EXP. N.º 00557-2008-PA/TC
LIMA
FIDEICOMISO DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS
Y PASIVOS DE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli, Calle Hayen y Urviola Hani, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por Fidecomiso de Gestión y Administración de los
Activos Pasivos de
ANTECEDENTES
Con fecha 16 de marzo de 2007 la
recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de
Sostiene que ella asumió la
titularidad de la administración y gestión de los activos y pasivos de
Agroindustrial Cayalti S.A.A.,
que es una empresa creada al amparo del Decreto Legislativo N.º
802 y como tal beneficiaria de
El demandado Juan Ismael Rodríguez Riojas contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente de conformidad con el numeral 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional ya que la recurrente hizo uso de las vías paralelas al solicitar la suspensión de la medida cautelar y al declararse fundada la misma; advirtiendo además que no existe vulneración de derecho constitucional.
La demandada Lucía Deza Sanchez contesta la demanda solicitando que la misma sea declara infundada argumentado que la recurrente busca burlar los derechos laborales de su ex trabajador y no pagar los beneficios sociales que el órgano jurisdiccional ha ordenado hace más de ocho años.
El Procurador Público a cargo de los asuntos del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente por no haberse acreditado con medios probatorios suficientes las afirmaciones vertidas en cuanto la vulneración de los derechos constitucionales de la recurrente.
El demandado Virgilio Villegas Guevara contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente y/o infundada argumentando que la recurrente no se encuentra incursa en lo que dispone el Decreto Legislativo N.º 802.
A su turno
FUNDAMENTOS
§ Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la demanda
es que se declare inaplicable
o se deje sin efecto la resolución Nº 50, de fecha 26 de enero de 2007, expedida
por el juez -en cumplimiento del mandato de
§ Análisis de la controversia
2. Sobre la constitucionalidad del régimen de protección patrimonial a favor de las empresas azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, y que se encuentra conformado por las Leyes N.os 28027, 28288, 28448, 28662 y 28855, este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.° 00579-2008-PA/TC ha precisado que la aplicación de las leyes referidas por parte del Poder Judicial no es inconstitucional, toda vez que las medidas establecidas en ellas buscan proteger fines constitucionalmente relevantes.
Ello debido a que las medidas previstas en las leyes referidas tienen como objetivos el desarrollo de la industria agraria azucarera, la promoción del empleo y la disminución de la pobreza. Por dicha razón, y luego de aplicar el test de proporcionalidad, este Tribunal en la sentencia mencionada, concluyó que las medidas previstas en las leyes referidas eran constitucionales, debido a que son:
a. Idóneas para reactivar la economía de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, pues tal medida evita que los acreedores de las mismas se hagan cobro de sus acreencias con los escasos recursos que cuentan las referidas empresas.
b. Necesarias para alcanzar los objetivos a tutelar (desarrollo de la industria agraria azucarera, promoción del empleo y disminución de la pobreza), pues no existen otras medidas alternativas igualmente eficaces o que sean menos gravosas para proteger los mismos fines con la misma intensidad que la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares.
c. Restricciones legítimas al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, toda vez que la postergación en el tiempo de la ejecución de una sentencia firme, constituye una intervención de intensidad leve, en la medida que solo se trata de una suspensión, que no elimina ni desvanece el derecho que tienen los acreedores de las empresas azucareras a ver satisfechas sus acreencias.
3. Pues bien, teniendo presente que las decisiones contenidas en las resoluciones judiciales cuestionadas se han fundamentado en contraverción las Leyes N.os 28027 y 28662, este Tribunal considera que dichos actos han vulnerado el derecho al debido proceso de la demandante, toda vez que la constitucionalidad de la ley mencionada ha sido confirmada en las sentencias recaídas en los expedientes N.os 00579-2008-PA/TC y 00542-2009-PA/TC, razón por la cual debe estimarse la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia NULA la resolución N.º 50, de fecha 26 de febrero de 2007, que ordena trabar embargo en forma de retención por la suma de S/. 83,644.78 nuevos soles en la cuenta de ahorro de la empresa demandante.
2. Ordena al juez la suspensión de la ejecución de la medida cautelar conforme a las Leyes N.os 28027 y 28662 y los fundamentos de la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
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Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes:
1.
En el presente caso
la entidad recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes
de
La entidad recurrente señala que
asumió la titularidad de la administración y gestión de los activos y pasivos
de Agroindustrial CAYALTI S.A.A., que es una empresa
creada de conformidad con el Decreto Legislativo N°
802 y como tal beneficiaria de
2.
En el presente caso
es necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de legitimidad
para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles) para
demandar en el proceso constitucional de amparo. Es así que en este caso se advierte que existe una demanda de
amparo propuesta por una persona jurídica que administra los bienes de otra
persona juridica, habiendo en reiteradas
oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas
para interponer demanda de amparo con las que pretenden incrementar sus
ganancias convirtiendo a este Tribunal en una instancia extraordinaria capaz de
revertir lo decidido por la judicatura ordinaria.
3.
En la resolución
puesta a mi vista se declara fundada la demanda declarando la nulidad de
4.
En el presente caso
encontramos a la empresa recurrente que pretende por medio del proceso de
amparo que se le apliquen los beneficios que otorga
5.
A pesar de lo
expuesto en este caso considero que es necesario realizar un pronunciamiento de
fondo, en atención a que existe un tema de interés general, puesto que
6.
En el
presente caso es necesario analizar si se puede excluir a la empresa demandante
del beneficio tributario de Capitalización de
7.
En tal sentido es
necesario señalar que en la causa N°
00579-2008-PA/TC, en la que se cuestionó la aplicación de
8.
Por tanto la
solicitud de la empresa demandante respecto a la aplicación de los beneficios
que otorga la ley en mención debe ser desestimada, puesto que si bien considero
que por
Por lo expuesto mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo.
Sr.
VERGARA GOTELLI
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN
Con el debido respeto que me merecen la opinión de mis distinguidos colegas, no encontrándome conforme con el voto en mayoría, procedo a emitir el presente voto singular:
1. Que conforme es de verse del recurso de agravio corriente a fojas 45 y siguientes, esta ha sido interpuesto contra la resolución de fecha 08 de noviembre del 2007 (fj.38 a 44), que confirmando la sentencia de primera instancia declara infundado el proceso constitucional.
2.
Que del escrito de
demanda corriente a fojas 131, la pretensión de la actora está dirigida a
que se declare inaplicable la resolución 50 de fecha 26 de enero
del 2007, mediante el cual se resolvió ordenar medida de ejecución en forma de
retención contra
3. A fojas 158, corre el escrito presentado por la recurrente, recepcionado con fecha 16 de marzo por la mesa de partes de los Juzgados de Trabajo, solicitando la suspensión inmediata de la medida cautelar ordenada por el despacho mediante resolución Nº 50 de fecha 26 de enero del 2007, solicitud que dio mérito a la expedición de la resolución Nº 51 de fecha 19 de marzo de 2007, mediante la cual se corre traslado a la parte demandante (fj.163).
4. Que, mediante resolución Nº 52 de fecha 26 de marzo del 2007, la judicatura de primera instancia resolvió declarar Fundada la solicitud de suspensión de medida cautelar ordenada a través de la resolución Nº 50, materia de cuestionamiento, suspendiéndose la ejecución forzada.
5. Que sin embargo de la demanda de amparo que corre a fojas 215, se puede advertir que la recurrente en la misma fecha que presentara la solicitud la suspensión, interpuso la presente acción constitucional contra la resolución Nº 50 de fecha 26 de enero del 2006, resolución que además de no tener la calidad de firme, ha sido materia de conocimiento por las instancias superiores debido al recurso impugnatorio que interpusiera la accionante, vía procedimental específica para la protección del derecho constitucional amenazado, obteniendo resolución estimatoria.
Por las consideraciones expuestas, habiendo el recurrente recurrido a las vías procedimentales específicas para la protección de su derecho, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.2, consecuentemente IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Sr.
CALLE HAYEN
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
URVIOLA HANI
Con el debido respeto por mis colegas magistrados emito el presente voto singular, por los argumentos siguientes:
Antecedentes
1.
Con fecha 16 de
marzo del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales
integrantes de
2. El demandado Juan Ismael Rodríguez Riojas contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente de conformidad con el numeral 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, ya que el recurrente hizo uso de las vías paralelas al solicitar la suspensión de la medida cautelar y al declararse fundada la misma; advirtiendo además que no existe vulneración de derecho constitucional alguno de la recurrente. La demandada Lucía Deza Sanchez contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada expresando que la recurrente busca burlar los derechos laborales de su ex trabajador y no pagar los beneficios sociales que el órgano jurisdiccional ha ordenado hace más de ocho años.
3. El Procurador Público a cargo de los asuntos del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente por no haberse acreditado con medios probatorios suficientes las afirmaciones vertidas en cuanto la vulneración de los derechos constitucionales de la recurrente. El demandado Virgilio Villegas Guevara contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente y/o infundada argumentando que la recurrente no se encuentra comprendida en lo que dispone el Decreto Legislativo Nº 802.
4.
Determinación
del petitorio
5.
El objeto de la demanda
es que se declare inaplicable
o se deje sin efecto la resolución Nº 50 de fecha 26 de enero del 2007 expedida
por el juez -en cumplimiento del mandato de
El pronunciamiento del Tribunal
Constitucional emitido en caso similar al de autos
6. Sobre el particular, este Supremo Colegiado en sentencia recaída en el Expediente Nº 579-2008-PA/TC, caso César Augusto Becerra Leyva, en el que se abordó el análisis acerca del régimen de protección patrimonial de las Empresas Azucareras previstas por las Leyes 28027, 28448, 28662 y 28885, señaló que “el régimen de protección patrimonial previsto en el artículo 4° de la mencionada Ley (28027), tiene por objetivo propiciar el desarrollo de la industria azucarera nacional, promover la inversión privada en este sector y, consecuentemente, la generación de empleo y disminución de la pobreza en la zona norte del país. Tales objetivos se conectan automáticamente con la dimensión social que tiene esta actividad económica en la zona norte del país, la que permite el sustento de miles de familias (…)” (fundamento 22). Asimismo, argumentó que “(…) los objetivos del legislador al promover la ley Nº 28027 que se proyectan al desarrollo de la industria agraria azucarera, la promoción del empleo y la disminución de pobreza, constituyen fines constitucionalmente legítimos y que por tanto constituyen razones atendibles que autorizan su actuación” (fundamento 24). Concluyendo al final que “en la medida que la ley que suspendió la ejecución de la sentencia favorable al recurrente ha sido dictada en atención a fines constitucionalmente relevantes, este Colegiado debe concluir que su aplicación al caso concreto por parte de las instancias judiciales no puede ser considerada violatorio de los derechos que alega el recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse” (fundamento 37).
La temporalidad del régimen de protección
patrimonial de las empresas azucareras
7. No obstante ello, este mismo Tribunal Constitucional en el Expediente antes glosado también dejó establecido el carácter temporal del régimen de protección patrimonial de las Empresas Azucareras, al señalar que “que las medidas de prórroga no son medidas eficaces para lograr la finalidad que pretende el legislador, esto es, el reflotamiento y reactivación de las referidas empresas agroindustriales. En otros términos, una nueva prorroga en los mismos términos y respecto de los mismos supuestos que acompañan a este caso, resultaría nulo ab initio por ser entonces una medida absolutamente innecesaria por inútil y significaría una intolerable postergación de los efectos de una sentencia que ya no tendría justificación alguna para no ser cumplida” (fundamento 29).
8. Según lo expuesto, cabe entonces realizar el análisis de la temporalidad -prórroga normativa- del régimen de protección patrimonial de las Empresas Azucareras, a efecto de establecer si dicha Ley Nº 28027 y sus sucesivas prórrogas normativas resultan constitucionalmente válidas y por ende no infringen ni vulneran los derechos fundamentales de la personas. Así tenemos que:
a. De conformidad con el artículo 4º de
b. De conformidad con el artículo 2º de
c. De conformidad con el artículo 1º de
d. De conformidad con el artículo 1º de
e. De conformidad con el artículo 1º de
f.
De conformidad con el
artículo 1º de
9.
De esta manera, se
comprueba que luego del pronunciamiento emitido por este Tribunal
Constitucional durante la vigencia de
10. En tal sentido, la presente demanda deberá ser desestimada, debiendo este Tribunal Constitucional confirmar la constitucionalidad de la resolución cuestionada, destacando su situación de arreglada a derecho, otorgándole -a su vez- plena vigencia a lo que se ha ordenado en ella (medida cautelar de embargo en forma de retención hasta por la suma de S/. 83,644.78 nuevos soles), en escrupulosa observancia del derecho a la ejecución de lo decidido, en cuanto manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva.
En consecuencia, mi voto es porque, revocándose las resoluciones de fechas 21 de junio del 2007 y 8 de noviembre del 2007, se declare INFUNDADA la demanda de amparo de autos.
Sr.
URVIOLA HANI