EXP. N.° 00488-2010-PA/TC
LIMA
ALAIN MICHEL
LALONDE
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 5 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Alain Michel Lalonde contra la resolución
expedida por la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 77 que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que el recurrente
presenta demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Pucusana
con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía
N. º 052-09-AL/MDP, que declara la nulidad de la licencia de obra para
ampliación y remodelación de su vivienda multifamiliar ubicada en el Malecón
San Martín N.º 109, acusando violación de sus derechos
a la inversión privada y extranjera y a contratar libremente, recogidos por la Constitución de 1993.
2.
Que el demandante
manifiesta ser ciudadano extranjero y que contaba con licencia, otorgada
mediante la resolución respectiva, para ampliar y remodelar su inmueble en Pucusana, en el marco de su derecho a invertir en nuestro
país, y que, intempestivamente, la entidad demandada declaró nula dicha
resolución. Señala haber sido amenazado por un supuesto vecino y que los
funcionarios de las Gerencias de Desarrollo Urbano y Legal de la
Municipalidad han faltado a la verdad al aseverar las afirmaciones
especificadas en la resolución y relativas a su licitud de su patrimonio, lo
que trajo como consecuencia la imposición de la desproporcionada sanción.
3.
Que el Séptimo
Juzgado Constitucional declaró improcedente la demanda, por considerar
aplicable el artículo 5.2. del Código Procesal
Constitucional. Por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirmó la apelada, en aplicación de lo incisos 2 y 4 del
artículo 5º del Código Procesal Constitucional.
4.
Que conforme lo
dispone el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando “Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias,
para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, (…)”. En la STC N.º 4196-2004-AA/TC,
este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso
de amparo “(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que
tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro
de la calificación de fundamentales por la Constitución Política
del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática
propuesta por el demandante, ésta no es la excepcional del amparo que, como se
dijo, constituye un mecanismo extraordinario”.
5.
Que, de otro lado, la STC N.º 0206-2005-PA/TC,
este Colegiado ha establecido que “(...) sólo en los casos en que tales vías
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del
derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales
que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a
la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la
prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el
proceso judicial ordinario de que se trate”. En consecuencia, si el demandante
dispone de un proceso cuya finalidad también es la de proteger el derecho
constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso.
6.
Que en el caso
concreto fluye de autos que el acto administrativo cuestionado es una
resolución de nulidad de licencia de ampliación y remodelación de obra, emitida
por la Municipalidad
de Pucusana de acuerdo a las facultades otorgadas por
la Constitución
a los gobiernos locales, cuestión que puede ser discutida a través del proceso
contencioso-administrativo establecido en la Ley N. º 27584. El referido procedimiento
constituye una “vía procedimental específica” y, a la
vez, una vía “igualmente satisfactoria” como el “mecanismo extraordinario” del
amparo. Consecuentemente, la presente controversia debe ser dilucidada en dicho
proceso y no a través del proceso de amparo; tanto más cuando de autos se
advierte que la litis plantea aspectos que requieren ser discutidos en
un proceso provisto de etapa probatoria.
7.
Que en ese sentido
el artículo 9º del Código Procesal Constitucional dispone que en los procesos
constitucionales no existe etapa probatoria y sólo son procedentes los
medios probatorios que no requieren actuación. Al respecto, de autos se puede
observar que el de autos es un típico caso en el que la discusión se torna
netamente probatoria, ya que, por un lado, el demandante asevera hechos que son
contradichos por el demandando y que requieren de pruebas no solamente
documentales, sino también periciales e inspecciones que permitirán causar
convicción en el juzgador para evaluar situaciones como “la altura de la
edificación”, “planos topográficos”, “veracidad de los sellos”, etc.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda, por aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ