EXP. N.° 00841-2010-PA/TC
LIMA
JULIO BLANCO SÁEZ
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 9 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Julio Blanco Sáez contra la resolución de
fecha 2 de setiembre del 2009, fojas 65 del cuaderno
de apelación, expedida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 25 de
marzo del 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez a
cargo del Segundo Juzgado Civil de Huancayo, señor William Cisneros Hoyos; los
vocales integrantes de a Segunda Sala Mixta de Junín, señores Cisneros
Altamirano, Inga Michue y Morante Alvarado,
solicitando que se declare la nulidad de: i) la resolución de fecha 22 de
agosto del 2008, expedida por el Juzgado que desestimó su observación
formulada; y ii) la resolución de fecha 22 de enero
del 2008, expedida por la Sala
que confirmó la desestimación de la observación formulada. Sostiene que fue
vencedor en el proceso de amparo seguido en contra de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), proceso en el cual se ordenó la
inaplicabilidad de la
Resolución Nº 080-DDPOP-GDJ-IPSS-92, y que la ONP cumpla con emitir nueva
resolución otorgándole la pensión de jubilación minera conforme a la Ley Nº 25009, el D.S. Nº 029-89-TR, y el D.L. Nº
19990, más devengados; orden que ha sido desconocida por la ONP al emitir la Resolución Nº
010701-2005-ONP/DC/DL 19990, pues en su artículo 1º reprodujo la misma pensión
inicial ilegal que fue cuestionada a través de la demanda de amparo, motivo por
el cual presentó observación a la citada Resolución, siendo desestimado su pedido,
entendiendo que ello vulnera su derecho a la inmutabilidad de la cosa juzgada.
2.
Que con resolución
de fecha 30 de marzo del 2009, la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de
Justicia de Junín declara improcedente la demanda por considerar que no se ha
vulnerado los derechos invocados por el recurrente. A su turno, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República
confirma la apelada por considerar que las resoluciones cuestionadas se han
expedido al interior de un proceso regular, no constituyendo las denuncias del
actor parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
pensión.
3. Que
de acuerdo a lo señalado en el Expediente N.º 4853-2004-AA/TC y bajo el marco
de lo establecido por el Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo
contra amparo procede cuando: a) la vulneración constitucional resulte
evidente o manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y
única oportunidad; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones
judiciales estimatorias como contra las desestimatorias;
d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos
constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e)
procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal
Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros que no han
participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido
vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no
pudo acceder al agravio constitucional; g) si es pertinente como
mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el
Tribunal Constitucional (STC N.º 03908-2007-PA/TC, fundamento 8); y h) no procede en
contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional.
4.
Que aun cuando las
citadas reglas del amparo contra amparo han sido configuradas bajo la lógica de
que lo que se cuestiona en sede constitucional es una sentencia emitida en un
anterior proceso constitucional, nada impide invocarlas cuando, como ocurre en
el caso de autos, el proceso se tornaría inconstitucional en cualquiera de sus
otras fases o etapas, incluso en la de ejecución de sentencia (STC Nº 04063-2007-PA/TC,
fundamento 3).
5.
Que sobre el
particular, del expediente de autos a fojas 29 del primer cuaderno, se aprecia
que la Segunda Sala
Mixta de Junín con sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada dispuso “que
la ONP cumpla con
emitir nueva resolución otorgándole al actor la pensión de jubilación conforme
lo disponen la Ley Nº
25009, el D.S. Nº 029-89-TR, en concordancia con el
D. L. Nº 19990, más los devengados”. Asimismo, a fojas 19, del primer
cuaderno, obra la
Resolución Nº 010701-2005-ONP/DC/DL 19990, en la cual
se resuelve “otorgar por mandato judicial pensión de jubilación dentro de
los alcances del Decreto Ley Nº 19990 a don Julio Blanco Sáez, por la
suma de S/. 140.38 Nuevos Soles (…), la misma que incluyendo los incrementos de
ley se encuentra actualizada a la fecha de expedición de la presente resolución
a la suma de S/. 577.60 Nuevos Soles (…)” De esta manera se aprecia que
dicha resolución administrativa cumpliría con lo ordenado en la sentencia de
vista. Por consiguiente, este Supremo Colegiado considera que al tratarse en
realidad la discusión sobre asuntos relacionados con la constitución de
derechos pensionarios y con atribuciones interpretativas (Ley 25009 y D.L. 19990) no corresponde su dilucidación por la vía del
amparo, a menos que pueda constatarse un proceder manifiestamente irrazonable,
que no es el caso. En tales circunstancias, resulta de aplicación al caso de
autos el artículo 5.º, inciso 6 del, Código Procesal
Constitucional, debiendo desestimarse la demanda de amparo por improcedente.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE, con el fundamento de
voto del magistrado Beaumont Callirgos,
que se agrega
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
URVIOLA
HANI
EXP. N.° 00841-2010-PA/TC
LIMA
JULIO BLANCO SÁEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
BEAUMONT CALLIRGOS
Si bien coincido con el sentido del
fallo vertido en la resolución, es necesario que ratifique
mi posición expresada en el
voto singular emitido en la STC 03908-2007-PA/Ir, en relación a lo expuesto por mis colegas
en el considerando 3, respecto
a la procedencia del
régimen especial del amparo contra amparo.
El suscrito en la
STC 03908-2007-AA/TC ha emitido un voto singular, en el cual se concluyó que el cambio del fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC -que establecía que el recurso de agravio constitucional era el mecanismo más efectivo para
el control de las decisiones
estimatorias de segundo grado dictadas en desacato directo a un precedente constitucional vinculante expresado en los términos del artículo VII del Código Procesal Constitucional-, deviene
en inconstitucional; en consecuencia,
dicho precedente vinculante debe seguir aplicándose al permanecer plenamente vigente.
La sentencia en mayoría sostiene que el inicio de un nuevo
proceso constitucional, es la única vía
posible para el control constitucional de las decisiones estimatorias de segundo grado que
desconozcan los propios precedentes del Tribunal
Constitucional, y ya no así
el recurso de agravio constitucional. Posición que no comparto, ya que corno
reitero, el recurso de agravio constitucional es el medio procesal
más eficaz e idóneo para el control de las decisiones estimatorias de segundo grado dictadas en desacato directo a un precedente constitucional
vinculante.
SR.
BEAUMONT CALLIRGOS