EXP. N.° 00545-2010-PC/TC

PIURA

JORGE RAÚL

ARMIJOS DELGADO

               

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 10 de agosto de 2010

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Raúl Armijos Delgado contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas215, su fecha 5 de noviembre del 2009, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.    Que la parte demandante pretende que se dé cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N.º 547-2006/GOB.REG.PIURA-PR, del 13 de julio del 2006, y a la Resolución Directoral N.º 169-2008-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-DR, del 4 de setiembre del 2008; y que, por consiguiente, se le otorgue el beneficio de la canasta de alimentos, en los mismos términos y condiciones que se señalan en la Resolución Presidencial N.º 115-99/CTAR PIURA-R, del 10 de marzo de 1999. La Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura manifiesta que el mencionado beneficio no alcanza a los trabajadores de las Direcciones Regionales, condición que tiene la recurrente, debido a que estos, cuando se conformaron los Gobiernos Regionales, estuvieron normados en cuanto a sus remuneraciones y beneficios del Cafae de acuerdo con las normas de los diferentes Ministerios de los que formaban parte; que las resoluciones materia de cumplimiento no son actos definitivos ni firmes, dado que se requiere de la autorización y aprobación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y que la Resolución Directoral N.º 169-2008-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-DR ha sido dictada contraviniendo normas presupuestarias.

 

2.    Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible mediante el presente proceso constitucional.

 

3.    Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para resolver mediante un proceso que carece de estación probatoria, es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 

4.    Que en el presente caso, el mandato cuyo cumplimiento se requiere está sujeto a controversia compleja e interpretaciones dispares.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI