EXP. N.° 00431-2007-PA/TC
LIMA
CRISTINA FABIANA
RIVERA CASTILLO
Y OTROS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Huacho), a los 7 días del mes de
diciembre de 2009, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía
Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el
fundamento de voto del magistrado Beaumont Callirgos y los votos singulares de
los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto doña Cristina
Fabiana Rivera Castillo y otros contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo de 2001 los recurrentes interponen demanda
de amparo contra
Manifiestan que son propietarios condóminos de la parcela B-6, ex
fundo San Pedro, del distrito de Lurín, provincia de Lima, y que con fecha 20
de septiembre de 2000 el registrador Jorge Luis Chanamé Zapata anotó en la
partida correspondiente al referido predio la sentencia del 20 de mayo de 1997,
expedida por
Los procuradores del Poder Judicial y del
Ministerio de Justicia solicitan que se declare improcedente la demanda por
considerar que el proceso del que deriva la inscripción es uno regular;
proponen asimismo la excepción de caducidad.
FUNDAMENTOS
Petitorio.
1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso constitucional se dirige a que: a) se deje sin efecto y se cancele el asiento registral signado con el N.º 005, de la ficha correspondiente al predio N.º P03154169 del Registro Predial Urbano de Lima; b) se pague a los demandantes una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de S/. 290,000.00, más los intereses correspondientes; y c) se ordene el pago de costas y costos del proceso. Consideran los recurrentes que el acto de registro cuestionado mediante la presente demanda afecta sus derechos constitucionales de propiedad, a la tutela jurisdiccional, al debido proceso y de defensa.
2.
De
conformidad con el artículo 1º del Código Procesal Constitucional (CPConst.) el
proceso de amparo tiene una naturaleza eminentemente restitutoria o reparadora,
pero no indemnizatoria de la afectación de un derecho constitucional. En
consecuencia, el segundo extremo del petitorio de la demanda debe ser excluido
por improcedente.
Planteamiento del problema.
Hipótesis de “amparo contra amparo” y principio de suplencia de la queja deficiente
3.
En cuanto al
primer extremo del petitorio cabe manifestar que la inscripción registral
cuestionada se ha efectuado en cumplimiento de
4.
Dado que la
inscripción del asiento registral cuestionado se efectúa en cumplimiento de una
resolución judicial (la del 13 de marzo de 2000) queda claro que no constituye
dicha inscripción el acto del cual proviene la afectación de los derechos de
los recurrentes, sino que esta última en rigor provendría de la resolución
judicial que dispone la inscripción registral cuestionada. En consecuencia, a
efectos de proteger los derechos de los recurrentes debe examinarse si la
resolución judicial de
5.
La afectación
de los derechos de los recurrentes ha consistido, según ellos, en que durante
el proceso de amparo promovido por la empresa Negociación Agropecuaria San
Pedro Sociedad de Responsabilidad Limitada contra
6.
Planteadas
las cosas del modo descrito, resulta evidente que nos encontraríamos ante un
típico caso de “amparo contra amparo”, en el que se hace necesario merituar la
constitucionalidad o no del proceso constitucional cuestionado. No obstante y
aun cuando el recurrente no ha solicitado expresamente en el petitorio de la
demanda la nulidad del referido proceso, este Tribunal se considera habilitado
para tal propósito de conformidad con el principio de suplencia de queja
deficiente. Cabe en todo caso precisar que aunque este principio estuvo
enunciado expresamente en el artículo 7º de
7.
Para casos
como el presente este Colegiado, conforme a lo desarrollado en la sentencia
recaída en el Exp. N.º 4853-2004-AA/TC (Caso Dirección Regional de Pesquería de
8. En
el caso que aquí se analiza se reclama por presuntas vulneraciones a los
derechos constitucionales de los recurrentes que se habrían producido durante
la secuela o tramitación de un proceso de amparo seguido ante el Poder
Judicial, y en el que, finalmente, se ha culminado expidiendo una sentencia de carácter
estimatorio que se juzga como ilegítima e inconstitucional. Dentro de tal
perspectiva queda claro que, prima facie,
el reclamo, en la forma planteada, se encuentra dentro de los supuestos a), c)
y d) reconocidos por este Colegiado para la procedencia del consabido régimen
especial.
Plazo de interposición de la
demanda.
9.
En cuanto a
la supuesta extemporaneidad de la demanda debe precisarse que
10.
Como
se dejó establecido, el acto presuntamente lesivo consiste en que se habría
excluido a los recurrentes del proceso de amparo instado por la empresa
Negociación Agropecuaria San Pedro. Al respecto el artículo 37 de
11.
En el
caso se tiene establecido que cuando se realizó el proceso de amparo instado
por la empresa y, en particular, cuando se dictó la sentencia de fecha 20 de mayo de 1997 y el auto de
fecha 13 de marzo de 2000, e incluso cuando se inscribe la sentencia en el
asiento registral, los recurrentes no se encontraban “en la posibilidad de
interponer la acción” de amparo. Esto,
según manifiestan los recurrentes (fojas 191 del cuaderno principal),
“sencillamente porque nunca fue notificada” su parte.
12.
El
hecho de que los recurrentes no conocieran el proceso de amparo instado por la
empresa se explica en el hecho de que no fueron notificados debido a que dicho
proceso se entabló sólo contra el Estado, no contra los recurrentes. Pero, por
otra parte, la empresa Negociación Agropecuaria San Pedro, pese a proponer una excepción sobre este
aspecto, no ha acreditado que los recurrentes hayan tenido conocimiento de la
celebración del proceso de amparo que ella inició, de la sentencia y del auto
antes mencionados y tampoco de la inscripción del asiento registral
cuestionado. La sola alegación de que entre la fecha de la inscripción en el registro de propiedad y la interposición de la demanda ha
transcurrido el plazo de caducidad de la acción, que efectúa la empresa no
enerva ni controvierte el hecho de que los recurrentes no conocían el proceso y
los mencionados actos.
Derecho de defensa
13.
El derecho de
defensa, enunciado en el artículo 139º, inciso 3), de
14.
La
consideración precedente es especialmente vital cuando de amparo contra
resoluciones judiciales se trata. En efecto, allí donde el juzgador
constitucional detecte que lo que eventualmente va a resolverse puede generar
incidencias sobre la esfera de intereses subjetivos de un tercero ajeno a las
partes que participan de dicho proceso constitucional, es su obligación
disponer su comparecencia de conformidad con la previsión contemplada en el
artículo 43º del Código Procesal Constitucional. De este modo no sólo se
garantiza el carácter irrestricto del derecho de defensa sino sobre todo el
carácter justo al que todo proceso, y más aún el de carácter constitucional,
debe aspirar.
15.
De la lectura
de la resolución de fecha 13 de marzo de 2000, que ordenó la inscripción
registral cuestionada, se advierte que en el proceso de amparo promovido por
16.
En la
resolución se afirma que al haber quedado consentida la resolución que declaró
fundada la demanda de amparo de
(…) “inscripción de la sentencia en la partida
matriz de dicho predio (…), habiendo sido observado por el Registrador (…), en
la que se precisa que por Resolución Directoral (…) de 14 de octubre de 1983 se
ha aprobado la parcelación de dicho predio en cuarenta parcelas; que, reiterado
el mandato de inscripción en dichas parcelas (…) el registrador reitera su
observación en el sentido que en las fichas de las parcelas que se ha solicitado
inscripción, no aparece
En la misma resolución se advierte que en el
proceso,
“(…) reiterada la solicitud de inscripción de
la sentencia (…), Sala con distintos magistrados ordenó se cursen partes, sin embargo,
otro Colegiado por Auto de Vista (…) su fecha 5 de marzo de 1999 declara
improcedente dicha solicitud, sustentando su resolución que dichas parcelas son
de terceros registrales no intervinientes en el presente proceso, amparados por
el artículo 2014 del Código Civil” (quinto considerando, fojas 124 del cuaderno
principal).
Lo anterior acredita que existen otras personas
con derechos sobre el predio inscrito.
17. Ahora bien, dado que los recurrentes tenían un
derecho vinculado al bien materia cuya restitución la empresa solicitaba en el
proceso denominado exceso de poder, ellos debieron haber intervenido en el
proceso a efectos de ejercer su derecho de defensa. En tal sentido, la omisión
de su incorporación en dicho proceso ha ocasionado una afectación de su derecho
de defensa, debido a que se ha generado en ellos una situación de indefensión
en aquel proceso.
18. En el presente caso, la reposición de las cosas al
momento anterior a la afectación del derecho de defensa de los recurrentes
exige retrotraer el proceso de amparo (antes denominado exceso de poder) iniciado
por
Cosa juzgada y reparación del
derecho de defensa
19. El hecho de que como consecuencia de la reparación
del derecho de defensa de los recurrentes queden insubsistentes la sentencia
que declaró fundada la demanda de
20.
Ahora bien,
una resolución judicial es válida cuando, entre otras exigencias, proviene de
un proceso en el que se ha observado plenamente el derecho al debido proceso y
aquellos que lo componen, como el caso del derecho de defensa. Dicho en otros
términos, la observancia de estos derechos constituye condición de validez del
propio proceso y de los actos procesales que en él tienen lugar, es decir, es conditio sine quanon de su validez. En
consecuencia, si en un proceso no se ha observado el derecho de defensa o
alguno otro que forma parte o integra el continente llamado debido proceso,
aquél y las resoluciones en él expedidas devienen en actos nulos, en
resoluciones inválidas. Tal situación es la que se ha configurado en el
presente caso habida cuenta que en el proceso de amparo instado por la empresa
se ha afectado el derecho de defensa de los recurrentes, generando que tanto la
sentencia de fecha 20 de mayo de 1997 como también el auto de 13 de marzo de
2000, devengan en inválido por inconstitucionales. Ahora bien, dado que ambos
constituyen resoluciones inválidas, no poseen el carácter de cosa juzgada. En
consecuencia, la declaración de insubsistencia de la sentencia y el auto a
causa de la nulidad del proceso de amparo del que provienen no afecta en
absoluto el principio de cosa juzgada, pues tales resoluciones, al provenir de
un proceso donde se ha afectado el derecho de defensa de los recurrentes, no
tienen el carácter de cosa juzgada.
21. Por otra parte en cuanto al pago de costos y costas
cabe afirmar lo siguiente. El acto lesivo en el presente caso ha sido originado
por magistrados en ejercicio de su función jurisdiccional, de modo que dicho
acto ha de imputarse al Estado. Por tanto, dado que de conformidad con lo
establecido por el artículo 56º del Código Procesal Constitucional el Estado
sólo puede ser condenado al pago de costos, el Poder Judicial deberá proceder
al reembolso por dicho concepto, en el monto que se determine en la instancia
de ejecución.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda en la parte en que se alega vulneración del derecho de defensa de los recurrentes.
2.
Declarar NULAS
3.
Declarar NULO el asiento registral signado con el N.º 005, de la ficha
correspondiente al predio N.º P03154169 del registro predial urbano de Lima,
por la cual se inscribe
4.
Ordenar al Juez competente en
el proceso seguido por la empresa
Negociación Agropecuaria San Pedro Sociedad de Responsabilidad Limitada contra
5. Ordenar al Juez competente en dicho proceso que, cumplido el mandato precedente, pronuncie nueva sentencia.
6. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al petitorio de pago de una indemnización por daños y perjuicios.
7. Ordena al Poder Judicial el pago de costos a los recurrentes, en el monto que se establezca en instancia de ejecución.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA
RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
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LIMA
CRISTINA FABIANA
RIVERA CASTILLO
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
BEAUMONT CALLIRGOS
Si bien
coincido con el sentido del fallo vertido en la sentencia en mayoría, es
necesario que ratifique mi posición
expresada en el voto singular emitido en
SR.
BEAUMONT CALLIRGOS
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CRISTINA FABIANA
RIVERA CASTILLO
Y OTROS
En el caso de autos mi
opinión disiente de la adoptada en mayoría por las siguientes consideraciones:
1. Los recurrentes interponen demanda de amparo
contra
Sostienen que siendo propietarios condóminos de la
parcela B-6, ex fundo San Pedro, del Distrito de Lurín, Provincia de Lima desde
el 20 de setiembre de 2000, se anotó en la partida correspondiente al referido
predio la sentencia de fecha 20 de mayo de 1997, emitida en un proceso de
amparo anterior por
2. El proyecto en mayoría al analizar el contenido de la demanda sostiene que la verdadera pretensión del recurrente está dirigida a cuestionar el pronunciamiento emitido en el proceso de amparo, puesto que los resultados de éste han afectado su derecho propiedad entre otros. Para conducir y expresar la pretensión de la demandante la resolución en mayoría hace uso del denominado principio de “suplencia de queja deficiente”, lo que considero un error. Respecto a ello es preciso señalar que el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala que “El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”, texto referido al apotegma iura novit curia que indica la facultad de todo juez para interpretar con acierto y corrección las omisiones o errores jurídicos de las partes y aplicar el derecho que corresponde al caso concreto, no pudiendo en cambio modificar los hechos que el demandante lleva al proceso y que el juez no conoce y no tiene por qué conocer. La suplencia de queja no se apoya pues en dicho aforismo sino, en todo caso, en los principios referidos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
3. En tal sentido no cabe, en nuestra consideración, la aplicación del denominado principio de suplencia de queja deficiente, puesto que lo que corresponde conforme al principio iura novit curia, era interpretar con acierto la pretensión invocada según los hechos comprobados en el proceso. Es o resulta evidente que el Tribunal Constitucional comete un exceso con la creación de instituciones que finalmente terminan alterando el proceso, lo que podría significar afectación concreta a la razón que lo sitúa en contralor tutelar de los derechos fundamentales de la persona humana.
4. En el presente caso tenemos que la pretensión de los actores está
dirigida a cuestionar el pronunciamiento en un proceso de amparo, es decir se
trataría de un proceso de amparo contra amparo. En efecto realizando el
análisis ponderado de los hechos traídos a este proceso advertimos que en
efecto no se emplazó en ningún estado del proceso anterior a los demandantes
del presente amparo, trayendo ello como consecuencia la total indefinición,
puesto que inobjetablemente les alcanza el interés de ejercer la defensa de su
derecho a la propiedad, vulnerándose a la vez el debido proceso. Es por ello
que el Tribunal no puede permitir dicha vulneración, más aún cuando se había
advertido, pese a la orden de
5. Por ello concuerdo con la sentencia en mayoría en el sentido de que debe estimarse la demanda, pero considerando, a diferencia de la mayoría, que debe declararse la nulidad de todo lo actuado en el proceso de amparo anterior hasta el momento del emplazamiento con la demanda, debiéndose considerar a los demandantes como emplazados en dicho proceso. En tal sentido al haberse incurrido en un vicio insubsanable que afecta los intereses de los demandantes del presente amparo, se debe declarar la nulidad de todo el proceso de amparo conforme lo señalado líneas arriba.
Mi voto en consecuencia es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo por haberse vulnerado el derecho al debido proceso, esencialmente el derecho de defensa de los demandantes, y en consecuencia declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de amparo anterior, hasta el momento del emplazamiento con la demanda a todos los interesados según las razones expuestas precedentemente.
Sr.
VERGARA
GOTELLI
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CRISTINA FABIANA
RIVERA CASTILLO
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
LANDA ARROYO
Con el debido respeto a la opinión de mis
colegas magistrados emito el presente voto singular, por los argumentos que a
continuación expongo:
1.
En
el presente caso, la demanda de amparo tiene por objeto que: (1) se deje sin
efecto y se cancele el asiento registral signado con el Nº 005, de la ficha
correspondiente al predio Nº P03154169 del Registro Predial Urbano de Lima, (2)
se disponga el pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la
suma de S/. 290,000.00, más los intereses correspondientes, y que (3) se ordene
el pago de costas y costos del proceso.
2.
Planteado
así el petitorio de la demanda no es difícil concluir que la misma se encuentra
claramente inmersa dentro de la causal de improcedencia a que se refiere el
artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional, cuando señala que no
proceden los procesos constitucionales cuando “[l]os hechos y el petitorio de
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente
protegido del derecho invocado”. Motivo por el cual la demanda debe ser
desestimada por improcedente. Sin embargo, la mayoría omite realizar el
análisis de procedencia de la demanda que es exigible como paso previo a
cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
3.
Asimismo,
el suscrito considera que el Tribunal Constitucional debe ser prudente al
momento de determinar el fallo de un proceso constitucional; de modo tal que la
reparación de un derecho fundamental afectado no suponga sustituirse a las
competencias o atribuciones de otras instituciones o entidades públicas. Es
pertinente decir esto por cuanto en el fallo de la sentencia de mayoría se
decide “declarar la nulidad Nº 005, de la ficha correspondiente al predio Nº
P03154169 del Registro Predial Urbano de Lima”; lo cual, desde mi punto de
vista, no se condice ni con la naturaleza de las funciones de este Tribunal ni
con la función y significado del proceso constitucional de amparo.
4.
Por
estas consideraciones mi voto es porque se declare la improcedencia de la
demanda, de conformidad con el artículo 5º inciso 1 del Código Procesal
Constitucional.
Sr.
LANDA
ARROYO