EXP. N.° 00403-2010-PHC/TC
LIMA
ALFREDO
GUILLERMO
GONZALES SALAZAR
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 24 de
agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo
Guillermo Gonzales Salazar contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal con
Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 339, su fecha 14 de setiembre
de 2009, en el extremo que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO
A
1.
Que el 16 de setiembre de
2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Fiscal de la Cuadragésima
Quinta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, don Humberto Méndez
Saldaña, a fin de que se declare la nulidad
del Dictamen Acusatorio Nº 242-08, expedido por la citada Fiscalía, recaída en
el proceso penal seguido ante el Cuadragésimo Quinto Juzgado Penal de Lima
(Exp. 20670-04), en virtud del cual se formula acusación penal contra el
recurrente y otros por el delito de Sustracción, Ocultamiento Cambio o
Destrucción de Pruebas. Invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la pluralidad de instancias y de defensa en conexidad con la libertad individual.
Refiere que el fiscal
emplazado al emitir el dictamen que cuestiona no ha considerado lo dispuesto
por la Segunda
Fiscalía Superior Penal de Lima en la
Queja Nº 15-05, que declaró nula la
resolución emitida por la Primera
Fiscalía Provincial Penal Descentralizada de Santa Anita, en
la investigación seguida contra el efectivo policial Renzo Enrique Ruiz
Castillo y otros por los delitos de robo y otros en supuesto agravio del
recurrente, materia de investigación en la Denuncia Nº 861-04 seguida ante
la Primera Fiscalía
Provincial Penal Descentralizada de Santa Anita, para que emita resolución
respecto a los delitos denunciados, los que comprenden los mismos hechos y las
mismas personas; tampoco ha considerado lo dispuesto en la
Queja Nº 359-07, respecto a la formalización
de la denuncia penal contra doña Alejandra Rosario Ludeñas Macuri por el delito
de nombramiento y aceptación indebida para cargo público; tampoco consideró la
prescripción de la acción penal declarada por el Primer Juzgado Penal de Lima en
la resolución del 28 de diciembre de 2007, en el proceso penal seguido contra
el efectivo policial Walter Burga Sandoval y otros por el delito de abuso de
autoridad y omisión de acto funcional en agravio del Estado y del recurrente; ni
el Dictamen del Comandante del Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional
del Perú así como lo dispuesto por la fiscal de la Décimo Octava
Fiscalía Provincial Penal de Lima quien en su dictamen acusatorio solicitó al
juez de la causa oficie a la referida Primera Fiscalía para que informe sobre
el estado de la investigación signada como Denuncia Nº 861-04.
2.
Que es preciso tener en cuenta que el dictamen acusatorio
del fiscal de ninguna manera puede considerarse como un hecho que atente de
manera inminente contra la libertad de una persona, ya que es un acto
postulatorio, es decir, no decisorio ni
sancionador, pues no posee facultades coercitivas contra la libertad personal, como lo ha señalado este Tribunal Constitucional en
numerosas sentencias; siendo que el demandante cuestiona el dictamen
acusatorio alegando diversas afectaciones en las que habrían incurrido los
representantes del Ministerio Público (Exp. N.° 6167-2005-HC/TC. Caso: Cantuarias
Salaverry), las que inciden
de manera negativa sobre el derecho a la libertad personal, ni tampoco
constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o
limitación alguna al derecho a la libertad individual.
3.
Que por consiguiente, dado
que las reclamaciones del recurrente (hechos y petitorio) no están referidas al
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas
corpus, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI