EXP. N.° 01008-2010-PHC/TC
LIMA
EFRAÍN SALAZAR GAYOSO
EN FAVOR DE
LUIS SANTIAGO
SALAZAR HINOSTROZA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Lima, 22 de julio de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Efraín Salazar Gayoso
a favor de don Luis Santiago Salazar Hinostroza
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con
Reos en Cárcel de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 671, su fecha 15
de enero de 2010, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que el 31 de julio
de 2009, don Efraín Salazar Ganoso a favor de don Luis
Santiago Salazar Hinostroza interpone demanda de hábeas corpus y la dirige
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Luquidadora
de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad,
don Carlos Eduardo Tenorio Ortiz, Víctor Castillo Córdova y contra los vocales
integrantes de la Primera
Sala Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República
don Duberli Apolinar
Rodríguez Tineo, doña Elvia
Barrios Alvarado, don Julio Enrique Biaggi Gómez, don
Roberto Barandiaran Dempwolf
y don José Antonio Neyra Flores, solicitando se
declare la nulidad de la sentencia condenatoria expedida con fecha 3 de julio
de 2008 y de la
Ejecutoria Suprema expedida el 8 de abril de 2009, en el
proceso penal seguido por delito de violación de la libertad sexual, invocando
la vulneración a su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, que
comprende al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a la
motivación de las resoluciones judiciales, a los principios de presunción de
inocencia e indubio pro reo.
2.
Que refiere que se
ha expedido sentencia por la que se le impuso una condena de 15 años de
pena privativa de la libertad efectiva por el citado delito en agravio de la
menor de iniciales I.D.B.S., “pese a no existir
medios probatorios que su acrediten comisión, porque los diversos considerandos de la sentencia se fundamentan en una
argumentación falaz y su motivación es arbitraria, ya que es falso que haya
tapado la boca de la menor agraviada para que no grite y pueda violarla,
conforme se demuestra de las declaraciones de la menor, su señora madre y hermano,
que el recurrente que se encontraba totalmente ebrio se quedó dormido a las
3:30 de la madrugada, que el informe médico Nº 2666, concluye que la
menor no presentaba himen con desgarro alguno, que el orificio del himen medía 12 milímetros y que
no presenta himen complaciente, que el bello (sic) púbico
encontrado en el lugar de los hechos no necesariamente es del recurrente;
tampoco se encontraron muestras de sangre y hematíes, que ni siquiera existen
indicios respecto a la imputación, que en el extremo donde se resolvieron las
tachas, se encuentra inmotivado, pues se concreta a declararlas infundadas, que
no se ha considerado la pericia sicológica de parte y otros medios probatorios
que demuestran que el actor es un teniente de la Policía Nacional
del Perú y que para ingresar a la escuela de oficiales de la referida
institución, los postulantes son sometidos a un examen sicológico
y siquiátrico, que se le ha reconocido su actividad
en bien de la sociedad, que ha ingresado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Trujillo; sin embargo, en mérito a una pericia sicológica y siquiátrica, lo
califican con una personalidad disociable, lo cual no es cierto”.
3.
Que asimismo,
“existe una narración parcializada tomándose en consideración el Informe Social
y el Informe Sicológico del Mindes,
no obstante a que ésta institución presta asesoría legal a la agraviada, siendo
que ésta última ha formado su personalidad en un hogar conflictivo, que las
declaraciones de la menor no sólo no son coherentes, ni sólidas, sino
contradictorias y evasivas y que carecen de de corroboraciones, que la pericia
practicada al recurrente, arrojaba 2.9 g/I en la sangre; empero, en la
sentencia se expresa que se encontraba en estado de ebriedad, presentado 1.40
grados de alcohol en la sangre”.
4.
Que respecto a la Ejecutoria Suprema,
“los jueces supremos han actuado sin imparcialidad, al limitar su defensa por
no valorar sus medios probatorios; además, su motivación es arbitraria, por haberse
cambiado el contenido de las pruebas presentadas por el demandante, que
recurren a premisas falsas, tales como que primer certificado médico legal es
respaldado con la pericia biológica forense Nº 195/05, que concluye que en los
restos del papel higiénico color verde se encontró restos de sangre humana
grupo sanguíneo “O” resultado que guarda concordancia con el informe Nº
034-05-GR-LL-GRDP-DRSP, que establece que la agraviada tiene el grupo sanguíneo
Factor RH es “O” positivo, no obstante dicho factor puede ser positivo o
negativo; además el grupo sanguíneo no demuestra que la sangre es de
determinada persona, como si lo puede determinar una prueba de ADN, que la
pericia sicológica Nº 004265-2005-PSC, indica que la agraviada presenta
síndrome ansioso tipo agudo compatible con estrés de tipo sexual, con la que se
acredita el ilícito imputado, empero, es una evidente orientación de la pericia
al delito, que no se ha compulsado con los medios probatorios de descargo, que
las lesiones traumáticas de tipo contuso que presenta la agraviada, no son las
lesiones típicas del delito de violación sexual, entre otras alegaciones”.
5.
Que la Constitución
establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que el proceso de
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad
individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el artículo 25º del Código
Procesal Constitucional señala que procede el hábeas
corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los derechos que, enunciativamente, conforman el derecho a la libertad
individual. Sin embargo, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como
tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los
derechos tutelados por el hábeas corpus.
6.
Que lo que en puridad pretende el accionante es que la justicia constitucional se arrogue las facultades reservadas
al juez ordinario y que, cual suprainstancia, proceda
al reexamen de la
sentencia condenatoria del 3 de julio de 2008 (f. 264/281) y de la ejecutoria
suprema del 8 de abril de 2009 (f. 283/287), que declaró no haber nulidad de la
sentencia emitida por la sala superior, pero que que
si declaró haber nulidad de la citada sentencia, y reformó la pena impuesta al
recurrente a 10 años de pena privativa de la libertad; además pretende se proceda al reexamen o revaloración de medios
probatorios.
7.
Que por ello, el
Tribunal Constitucional ha señalado que aquellas demandas de hábeas corpus en
las que se pretenda un reexamen de lo probado en el
proceso penal, argumentándose que no se habría efectuado una debida valoración
de los elementos de prueba o se esgriman argumentos de no responsabilidad
penal, deben ser declaradas improcedentes en aplicación del artículo 5º, inciso
1) del Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA