EXP. N.º
00198-2010-PHC/TC
LAMBAYEQUE
CARMEN LUISA
CIEZA ALVÁN
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Lima,
23 de abril de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por Carmen Luisa Cieza Alván contra la sentencia de la Sala Especializada
en Derecho Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, de fojas 240, su fecha 14 de diciembre de 2009, que
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que
con fecha 9 de octubre de 2009, la recurrente plantea demanda de hábeas corpus
y la dirige en contra de la
Jueza del Cuarto Juzgado Penal Liquidador Transitorio de
Chiclayo, señora María Yolanda Gil Ludeña,
y el Especialista Legal José Luis Torres
Ballena, por violación de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al
debido proceso y de defensa. Sostiene que se ha venido tramitando un
proceso penal en su contra ante el Cuarto Juzgado Penal Liquidador
Transitorio de Chiclayo por la supuesta comisión del delito de desobediencia y
resistencia a la autoridad en agravio del Estado, y refiere que desde el 29 de
febrero del 2008 ha variado su domicilio real, el que se ubica actualmente en
el caserío Miraflores del Distrito La
Esperanza- Provincia de Santa Cruz-Departamento de Cajamarca, de modo que ya no
vive en el conjunto habitacional José Balta Mz.
H-401- de Chiclayo, y que, a pesar de haber comunicado el cambio de su
domicilio, no ha sido notificada de las citaciones ni de las resoluciones
dictadas por la Décima
Fiscalía Penal de Chiclayo.
De otro lado señala también haberse enterado, por
versión de su madre, de una orden de ubicación y detención en su contra, por lo
que, con fecha 14 de septiembre de 2009, presentó un escrito apersonándose,
solicitando se le remita copias certificadas de lo actuado al Ministerio
Público del Distrito Judicial de Lambayeque, denunciando al Fiscal de la Décima Fiscalía
Provincial Penal de Chiclayo por la comisión de los delitos de abuso de
autoridad y prevaricato. Añade que dedujo la excepción de declinatoria de
jurisdicción del Cuarto Juzgado Liquidador Transitorio de Chiclayo, a fin de
que asuma competencia el Juzgado Mixto de Santa Cruz, por tener jurisdicción
sobre el lugar donde tiene su domicilio real, así como la nulidad de todo lo
actuado en el proceso penal, y apelo del auto que la declara reo ausente y
ordena su ubicación y captura, y que dicho escrito a la fecha no ha sido
proveído ni notificado, por lo que se le ha vulnerado sus derechos a la tutela
procesal efectiva, al debido proceso y de defensa.
2. Que de conformidad con lo
establecido en el artículo 200, inciso 1 de la Constitución, el
proceso de hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual
o los derechos constitucionales conexos a ella.
3. Que sobre el hecho de que la accionista no fue válidamente notificada en la etapa de la
investigación preliminar, cabe precisar que el numeral 2 del artículo 94º de la Ley Orgánica del
Ministerio Público señala que: si el fiscal estima procedente la denuncia
puede, alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba
indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor; además, el fiscal
desempeña la función persecutora del delito, y de acuerdo con lo señalado en la Constitución,
artículo 159º, le corresponde ejercitar la acción penal pública, de oficio o a
petición de parte, así como la de emitir dictámenes previos a las resoluciones
judiciales en los casos que la ley contempla; por lo que, bajo tal perspectiva,
se entiende que el fiscal no decide, sino que más bien solicita que el órgano
jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la responsabilidad penal del
acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito con denuncias o
acusaciones, pero no juzga ni dicta sentencias (Cfr.
Exp. N.º 6801-2006-PHC/TC; Exp. N.º
1097-2008-PHC/TC, entre otras); siendo así, la denuncia fiscal no tiene incidencia negativa directa
sobre el derecho a la libertad personal, ni tampoco la cuestionada falta de
notificación.
4. Que es claro que a la
demandante le asiste el derecho de defensa dentro del proceso penal que se le
abrió por el delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, toda vez que,
como lo tiene dicho este Tribunal en la STC N.º 8969-2006-PHC/TC, y N.º 6688-2005-PHC/TC,
el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un proceso judicial
no quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables
directa e inmediatamente al órgano jurisdiccional; siendo esto así, el
pretender que se deje sin efecto una investigación preliminar no constituye, per
se, una medida que vulnere o amenace los derechos conexos a la libertad y a
la defensa de la recurrente, toda vez que podrá ejercerlos en la sustentación
del proceso mismo.
5. Que, por otro
lado, del análisis del caso en concreto, se advierte que los hechos alegados
como lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a
la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto
es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad
individual de la accionante, toda vez que el auto de
apertura de instrucción de fecha 19 de agosto de 2008, obrante a fojas 90, solo
dispone mandato de comparecencia simple en su contra, por lo que la resolución
cuestionada, obrante a fojas 119, al precisar que a la favorecida se
le ha venido citando varias veces para que rinda su declaración instructiva,
sin embargo ha hecho caso omiso a los llamamientos del juzgado, por lo que
resulta pertinente declarar su ausencia;
únicamente señala la situación jurídica de la inculpada por la razón expuesta,
siendo deber del órgano
jurisdiccional efectuar su labor dentro de los plazos legales, pudiendo incluso
hacer uso de apremios coercitivos como conducciones compulsivas o capturas de
acuerdo a la ley penal específica y en su calidad de director de la
instrucción.
6. Que, por consiguiente, dado que la
reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no está referida al contenido
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus,
resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimarse.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda
de hábeas corpus de autos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ