EXP. N.° 00037-2010-PA/TC
LIMA
CAMILO CONTRERAS
GARCÍA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes
de julio de 2010, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Camilo Contreras García contra la resolución
expedida por la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 56,
su fecha 30 de setiembre de 2009, que declaró
improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente
interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional
(ONP) con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución
86883-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 6 de setiembre
de 2006, y que, en consecuencia, cumpla con otorgarle pensión de jubilación
conforme al Decreto Ley 19990, tomando como base sus 27 años de aportaciones al
Sistema Nacional de Pensiones.
La emplazada contesta la demanda expresando que la pretensión del actor se
encuentra dirigida a la declaración de un derecho, lo cual contraviene la
naturaleza restitutiva del proceso de amparo. Señala
que los documentos presentados por el demandante para acreditar aportaciones
adicionales no son idóneos, conforme al artículo 54 del Decreto Supremo
011-74-TR.
El Trigésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de diciembre de 2008, declara
infundada la demanda, por estimar que los instrumentales adjuntados no
determinan que el actor haya realizado aportaciones durante los periodos de
1958 hasta 1970, 1977, 1973, 1976, 1978 y 1979, pues se trata de documentos
meramente informativos.
La Sala Superior
revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por considerar
que el actor no ha actuado medios probatorios suficientes que acrediten los
aportes realizados, por lo que debe recurrir a un proceso más lato.
FUNDAMENTOS
1.
En el fundamento 37 de la STC
1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido
esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que
sea posible emitir pronunciamiento.
Delimitación del
petitorio
2.
El demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación general conforme
a los Decretos Leyes 19990 y 25967, en base a sus 27 años de aportes realizados
al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, su pretensión está
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada
sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo.
Análisis de la
controversia
3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990,
modificado por el artículo 9 de la
Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para
obtener una pensión de jubilación se requiere tener 65 años de edad y
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones.
4.
De la copia del
Documento Nacional de Identidad del demandante (f. 7), se registra que el
demandante nació el 15 de julio de 1940; por lo tanto, cumplió la edad
requerida para la pensión solicitada el 15 de julio de 2005.
5.
De la Resolución
86883-2006-ONP/DC/DL 19990 (f. 2), se aprecia que la emplazada denegó al actor
la pensión de jubilación solicitada por considerar que sólo había acreditado 10
años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, no
tuvo en cuenta los periodos comprendidos de 1958 a 1970 y 1977, así como
el periodo faltante de los años 1973, 1976, 1978 y 1979, por considerar que no
se han acreditado fehacientemente.
6.
Previamente, cabe
señalar que en el fundamento 26 de la
STC 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria,
este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para
acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los
documentos idóneos para tal fin.
Dichas reglas se han establecido considerando: i) que a partir de la previsión
legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990, concordante con
el artículo 13 del indicado texto legal, el requisito relativo a las
aportaciones del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de
la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad
empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última,
en el pago de los aportes a la entidad previsional;
y, ii) que el inciso d, artículo 7, de la Resolución Suprema
306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe “Efectuar
la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean
necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley”.
7. A fin de
acreditar su pretensión el demandante ha presentado los siguientes documentos:
a) copias simples de su registro a la Caja Nacional de Seguro Social Obrero – Perú (f.
4 y 5), y b) copia simple de su carné al Seguro Social Obrero Perú (f. 6).
8. En
ese sentido, se evidencia que, conforme al precedente invocado, el demandante
no ha presentado ningún medio probatorio idóneo con lo cual acredite haber
realizado aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones.
9. A
mayor abundamiento, debe señalarse que en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA, que
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante
una demanda manifiestamente infundada cuando: “se advierta que el demandante
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con
presentar prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la valoración
conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no
acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de
jubilación, o cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido
expedidos por los ex empleadores sino por terceras personas”.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, porque no
se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ