EXP. N.° 00066-2010-Q/TC
LIMA
XTRATA TINTAYA S.A.
RAZÓN DE RELATORÍA
Vista la causa 00066-2010-Q/TC
por los integrantes de la Sala Primera
del Tribunal Constitucional magistrados Landa Arroyo, Beaumont
Callirgos y Álvarez Miranda, y habiendo emitido voto
discrepante el magistrado Álvarez Miranda, se ha llamado sucesivamente, en
primer lugar, al magistrado Eto Cruz, quien se ha
adherido al voto del magistrado Álvarez Miranda; y, en segundo lugar, al
magistrado Calle Hayen, quien ha suscrito la postura
de los magistrados Álvarez Miranda y Eto Cruz, con lo
cual se ha alcanzado los tres votos requeridos para dictar la resolución de
autos.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de junio de 2010
VISTO
El recurso de queja presentado
por Xtrata Tintaya S.A.; y,
ATENDIENDO A
1. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución
Política del Perú y el artículo 18º del Código Procesal Constitucional,
el Tribunal
Constitucional conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de
cumplimiento.
2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.° del Código
Procesal Constitucional y a lo
establecido en los artículos 54.° a 56.° del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo
su objeto verificar que esta última se expida conforme a ley.
3. Que este Colegiado mediante la STC 3908-2007-PA, publicada en el diario oficial El
Peruano el 18 de mayo de 2009,
ha dejado sin efecto la procedencia del Recurso de
Agravio Constitucional (RAC) contra la sentencia estimatoria
de segundo grado adoptada en contravención de un precedente vinculante
establecido en el fundamento 40 de la
STC 4853-2004-PA, considerando que el
mecanismo procesal adecuado e idóneo para la protección del precedente
vinculante es la interposición de un nuevo proceso constitucional y no la
interposición de un recurso agravio constitucional.
4. Que, en el presente caso, el
recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto contra una resolución de segundo grado que declaró
fundada la demanda en un proceso constitucional; en consecuencia, al haber sido
correctamente denegado, el presente recurso de queja debe ser desestimado.
Por estas
consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica;
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y
oficiar a Sala de origen para que proceda conforme a ley.
Publíquese y notifíquese.
SS.
CALLE
HAYEN
ETO
CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
EXP. N.° 00066-2010-Q/TC
LIMA
XTRATA TINTAYA S.A.
VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y BEAUMONT CALLIRGOS
Con el debido respeto por la
opinión vertida por nuestro colega magistrados emitimos el siguiente voto, por
cuanto no concordamos con los argumentos ni con el fallo de la resolución de la
mayoría, referidos al cambio del precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC, por los
siguientes argumentos:
1. Los
suscritos en la STC
03908-2007-AA/TC hemos emitido un voto singular, en el cual se ha concluido que
el Tribunal Constitucional “por un principio de prevención de sus fallos, no
puede estar desvinculado de la realidad a la cual se proyecta. En ese sentido,
el fundamento 40 del precedente constitucional de la STC 04853-2004-AA/TC se
estableció, siempre a partir de la interpretación de la Constitución
(artículo 202º.2), en un contexto en el cual muchas resoluciones de amparo y
medidas cautelares dictadas en el seno de este proceso, a pesar de ser
estimatorias, resultaban siendo violatorias de los valores materiales que la Constitución
consagra expresa o tácitamente”.
2.
Además se señaló que, al haberse demostrado que los
“presupuestos” establecidos para dictar un precedente en la STC 0024-2003-AI/TC no
constituyen ratio decidendi
y no habiéndose omitido lo señalado en el fundamento 46 de la STC 03741-2004-PA/TC, el
cambio del fundamento 40 de la STC
04853-2004-AA/TC deviene en inconstitucional; en consecuencia, dicho precedente
vinculante debería seguir aplicándose al permanecer plenamente vigente.
3.
De acuerdo a lo anterior, en el presente caso se
aprecia que la mayoría decide declarar improcedente el recurso de amparo, en
aplicación de la STC
03908-2007-AA/TC (cfr. considerando 3 del voto
en mayoría). Sin embargo, los suscritos consideramos que en el presente caso se
debe ingresar al fondo de la controversia a fin de verificar, previamente, si
es que se configura la violación o no de un precedente constitucional
vinculante. En ese sentido, nuestro voto es porque se evalúe la procedencia del
recurso de queja interpuesto, de acuerdo a lo ya señalado en el presente voto.
SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.° 00066-2010-Q/TC
LIMA
XTRATA TINTAYA S.A.
VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Con pleno respeto por la opinión
mayoritaria, me aparto de la tesis que sostienen por las consideraciones que a continuación
expongo.
1.
Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución Política del Perú y el artículo 18°
del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional conoce en última
y definitiva instancia las resoluciones
denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data
y acción de cumplimiento.
2.
De conformidad con lo previsto en el artículo 19.° del
Código Procesal Constitucional y los artículos 54.° a 56.° del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, el Intérprete de la Constitución
también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar
que esta última se expida conforme a ley.
3.
En la sentencia 3908-2007-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 18 de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional ha dejado
sin efecto la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra la
sentencia estimatoria de segundo grado adoptada en contravención de un
precedente vinculante establecido en el fundamento 40 de la sentencia
4853-2004-PA/TC, considerando que el mecanismo procesal adecuado e idóneo para
la protección del precedente vinculante es la interposición de un nuevo proceso
constitucional y no la interposición de un recurso agravio constitucional.
4.
En el caso de autos, el recurso de agravio
constitucional ha sido interpuesto contra una resolución de segundo grado que
declaró fundada la demanda en un proceso constitucional; en consecuencia, al
haber sido correctamente denegado, el presente recurso de queja debe ser
desestimado.
Por estas consideraciones, se
debe declarar improcedente el
recurso de queja.
S.
ÁLVAREZ MIRANDA
EXP. N.° 00066-2010-Q/TC
LIMA
XTRATA TINTAYA S.A.
VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ
Me adhiero a los fundamentos y
fallo contenidos en el voto del magistrado Álvarez Miranda. Deseo añadir, sin
embargo, algunas consideraciones adicionales.
1.
El presente caso llega a conocimiento de este Tribunal
como consecuencia del recurso de queja interpuesto por Xtrata
Tintaya S.A., el cual ha sido presentado con sustento
en una supuesta denegación indebida del recurso de agravio constitucional.
Dicha alegación se basa en que el recurso de agravio constitucional es
procedente toda vez que, según el demandante, en el presente caso la resolución
estimatoria de segundo grado ha sido dictada sin respetar un precedente
vinculante emitido por este Tribunal. Esta regla procesal de procedencia del
recurso de agravio constitucional establecida por la STC 4853-2004-PA/TC no se
encuentra, sin embargo, vigente de cara a la jurisprudencia actual del Tribunal
Constitucional sobre esta materia.
Y
es que, de acuerdo a lo establecido en el punto resolutivo 2) de la STC 3908-2007-AA/TC, el
precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC, que estableció las reglas vinculantes del recurso de agravio
constitucional a favor del precedente, ha sido dejado sin efecto.
2.
El precedente vinculante contenido en el fundamento 40
de la STC
4853-2004-PA/TC efectuaba una interpretación amplia del término “denegatorio”
establecido en el artículo 202, inciso 2 de la Constitución,
incluyendo en la misma no sólo las resoluciones denegatorias de las pretensiones
del demandante, sino las resoluciones denegatorias de tutela de un contenido
constitucionalmente protegido visto desde una óptica objetiva. Es decir, las
resoluciones que denieguen tutela constitucional a un contenido ius-fundamental protegido por la Constitución y
que había sido concretado por un precedente vinculante del Tribunal
Constitucional, sea que estuvieran contenidas en resoluciones improcedentes,
infundadas o fundadas, también debían quedar comprendidas dentro del término
“denegatorias” dispuesto por el artículo 202, inciso 2 de la Constitución. Esta
interpretación si bien estuvo fundada en argumentos constitucionalmente
aceptables y pretendió dar respuesta a una circunstancia especialmente grave de
incumplimiento sistemático de la doctrina jurisprudencial del Colegiado por
parte del Poder Judicial, la misma se alejó en demasía del texto de la Constitución y
generó, tanto desde altos organismos del Estado como desde sectores académicos,
serios cuestionamientos a la potestad del Tribunal de interpretar la Constitución
sin una vinculación clara con el texto de la Norma Fundamental, aún cuando
sus finalidades sean legítimas e incluso plausibles.
Y es que, si
bien la interpretación constitucional puede albergar un margen de argumentación
amplio y abierto, donde los distintos argumentos vertidos a favor y en contra
de determinado sentido interpretativo pueden extraerse de distintas fuentes que
van mucho más allá del texto de la disposición, como sucedió en el presente
caso al invocarse el respeto a los principios de igualdad en la aplicación de
la ley y del debido proceso en el marco de una lectura unitaria y armónica del
texto constitucional; también es cierto que dicha interpretación constitucional
se desenvuelve en un marco institucional, donde los argumentos
práctico-jurídicos no pueden quedar desvinculados de la norma que les sirve de
sustento; pues es allí donde radica la principal diferencia entre la simple
argumentación moral y la argumentación jurídica sujeta a un principio
“autoritativo” al cual no se puede renunciar sin poner en serio riesgo otros
principios igualmente vitales en el Estado Constitucional como el principio
democrático y la seguridad jurídica. Es por ello que en la práctica
constitucional contemporánea, los propios tribunales constitucionales han
establecido como límite último e infranqueable a su actividad interpretativa el
respeto estricto al propio texto de la Constitución.
3.
Es por esta razón y por otras de orden formal, que este
Colegiado decidió a través de la
STC 3908-2007-AA/TC dejar sin efecto el precedente contenido
en el fundamento 40 de la STC
4853-2004-AA/TC que establecía la regla de procedencia del recurso de agravio
constitucional a favor del precedente, el cual había sido dictado, como ya
dijimos, de acuerdo a la interpretación del término “denegatoria” anteriormente
aludido y que hoy ha sido dejado sin efecto por el precedente anteriormente
aludido. La potestad del Tribunal para efectuar dicho cambio en su
jurisprudencia vinculante, por lo demás, está contenida en el artículo VII del
Título Preliminar del C.P.Const., donde el único
requisito que se establece para el cambio del precedente constitucional es la
expresión de las razones que llevan al Colegiado a cambiar de criterio respecto
a su doctrina constitucional vinculante, situación que, como acabamos de
anotar, se produjo en el presente caso.
4.
En el caso Lawrence vs. Texas el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos reconoció la importancia de mantener y respetar la propia
doctrina jurisprudencial sentada por ese Colegiado. El valor que tiene la
permanencia en el tiempo de un precedente y su respeto no sólo por los órganos
judiciales encargados de aplicarlo, sino por los propios integrantes del
Tribunal Supremo que los dicta -dijo la Corte- reside en su unidad indesligable
con el principio de estabilidad y certeza en el derecho, tan caro a todo
ordenamiento jurídico, y en el sustento que ofrece a la autoridad de las
sentencias del Tribunal y a su propia legitimidad. Sin embargo, según el propio
Tribunal Supremo, esta regla no es inexorable y puede cambiarse cuando no
afecte en grado sumo la comprensión de un derecho que la ciudadanía tenía en
base a dicha doctrina y cuando el precedente haya creado más incertidumbres y
dudas que certezas en la comunidad jurídica respecto a la actuación del
Tribunal. En nuestro caso, la facultad ahora ejercida por este Colegiado
Constitucional de cambiar su doctrina jurisprudencial, no menoscaba en modo
alguno la comprensión de la ciudadanía de su derecho a impugnar un proceso constitucional
cuando éste haya sido resuelto con prescindencia de alguna doctrina
jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional, sólo reconduce dicha
impugnación a la vía de un nuevo proceso de amparo donde se discutirá la
vulneración de un precedente. Por otro lado, la decisión tomada con
anterioridad por el Tribunal de habilitar el recurso de agravio constitucional
para controlar resoluciones estimatorias de segundo grado dictadas con
vulneración manifiesta del precedente vinculante, puso en entredicho la
legitimidad del Tribunal como supremo intérprete de la Constitución,
pues como ya se dijo, la interpretación efectuada del artículo 202, inciso 2
supuso apartarse en demasía de la dicción literal de este precepto.
5. Resulta evidente que, del
modo como actualmente está configurado nuestro sistema de jurisdicción
constitucional, existe el peligro de que el respeto a la doctrina
jurisprudencial vinculante de este Colegiado no sea pleno, con las
consecuencias negativas que ello puede generar en la seguridad jurídica y en la
vigencia efectiva de los derechos fundamentales, además de la propia
legitimidad y autoridad del Tribunal Constitucional; sin embargo, hoy el
Tribunal ha optado por la mesura, dejando en manos de quien corresponde la
reforma del modelo de jurisdicción constitucional a través de los
procedimientos correspondientes previamente determinados por la Constitución y
la ley.
Por estas
consideraciones, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de queja presentado, notificar a las partes
y oficiar a la Sala
de origen para que proceda conforme a ley.
S.
ETO CRUZ
EXP. N.° 00066-2010-Q/TC
LIMA
XTRATA TINTAYA S.A.
VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN
Habiendo sido
llamado para dirimir discordia en la presente causa, mi voto es porque se
declare Improcedente el recurso de queja por los mismos fundamentos expresados
por los magistrados Álvarez Miranda y Eto Cruz.
S.
CALLE HAYEN
Magistrado