EXP. N.° 05786-2007-PHC/TC

JUNÍN

RUBÉN NEMECIO

CAJA COLLAZOS

           

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia.

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Nemesio Caja Collazos contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 66, su fecha 20 de setiembre de 2007, que declara infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 29 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, alegando que se ha violado su derecho constitucional del debido proceso conexo a su libertad individual. Sostiene que con fecha 8 de noviembre de 2005, la Sala emplazada lo condena a veinte años de pena privativa de libertad por el delito de extorsión (Exp. N.º 2003-1712). Alega el demandante, que la pena impuesta por la Sala corresponde a una ley promulgada el 6 de octubre de 2004, cuando lo correcto sería aplicarle una sanción de doce años conforme a la norma vigente al momento de la comisión del hecho punible.

 

            El Primer Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 31 de agosto de 2007, declara infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que la pena de veinte años se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el delito por el que el recurrente fue condenado.

 

            La recurrida confirma la apelada por considerar que el accionante pudo hacer valer sus derechos al interior del proceso penal a través de los recursos legales pertinentes.

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio

 

1.      El objeto de la demanda de autos es cuestionar la condena emitida contra el accionante, por la comisión del delito de extorsión, a 20 años de pena privativa de libertad. El accionante alega que fue de aplicación una ley posterior a la que se encontraba en vigor al momento de la comisión del hecho punible.

 

Aplicación de normas en el tiempo en el derecho penal: Derecho penal sustantivo, Derecho procesal penal y Derecho penitenciario.

 

2.      En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, cabe señalar que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, conforme al artículo 103º de la Constitución, es la aplicación inmediata. Ello implica que los hechos, relaciones o situaciones jurídicas existentes, se regulan por la norma vigente al momento en que éstos ocurren. En cambio, la aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas, con excepción de las que versen sobre materia penal, cuando favorecen al reo. Así, el artículo 103° de la Constitución dispone que “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo”.  

 

3.      En el derecho penal material o sustantivo, la aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le aplique la pena vigente al momento de su comisión. Ello es conforme con el ya referido artículo 103 de la Constitución pero también con el principio de legalidad penal, reconocido en el artículo 2,24.d de la Constitución, concretamente con la garantía de la lex praevia que impide ser condenado sobre la base de un marco normativo que no se encontraba vigente al momento de cometerse el hecho delictivo.

 

4.      En el Derecho procesal penal, la aplicación inmediata de las normas, conforme al artículo 103º de la Constitución, implica que el acto procesal estará regulado por la norma vigente al momento en que éste se realiza, lo que ha venido a denominarse el principio tempus regit actum. (Cfr. Exp. Nº 2196-2002-HC/TC,  Carlos Saldaña Saldaña). Asimismo, este Tribunal Constitucional ha establecido que resulta igualmente aplicable el principio tempus regit actum en materia penitenciaria, excepto para los beneficios penitenciarios, en cuyo caso, dicha regla se ve morigerada por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley, proclamado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, que vela porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento no sea alterada o modificada con posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con posterioridad al inicio de un procedimiento, como la de solicitar un beneficio penitenciario, no debe aplicarse. En tal sentido, en materia de beneficios penitenciarios, resulta aplicable la norma vigente al momento de haberse solicitado el beneficio (Cfr. Exp. Nº 2196-2002-HC/TC,  Carlos Saldaña Saldaña; Exp.Nº 1593-2003-HC/TC, Dionicio Llajaruna Sare).

 

Análisis del caso concreto

 

5.      En el presente caso, los cuestionamientos a la sentencia condenatoria en el sentido de que habría sido de aplicación una ley que no estuvo vigente al momento de la comisión del delito guardan concordancia con el principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 2.º, inciso 24, literal "d", de la Constitución Política del Perú, según el cual "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

 

6.      La sentencia condenatoria expedida contra el recurrente establece que los hechos delictivos se cometieron el 20 de abril de 1996 y el 4 de mayo de 1997. Asimismo, en la referida sentencia se determina que la norma penal que corresponde aplicarse es el artículo 200 del Código Penal, correspondiente al delito de extorsión, en los supuestos agravados previstos en los incisos 1 y 5 del referido artículo del Código Penal. A tal efecto, se cita en la referida sentencia condenatoria el texto de la referida norma aplicable:

 

[...] que siendo todo ello así, la conducta de los acusados (...) se adecua al tipo penal previsto en el artículo doscientos, incisos uno  y cinco del Código Penal que establece: <<El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. La pena será privativa de libertad no menor de veinte años, cuando el secuestro: 1. Dura más de cinco días; 2. Se emplea crueldad contra el rehén; 3. El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático; 4. El rehén es inválido o adolece de enfermedad; 5. Es cometido por dos o más personas. La pena será no menor de veinticinco años si el rehén es menor de edad o sufre lesiones graves en su integridad física o mental. La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el rehén fallece durante el delito o a consecuencia de dicho acto>>:

 

7.      Dicho texto citado en la sentencia condenatoria como la norma aplicable coincide con el texto correspondiente al artículo 200º del Código Penal, modificado mediante Ley N.º 28353, de fecha 6 de octubre de 2004, norma posterior a la fecha en la que según la propia sentencia condenatoria se habría cometido el delito, fecha en la que el referido artículo estipulaba lo siguiente:

 

El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. La pena será privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años cuando: 1. El rehén es menor de edad; 2. El secuestro dura más de cinco días; 3. Se emplea crueldad contra el rehén; 4. El secuestrado ejerce función pública; 5. El rehén es inválido o adolece de enfermedad; 6. Es cometido por dos o más personas.

 

8.      Como es de verse, si bien la pena impuesta de 20 años estaba dentro del marco penal vigente al momento de la comisión del ilícito, éste le fue individualizada sobre la base de un marco normativo que establecía la pena de 20 años como mínima, a pesar de que, conforme a la ley vigente al momento de la comisión del ilícito, la pena de 20 años correspondía a la máxima del marco normativo.

 

9.      Ello resulta corroborado del fragmento de la sentencia condenatoria cuestionada en el que se procede a efectuar la individualización de la pena: “[…] estamos ante personas que no ha  tenido oportunidades donde la sociedad haya permitido su realización como personas integralmente entendidas, también se debe ponderar su cultura y sus costumbres que corresponden a su estratificación social en que se encuentran, caracterizado por las necesidades, marginalismo, pobreza, facilismo, escaso desarrollo de valores[…]”.

 

10.  En tal sentido, el órgano jurisdiccional, al imponerle 20 años de pena privativa de libertad estaba asignándole la pena mínima dentro del marco normativo, el mismo que no resultaba aplicable por ser posterior al hecho delictivo y más gravoso, por lo que la demanda debe ser estimada, ordenándose al órgano jurisdiccional que condenó al recurrente individualice la pena dentro del marco normativo vigente al momento de la comisión del ilícito.

 

11.  Finalmente, si bien la pretensión resulta estimable en tanto se ha comprobado que la individualización de la pena se efectuó sobre la base de un marco normativo que no se encontraba vigente al momento de la comisión del ilícito, vulnerándose el principio de legalidad penal, ello no determina la nulidad de la sentencia condenatoria, toda vez que la responsabilidad penal del recurrente es un asunto que no se ve desvirtuado por la estimatoria de la demanda ni ha sido controvertido en el presente proceso de hábeas corpus; antes bien, debe ordenarse al órgano jurisdiccional que proceda a individualizar la pena dentro del marco normativo vigente al momento en que, conforme a lo estipulado en la propia sentencia condenatoria, se cometieron los hechos delictivos.      

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus.

 

2.      Ordenar a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, sustituya la pena impuesta al recurrente en el proceso N.º 2003-1712, individualizándola dentro del marco normativo vigente al momento de la comisión del hecho delictivo.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ