EXP. N.° 00059-2010-PA/TC
LIMA
ELSA AMANDA
WUEST GARCIA
VDA. DE HIDALGO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 8 de junio de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Elsa Amanda Wuest
García contra la resolución de la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
de fojas 67 del segundo cuadernillo, su fecha 14 de agosto de 2009 que,
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 7 de
enero de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra los
vocales integrantes de la
Primera Sala Civil Especializada Comercial de Lima,
solicitando que se deje sin efecto la Resolución Judicial
N.º 7, de fecha 24 de agosto de 2007, que en segundo grado, revoca la Resolución N.º 13,
expedida en la Audiencia
de Saneamiento por el Sexagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, y reformándola
declara infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por la amparista. A su juicio, dicho pronunciamiento
judicial lesiona la tutela procesal efectiva y el debido proceso,
específicamente el derecho de obtener una resolución fundada en derecho.
Refiere que doña
Ana Lilia Cornejo Donohue promovió el proceso civil
de nulidad de acto jurídico N.º 0015-2007; añade que los plazos legales
establecidos para la interposición de la demanda se encontraban vencidos, razón
por la cual dedujo la excepción de prescripción, la cual se declaró fundada
mediante Resolución N.º 13. Dicha resolución fue recurrida, revocada y
reformada en segundo grado por la resolución judicial que cuestiona. Alega que
los emplazados omitieron evaluar el artículo 9.º de la Ley N.º 26872, que
establece los requisitos que concurrentemente debe observar toda pretensión
para que pueda ser sometida válidamente a una conciliación extrajudicial, toda
vez que se limitaron a aplicar su reglamento, hecho que lesiona su derecho a la
motivación resolutoria.
2. Que es finalidad esencial de los procesos constitucionales
concretizar, desde su perspectiva objetiva y desde la subjetiva, la tutela
efectiva de los derechos que la
Constitución reconoce.
De ahí que el “[a]mparo contra resoluciones
judiciales no supone, como tantas veces lo hemos afirmado, un mecanismo de
revisión de las cuestiones discutidas en el proceso que lo origina, por lo que
las violaciones a los derechos de las partes de un proceso deben expresarse con
autonomía de dichas pretensiones. Es decir, debe tratarse de afectaciones del
Juez o Tribunal producidas en el marco de su actuación jurisdiccional que la Constitución les
confiere y que distorsionan o desnaturalizan tales competencias al punto de
volverlas contrarias a los derechos constitucionales reconocidos y por tanto
inválidas”. (Cfr. N° 1209-2006-PA/TC. Caso Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.).
3. Que por ello, este
Tribunal observa que en el presente caso, la pretensión de la recurrente no
está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que
invoca, toda vez que tanto la interpretación y comprensión que realice la
judicatura ordinaria de la Ley
de Conciliación N.º 26892 y su Reglamento -D.S. N.°
004-2005-JUS- como la aplicación de los diversos artículos del Código Procesal
Civil, forman parte de la autonomía e independencia que la Constitución reconoce
a este poder del Estado, no siendo de competencia ratione
materiae de los procesos constitucionales evaluar
sus decisiones, salvo que éstas y sus efectos contravengan los principios que
informan la función encomendada, o que los pronunciamientos de razonabilidad y proporcionalidad que deben estar presentes
en toda decisión judicial, afectando de modo manifiesto y grave cualquier
derecho fundamental, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
4. Que por otro
lado, de autos se observa que la resolución judicial cuestionada se encuentra
motivada conforme a los términos previstos por el inciso 5) del artículo 139.º
de la Constitución,
toda vez que precisa las razones por las cuales a criterio del ad quem se interrumpió el cómputo de los plazos legales de
prescripción, así como también se fundamenta por qué no se cumplieron los
10 años que la norma fija como plazo de prescripción; siendo que, al margen de
que tales fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen
justificación suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, por
lo que no procede su revisión en un proceso de amparo.
5. Que por
consiguiente, apreciándose que la pretensión del recurrente hechos y petitorio
no forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
igualdad sustancial ante la ley, resulta de aplicación el inciso 1) del
artículo 5.º del Código Procesal Constitucional
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA