los derechos constitucionales que invoca.

 

3.      Que a fojas 47, primer cuaderno (rubro tercero de la demanda), la empresa recurrente señala que “Compañía Inmobiliaria Paracas S.A. es propietaria de los terrenos que limitan por el Este con terrenos de la Hacienda de Chilca, Santo Domingo y anexos desde el 16 de agosto de 1951, fecha en que estos fueran aportados a favor de la Inmobiliaria por sus anteriores propietarios, conforme puede apreciarse en el traslado de la ficha Nº 000981-0102045, hoy partida Nº 11000873 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco; donde también aparece perfectamente delimitado el lindero Este, lo que no puede ser comprobado en la titulación de la Sra. Rosa Elvira Dulanto Salinas quien señala que es la única y absoluta propietaria de un sector del Ex fundo Chilca, Santo Domingo y anexos”. Del mismo modo, a fojas 595, primer cuaderno, obra el escrito “téngase presente” en el que la empresa recurrente señala que “(…) luego de la inspección ocular realizada en el terreno en litigio, el juez por equivocación y por indicación de la señora Dulanto, declara como límite oeste del terreno de la señora, la carretera interna de Paracas (…) Con ello, el área de extensión del terreno que pretende reivindicar aumenta de manera considerable.

 

4.      Que las alegaciones contenidas en los documentos citados advierten a este Tribunal  que la empresa recurrente trae a debate en sede constitucional la amenaza de que se dicten órdenes judiciales que disminuyan el alcance y extensión de terreno de su propiedad, las que originarían superposición de áreas de la empresa recurrente con las áreas de terreno de propiedad de la demandante del proceso judicial subyacente; asuntos estos que no pueden ser ventilados a través del proceso constitucional de amparo, que por carecer de estación probatoria (art.CPConst.)y por tener naturaleza eminentemente restitutiva (art. 1 CPConst.), resulta impertinente para establecer los límites y extensión de la propiedad de la empresa recurrente, y subsecuentemente, determinar si el proceso judicial subyacente resulta violatorio de su derecho de propiedad.

 

5.      Que conforme al artículo 5.2 del mismo cuerpo legal, los procesos constitucionales son improcedentes cuando “Existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para el derecho constitucional amenazado o vulnerado (...)”. Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo“(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por los demandantes, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario”. (Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si el recurrente dispone de un proceso cuya finalidad es también la protección del derecho constitucional presuntamente vulnerado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a él.

 

6.      Que en el caso de autos la vía igualmente satisfactoria para tutelar el derecho de propiedad de la empresa recurrente resultaría ser el proceso judicial de rectificación de áreas y linderos al amparo de los artículos 504º a 508º del Código Procesal Civil; proceso judicial a través del cual el propietario o poseedor solicita se rectifiquen el área o los linderos del inmueble o terreno, o solicita se limiten estos -área o linderos- mediante deslinde.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del Magistrado Vergara Gotelli, que se agrega.

 

RESUELVE

 

Declarar  IMPROCEDENTE  la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ

LANDA ARROYO

CALLE HAYEN

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRANDA                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.º 05646-2007-PA/TC

LIMA

COMPAÑÍA INMOBILIARIA

DE PARACAS S.A.                                                                                                          

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes:

 

Petitorio de la demanda

 

  1. Que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco solicitando que se repongan las cosas al estado anterior a la amenaza de violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, legalidad y propiedad y que se disponga la suspensión de la ejecución y/o lanzamiento en el proceso judicial sobre reivindicación y otros (Exp. 99-505-14-05-01-JC-01) seguido por doña Rosa Elvira Dulanto Salinas contra la Municipalidad Provincial de Pisco y otros. Refiere que siendo propietaria de la Urbanización “Golf de Paracas” no se le notificó del referido proceso judicial, lo que evidentemente ha vulnerado su derecho de defensa.

 

Titularidad de los derechos fundamentales

 

  1. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de derechos fundamentales de la persona -su artículo 1º- que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” agregando en su artículo 2º que “toda persona tiene derecho ….”, derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia el citado artículo 1º.

 

El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título Preliminar al referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales queEl contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”

 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos.

 

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma denominación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, precisando así en su articulo 1º que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”, realizando en el articulo 2º la enumeración de los derechos que se les reconoce.

 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos       - “Pacto de San José de Costa Rica”-  expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano”, haciendo referencia marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la persona humana.

En conclusión extraemos que las disposiciones internacionales al proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Procesal Constitucional.

 

Por ello es que, expresamente el artículo 37º del Código Procesal Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en su totalidad enumera el articulo 2º de la Constitución Política del Perú, referido a los derechos de la persona, exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente protegido por el proceso de habeas corpus, y los destinados a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados un tratamiento especial por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana.

 

  1. De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución proclama o señala los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades siendo solo él que puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional.

 

      La Persona Jurídica.

 

  1. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de “personas” colocando en la Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las Personas Jurídicas.

 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la ficción de señalar la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha “persona” ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la “persona jurídica” tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, que conforman interés propio y distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro.

 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria.

 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana.

 

  1. De lo expuesto concluimos estableciendo que si bien ha estado admitiendo demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esto debe ser corregido ya que ello ha traído como consecuencia que las empresas hayan “amparizado” toda pretensión para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los  procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio de la presente resolución queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia.

 

En el presente caso

 

  1. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona moral o jurídica de derecho privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, acusando en un órgano judicial del Estado de realizar actos que vulneran sus derechos constitucionales dentro de un proceso de su competencia conducido por los cauces de la ley. Siendo así no puede pretender la empresa recurrente que por medio del proceso constitucional de amparo se ingrese a un proceso en el que se discute la propiedad de un terreno, temas que es de competencia ordinaria y no de la justicia constitucional. En tal sentido y conforme lo señala el proyecto en mayoría el conflicto traído al amparo debe ser dilucidado en un proceso que cuente con etapa probatoria, debiendo por tanto acudir a ella.

 

  1. Finalmente es menester señalar que el proceso constitucional de amparo está destinado a la defensa de los derechos de la persona humana y no a la defensa de intereses patrimoniales planteadas por empresas interesadas, ya que ello desnaturalizaría el proceso de amparo que es un proceso excepcional y de tutela urgente. Debo agregar que el proceso constitucional está destinado a la solución de un conflicto que trae una persona humana y por eso el servicio de justicia en esta sede es gratuito.

 

  1. En conclusión la demanda es improcedente no sólo por la falta de legitimidad activa del demandante sino también por la naturaleza de la pretensión, ya que ésta puede ser dilucidada en el proceso contencioso administrativo..

 

Por lo expuesto mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo, quedando obviamente a salvo el derecho de la empresa recurrente para que lo haga valer en la vía pertinente.

 

 

Sr.

VERGARA GOTELLI