EXP. N.° 00280-2010-PA/TC
LIMA
CÉSAR
OLIVER GAMARRA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 23 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César
Oliver Gamarra contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de Lima, su fecha 22 de
septiembre de 2009, a
fojas 187, que declaró improcedente la
demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que
el 23 de julio de 2008, el accionante plantea demanda contra la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS) y la Administradora Privada
de Fondos de Pensiones (AFP) Profuturo, a fin de lograr la nulidad del contrato
de afiliación.
2.
Que en la STC 1776-2004-AA/TC, este
Colegiado estableció jurisprudencia sobre la posibilidad de retorno parcial de
los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Público de
Pensiones. Por otro lado, el Congreso de la República ha expedido la Ley 28991, Ley de libre
desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen especial
de jubilación anticipada, publicada en el diario oficial El Peruano el
27 de marzo de 2007.
3.
Que sobre el mismo asunto, en
la STC
7281-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional,
ha emitido pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de
desafiliación, incluida, desde luego, la referida a la falta de información y a
la insuficiente o errónea información, y ha establecido dos precedentes
vinculantes, a saber: el primero sobre la información (Cfr. fundamento
27) y el segundo, sobre las pautas a seguir respecto al procedimiento de
desafiliación (Cfr. fundamento 37); además, a través de la Resolución SBS
11718-2008, de diciembre de 2008, se ha
aprobado el “Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo
de desafiliación del SPP por la causal de la falta de información, dispuesta
por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los expedientes N.os
1776-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC”.
4.
Que de otro lado, este
Colegiado ya ha declarado la constitucionalidad la mencionada Ley 28991 (STC
0014-2007-PI/TC). Cabe recordar que en ella se expresa un procedimiento que
debe ser seguido para viabilizar el retorno parcial del Sistema Privado de
Pensiones al Sistema Público de Pensiones.
5.
Que la jurisprudencia
constitucional justamente ha estado en la misma línea, ampliando incluso la
validez del procedimiento para los casos de asimetría informativa (vid.
fundamento 34 de la STC
7281-2006-PA/TC). El respeto de un procedimiento digno y célere a ser seguido
en sede administrativa ha sido una constante para el Tribunal Constitucional,
siempre con el fin de tutelar los derechos fundamentales de las personas, en
este caso, de los pensionistas.
6.
Que únicamente será viable el
proceso de amparo para los casos de impedimento de desafiliación mediante una
actuación arbitraria por parte de la Administración, en este caso, de la SBS, o por parte de la AFP a la cual le corresponda
iniciar el trámite. La persona no está facultada para acudir directamente a la
vía del amparo para lograr la desafiliación, porque la jurisprudencia que este
Colegiado ha emitido sólo se ciñe a exigir el inicio del procedimiento, no a
ordenar la desafiliación.
7.
Que en el caso concreto, la
demanda ha sido interpuesta con posterioridad a la emisión de la ley señalada y
de las SSTC 1776-2004-AA/TC y 7281-2006-PA/TC, por lo que debió observar los
lineamientos en ella expresados, acudiendo al órgano que correspondía a
solicitar la desafiliación y siguiendo el trámite establecido.
8.
Que, sin embargo, el
accionante, que ostenta la calidad de pensionista, plantea nulidad de contrato
de afiliación, la cual es rechazada.
9.
Que por tales
consideraciones, este Colegiado considera que no se han agotado las vías
previas (el trámite de desafiliación, no de nulidad de contrato, se entenderá
como una de ellas) en el presente caso, máxime si la Ley 28991 no admite la
desafiliación de los pensionistas y se procede a declarar improcedente la
demanda por la causal prevista en el artículo 5, inciso 4), del Código Procesal
Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
BEAUMONT
CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI