EXP. N.° 00148-2010-PHC/TC
APURÍMAC
IBAR QUINTANA MOSCOSO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 24 de marzo de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Ibar Quintana Moscoso contra la Resolución de la Sala Mixta de Abancay de
la Corte Superior
de Justicia de Apurímac, de fojas 474, su fecha 10 de noviembre de 2009, que declara
improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que
con fecha 3 de diciembre del 2007, don Ibar Quintana Moscoso interpone demanda
de hábeas corpus contra la titular de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Abancay, doctora Miriam Hurtado Miranda, por haber
presentado en su contra la denuncia penal de fecha 6 de febrero del 2007 (N.º
016-2007) por los delitos contra la Administración
Pública, en su modalidad de Usurpación de Títulos y Honores,
y contra la Fe Pública, en
su modalidad de falsificación de documentos; y contra el titular del Primer
Juzgado Penal de Abancay, doctor Julio Chacón Chávez, por haber expedido el Auto
de Apertura de Instrucción de fecha 5 de marzo del 2007 (Expediente N.º
2007-00110-0-0301-JR-PE-1), por los delitos contra la Administración
Pública, en su modalidad de Usurpación de Títulos y Honores,
y contra la Fe Pública,
en su modalidad de falsificación de documentos y Falsedad Ideológica, a pesar de
que la acción por el primer delito se encuentra prescrita, no se ha determinado
si se trata de documento público o privado y se ha incorporado un delito que no
fue materia de la denuncia penal. Por ello, solicita la nulidad de la denuncia
fiscal y del auto de apertura de instrucción.
2.
Que el Tribunal Constitucional ha sostenido que los
actos del Ministerio Público no inciden, en principio, en el derecho a la
libertad individual de los ciudadanos, toda vez que dicha entidad no se
encuentra investida de la potestad para poder dictar medidas coercitivas como
la comparencia o la detención privativa, las cuales, más bien, son propias de
la actividad jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N° 6167-2005-HC/TC, caso Cantuarias
Salaverry, fundamento 36]; es así que, en reiterada jurisprudencia se ha
señalado que la actividad del Ministerio Público es eminentemente postulatoria,
sin que incida sobre la libertad individual; por lo que en este extremo es de
aplicación el artículo 5º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.
3.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1
del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales de la
libertad (entre los que se encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad
proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior
a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o
disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. En
tal sentido, la procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia
de una afectación o de una amenaza de afectación de la libertad individual o de
algún derecho conexo a ella; por lo que, si luego de presentada la demanda, la
alegada amenaza o vulneración ha cesado, opera la sustracción de materia.
4.
Que
respecto a la imputación del delito de Falsedad Ideológica, se aprecia a fojas
135 de autos la Resolución N.º
26, de fecha 5 de julio del 2007, por la que se rectifica el auto de apertura
de instrucción al señalar que “ (…) se
abre instrucción contra Ibar Quintana Moscoso por [el] delito contra la Fe Pública en la modalidad de
Falsedad Ideológica, debiendo ser lo
correcto [que se] abre instrucción contra Ibar Quintana Moscoso por el
delito contra la
Administración Pública en la modalidad de
Usurpación de Títulos y Honores, y contra la Fe Pública en la modalidad de
Falsificación de Documentos (…)”.
5.
Que,
según se aprecia en el segundo considerando de la Resolución N.º
61, de fecha 31 de marzo del 2008,
a fojas 378, se declaró la nulidad de todo lo actuado en
el proceso penal seguido contra el recurrente (Expediente N.º 2007-00110-0-0301-JR-PE-1),
incluyendo el auto de instrucción cuestionado y se dispuso que el fiscal
especifique la modalidad delictiva respecto del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de
falsificación de documentos, disposición que fue cumplida conforme consta a
fojas 379, procediéndose a dictar un nuevo auto de apertura de instrucción con fecha
18 de abril del 2008, Resolución N.º 62, estableciendo que se abre instrucción
contra el recurrente como “ (…) presunto autor del delito contra la Fe Pública en su modalidad de
falsificación de documento público (Grado Académico de Maestro en Salud
Pública); y por el delito contra la Administración
Pública, en su modalidad de Usurpación de Títulos y Honores
(…)”.
6.
Que,
con fecha 3 de diciembre del 2008, por Resolución N.º 78 se declaró, de oficio,
fundada la excepción de prescripción de la acción penal por la comisión del delito contra la Administración
de Justicia en la modalidad de Usurpación de Títulos y Honores, disponiéndose
el archivo definitivo del proceso en tal extremo. Esta resolución fue declarada
consentida por Resolución N.º 79, de fecha 15 de diciembre del 2008.
7.
Que
respecto de lo señalado
en los considerandos 4, 5 y 6,
ha
cesado la agresión alegada por el recurrente, por lo que se ha producido la
sustracción de la materia en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1.° del
Código Procesal Constitucional; por lo tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo
de la controversia.
Por estas consideraciones, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de
habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA