EXP. N.º 01096-2007-PA/TC
LIMA
HILMER MASLUCÁN
VARGAS
RAZÓN DE RELATORÍA
En el caso de autos, con el voto dirimente del
magistrado Beaumont Callirgos,
los votos emitidos en el sentido de declarar FUNDADA la demanda han
alcanzado la mayoría suficiente. Así, los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, pese a
tener sustentación diferente, concuerdan en el sentido del Fallo y alcanzan la
mayoría suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 11º -primer
párrafo- del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los
13 días del mes de mayo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente
sentencia, con los votos en mayoría de los magistrados Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que se
agregan; el voto en discordia del magistrado Álvarez Miranda, que se acompaña;
y el voto dirimente del magistrado Beaumont Callirgos, que también se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilmer
Maslucán Vargas contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 642, su fecha 11 de octubre de 2006, que declaró infundada la
demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de
diciembre de 2003 el recurrente, en cumplimiento de la resolución del Primer
Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho de fojas 257,
su fecha 10 de octubre de 2003, emitida en virtud de la resolución del Tribunal
Constitucional de fojas 248, adecua su demanda de hábeas corpus a la de un
proceso de amparo constitucional, solicitando ser repuesto como estudiante del
V ciclo de la Facultad
de Derecho del Centro Académico de San Juan de Lurigancho
de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote (actualmente Universidad de Chimbote). Sostiene que con
fecha 13 de febrero de 2002 fue impedido de ingresar al centro universitario;
que reclamó ante las autoridades por este hecho, siendo atendido por el
subdirector del centro académico, quien le manifestó que por orden superior se
encontraba expulsado y “separado definitivamente” de la universidad; y que se
han vulnerado sus derechos constitucionales a la educación, a escoger el tipo y
centro de educación, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, entre
otros.
El Director General del Centro
Académico de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, sede San Juan de Lurigancho, propone las excepciones de falta de legitimidad
para obrar del demandante, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y de caducidad; y contesta la demanda solicitando que sea declarada
improcedente. Señala que el recurrente no ha sido en ningún momento estudiante
regular de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, y que no tiene sustento
ni asidero legal su pretensión de ser repuesto en la referida casa de estudios,
a la que nunca perteneció como estudiante regular.
El Tercer Juzgado Mixto de San
Juan de Lurigancho, con fecha 22 de junio de 2005,
desestimó las excepciones propuestas y declaró infundada la demanda, por
considerar que el recurrente no ha probado su calidad de estudiante regular,
por lo que es necesaria la actuación de medios probatorios en una vía procesal
adecuada, dado que el proceso de amparo resulta insuficiente.
La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirmó la apelada, por considerar que el recurrente pretende
que a través del proceso de amparo se emita una declaración de derechos a su
favor, cuando la naturaleza de este proceso es de carácter restitutorio de
derechos, además que carece de estación probatoria.
Por los fundamentos que a continuación se exponen en los
votos que se acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar
FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la violación de los
derechos al debido proceso y a la educación de don Hilmer
Maslucán Vargas; en consecuencia, NULA la
decisión de impedir su ingreso a la Universidad de Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho.
2. Reponiendo
las cosas al estado anterior a la violación de los derechos al debido proceso y
a la educación, ordena a la
Universidad de Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho, que cumpla, en el plazo de dos días hábiles,
con disponer la reincorporación del recurrente en la referida entidad
universitaria, en su condición de estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.º 01096-2007-PA/TC
LIMA
HILMER MASLUCÁN
VARGAS
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ
Sin perjuicio del respeto que me merecen las opiniones de
mis demás colegas de Sala, emito el presente voto singular cuyos argumentos
principales expongo a continuación :
1. Con
fecha 5 de diciembre de 2003 el recurrente, en cumplimiento de la resolución
del Primer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho,
de fojas 257, su fecha 10 de octubre de 2003, y emitida en virtud de la
resolución del Tribunal Constitucional de fojas 248, adecua su demanda de
hábeas corpus a la de un proceso de amparo constitucional, solicitando ser
repuesto como estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho del Centro Académico de San
Juan de Lurigancho de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote (actualmente Universidad de Chimbote). El recurrente aduce
que con fecha 13 de febrero de 2002 fue impedido de ingresar al centro
universitario, por lo que a partir de ese día no pudo continuar las clases
correspondientes al Quinto Ciclo de la Facultad de Derecho de la mencionada casa de
estudios. Frente a dicho suceso, señala el recurrente, reclamó ante las
autoridades, siendo atendido por el Sub Director del
centro académico, quien le manifestó que por orden superior se encontraba
expulsado y “separado definitivamente” de la universidad. Por ello, aduce que
se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la educación, a escoger el tipo
y centro de educación, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito,
entre otros.
2. Don
Ananías Wilder Narro Culque, en su condición de Director General del Centro
Académico de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, sede San Juan de Lurigancho, propone las excepciones de falta de legitimidad
para obrar del demandante, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y de caducidad. Asimismo, contesta la demanda negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que sea declarada
improcedente. Señala que el recurrente no ha sido en ningún momento estudiante
regular de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, “(...) dado que su
condición ha sido la de estudiante no regular, es decir, no asume plenos
derechos académicos y administrativos, como sí los asume el estudiante regular
(...)”. Agrega que no tiene sustento, ni asidero legal, su pretensión de ser
repuesto en la referida casa de estudios, a la que “nunca perteneció como
estudiante regular”, conforme consta a fojas 384 de autos.
3. El
Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, con
fecha 22 de junio de 2005, desestimó las excepciones propuestas y declaró
infundada la demanda, por considerar que el recurrente no ha probado su calidad
de estudiante regular en el momento en el que acontecieron los hechos que
sustentan su demanda, por lo que es necesaria la actuación de medios probatorios
en todo proceso dado que el proceso de amparo resulta insuficiente para ello.
4. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirma la apelada, por considerar que el recurrente pretende
que a través del proceso de amparo se emita una declaración de derechos a su
favor, cuando la naturaleza de estos procesos es de carácter restitutorio de
derechos, además que carecen de estación probatoria.
5. Mediante
la demanda de amparo de autos el recurrente persigue se ordene su reincorporación
en su condición de estudiante del V Ciclo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la
Universidad de Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho (UDECH-SJL).
6. El
representante de la entidad emplazada, de fojas 382 a 392 de autos, fundamenta
su solicitud de declarar infundada la demanda señalando que el recurrente
“nunca fue un alumno regular” de la Universidad de Chimbote. Sin embargo, no precisa
las razones por las que considera que el recurrente tiene tal condición, y
menos aún menciona los requisitos preestablecidos (si los hubiera) en su
normatividad interna que otorguen la condición de “regular” a un alumno en
dicha casa de estudios.
7. Por
el contrario, diversos medios probatorios que corren en autos acreditan la
condición de estudiante del recurrente, tanto en ciclos académicos anteriores
al V ciclo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, como del propio V ciclo, de acuerdo a lo
señalado por éste; ello también consta de los documentos emanados de la propia
entidad educativa emplazada, conforme se ve a fojas 22, 23, 24 25, 26, 29, 30,
92, 93 y 96 de autos.
8. Por
ello, pese a que la demandada trata de soslayar la condición de estudiante del
recurrente con argumentos gaseosos como la condición de “alumno no regular”, a
mi juicio queda claro que el recurrente era alumno de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la
Universidad de Chimbote en el momento de acontecidos los
hechos que sustentan la presente demanda, e incluso lo fue desde anteriores
ciclos académicos en dicha universidad, conforme a lo expuesto en el
considerando 7, supra.
9. El
recurrente alega que a partir del 13 de febrero de 2002 se le impidió ingresar
a la universidad emplazada, negándosele, por tanto, el acceso a los ambientes y
que pueda y poder continuar con las clases de las materias que cursaba en el V
ciclo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales.
10. A fin de acreditar
dicha situación, el actor ha presentado copia certificada de la OCC N.° 329, del 14 de
febrero de 2002, obrante en el Libro de Registros de Constataciones Policiales
de la Comisaría PNP
Santa Elizabeth de San Juan de Lurigancho (fojas
4), en la que se dejó constancia que se le prohibió el ingreso a los
ambientes de la universidad emplazada y que la persona que lo atendió no le
señaló razón alguna del motivo de dicha medida.
11. Del Informe N.º
003-2002-DG-UDECH, del 12 de febrero de 2002 (fojas 92) fluye que se
individualiza al recurrente “dentro del pequeño grupo de estudiantes que ha
estado complotando contra la
Universidad de Chimbote (…), se ha detectado la presencia
activa del señor Hilmer Maslucan
Vargas, estudiante y delegado del V ciclo de Derecho, (…)”, entre otros considerandos en los que Director General de la universidad
emplazada pone en conocimiento del Rector los pormenores de dichos
acontecimientos. Culmina dicho informe precisando que “en consecuencia y
ante la gravísima falta que ha cometido y pretende seguir cometiendo el señor Maslucan Vargas Hilmer y con el
objeto de que las Instancias Superiores respectivas de la Universidad de
Chimbote procedan de acuerdo a las Normas Estatuarias y Reglamentarias,
sancionando al infractor Hilmer Maslucan
Vargas, le remito el presente informe.” Asimismo, del documento de fojas
94, denominado Memorando N.º 039-A-2002-UDECH-R, del
13 de febrero de 2002, consta que el Rector, dirigiéndose al Director General,
le indicó que “se sirva tomar las acciones necesarias, de tal suerte que
dicho señor NO INGRESE A CLASE hasta que el Tribunal de Honor de la UDECH tome la decisión
definitiva respecto a la situación de señor Hilmer Maslucan Vargas”.
12. Pese a los documentos a
que antes se ha hecho referencia, la emplazada en ningún momento adujo como
fundamento de su contestación de la demanda la apertura de un procedimiento
disciplinario contra el recurrente; tampoco precisó algún acto cometido por
aquél en desmedro de la referida casa de estudios, sino que, como se expuso en
el considerando 6, supra, la emplazada centró
su contestación en la negación de la condición de “alumno no regular” del
actor.
13. La emplazada tampoco ha acreditado en autos la
existencia de una resolución administrativa que, atendiendo a las garantías del
debido proceso, hubiera resuelto suspender el ingreso del recurrente al local
universitario en el que cursaba sus estudios de derecho. En ese sentido se debe
precisar que, si bien la emplazada, en ejercicio de sus competencias y ante la
comisión de actos que afecten o incidan sobre sus funciones (si es que fuese el
caso) puede adoptar medidas de naturaleza urgente o cautelar, limitando o
restringiendo los derechos de los miembros que conforman la comunidad
universitaria, éstas no pueden generar, en todo caso, la indefensión de
aquellas personas a quienes se imputa la comisión de tales actos, conforme a
las garantías que forman parte del derecho constitucional al debido proceso,
reconocido en el artículo 139.3º de la Constitución Política
del Perú, el que, en el presente caso, resulta evidentemente vulnerado.
14. Asimismo, conforme al principio de
indivisibilidad de los derechos –por el que se entiende que un derecho
fundamental se relaciona con otros, formando así un todo integrado que emana de
la naturaleza intrínseca de cada ser humano en base a su dignidad–
y a la conexidad existente en el presente proceso
entre los derechos al debido proceso y a la educación, también corresponde
pronunciarse respecto de este último.
15. El derecho a la
educación, conforme lo ha precisado el Tribunal Constitucional en repetidas
oportunidades, tiene la naturaleza de un derecho fundamental, y como tal es un
derecho subjetivo de toda persona, y a la vez es un instituto que debe ser
respetado y protegido tanto por los agentes públicos como por los agentes
privados. Este derecho a
nivel internacional
forma parte de los derechos humanos, siendo materia de diversos tratados
internacionales ratificados por el Estado peruano, entre los que cabe destacar
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”.
16. En nuestro ordenamiento
jurídico, el derecho a la educación universitaria ha sido recogido en el
artículo 18º de la
Constitución, que establece que “La educación
universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural,
la creación intelectual y artística y la investigación científica y
tecnológica. (…) Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución
y de las leyes.” El Tribunal Constitucional ha interpretado que “el derecho fundamental a la
educación universitaria no sólo garantiza, entre otros, el derecho de acceso a
la universidad en condiciones de igualdad (previo cumplimiento de los
requisitos que razonablemente se impongan al respecto), sino también el derecho
a permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle
el estudio y la actividad de investigación, estos contenidos también podrán ser
objeto de tutela mediante el proceso de amparo”. Es lógico concluir entonces que, al no
permitirse el ingreso del recurrente a las instalaciones de la universidad, no
sólo se ha vulnerado su derecho al debido proceso, sino también su derecho fundamental
a la educación.
17. Por estas razones, mi
voto es por:
a) Declarar
FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la violación de los
derechos al debido proceso y a la educación de don Hilmer
Maslucán Vargas; en consecuencia, NULA la
decisión de impedir su ingreso a la Universidad de Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho.
b) Reponiendo
las cosas al estado anterior a la violación de los derechos al debido proceso y
a la educación, ordena a la
Universidad de Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho, que cumpla, en el plazo de dos días hábiles,
con disponer la reincorporación del recurrente en la referida entidad
universitaria, en su condición de estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.
Sr.
MESÍA
RAMÍREZ
EXP. N.º 01096-2007-PA/TC
LIMA
HILMER MASLUCÁN
VARGAS
VOTO DEL
MAGISTRADO JUAN VERGARA GOTELLI
Tengo a bien adherirme al voto
del magistrado Mesía Ramírez, sin embargo emito el
presente voto realizando algunas consideraciones respecto al caso concreto:
1. Con fecha 5 de diciembre de 2003 el demandante, en
cumplimiento de la resolución del Primer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de fecha 10 de
octubre de 2003 (f. 257), la cual ha sido emitida en virtud de la
resolución del Tribunal Constitucional de fecha 27 de noviembre de 2002 (f.
248), adecua su demanda de hábeas corpus a la de un proceso de amparo, que la
dirige contra el Director del Centro Académico de San Juan de Lurigancho de la Universidad Los Ángeles de Chimbote y el Rector
de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote con el objeto de que se reponga las cosas al estado
anterior de su violación, es decir, como estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho del
Centro Académico de San Juan de Lurigancho de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote.
Manifiesta que con fecha 13 de febrero
de 2002 fue impedido de ingresar al centro universitario por lo que a partir de
ese día no pudo acceder a las clases correspondientes del Quinto Ciclo de la Facultad de Derecho de la
referida casa de estudios. Señala haber reclamado dicho suceso ante las
autoridades, siendo atendido por el Sub Director del
centro académico, quien le manifestó que por orden superior se encontraba
expulsado y “separado definitivamente” de la universidad. Por ello, refiere que
se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la educación, a escoger el tipo
y centro de educación, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito,
entre otros.
Pronunciamientos de las instancias inferiores
2. El Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho,
con fecha 22 de junio de 2005, desestimó las excepciones propuestas por la
parte demandada y declaró infundada la demanda por considerar que el recurrente
no ha probado su calidad de estudiante regular en el momento en el que
acontecieron los hechos que sustentan su demanda, siendo necesaria la actuación
de medios probatorios, motivo por el cual el proceso de amparo resulta
insuficiente por carecer de etapa probatoria.
La Sala Superior
confirma la apelada por estimar que lo pretendido por el actor es la declaración
de derechos a su favor, lo cual contraviene la naturaleza restitutiva
del proceso de amparo, asimismo porque dicho proceso carece de estación
probatoria.
3. Entonces se evidencia que la pretensión del actor se
encuentra dirigida a que le permitan ingresar a la Facultad de Derecho del
Centro Académico de San Juan de Lurigancho de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote y poder continuar con sus estudios universitarios, esto es,
el V ciclo de la Facultad
de Derecho de esta casa de estudios. Así, de lo actuado se desprende que el
demandante cuestiona dichos actos vulneratorios por
el hecho de que éstos le impiden el poder gozar libremente de su derecho
constitucional a la educación, en especial a su derecho a la educación
universitaria, a un debido proceso, entre otros.
4. Por ello es que concuerdo en el voto del magistrado Mesía Ramírez, que señala en sus fundamentos 12 y 13 que:
“12. (…), la emplazada en ningún momento adujo como fundamento de su
contestación de la demanda la apertura de un procedimiento disciplinario contra
el recurrente; menos aún, tampoco señaló algún acto cometido por aquel en
desmedro de la referida casa de estudios, sino que como se expuso en el
considerando 6, supra, la emplazada centro su
contestación negando la condición de “alumno no regular” del actor.
13. Asimismo, la emplazada tampoco ha acreditado en
autos la existencia de una resolución administrativa que, atendiendo a las
garantías del debido proceso, haya resuelto suspender el ingreso del recurrente
al local universitario en el que cursaba sus estudios de derecho. En ese
sentido se debe precisar que, si bien la emplazada, en ejercicio de sus
competencias y ante la comisión de actos que afecten o incidan sobre sus
funciones (si es que fuese el caso) puede adoptar medidas de naturaleza urgente
y cautelar, limitando o restringiendo los derechos de los miembros que
conforman la comunidad universitaria, estas no pueden generar, en todo caso, la
indefensión de aquellas personas a quienes se imputa la comisión de tales
actos, conforme a las garantías que forman parte del derecho constitucional al
debido proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política
del Perú, el que en el presente caso, resulta evidente que ha sido afectado en
perjuicio del recurrente.”
5. De lo expuesto tengo a bien señalar que la emplazada ha
atentado contra los derechos constitucionales del actor con el argumento de que
el actor tenía la condición de “alumno no regular”, lo cual contraviene con el
Estatuto de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, el cual en su artículo
96 señala que: “Los estudiantes según su matrícula se clasifican en
regulares y especiales (…)”, es decir, que dentro de su cuerpo normativo
esta casa de estudios no regulaba la condición de “alumno no regular”, motivo
por el cual lo expresado por la emplazada resulta totalmente contradictorio,
más aún cuando el demandante ha presentado documentos que acreditan su
condición de “alumno regular”, pues como mencionó realizó su traslado externo
de la Universidad San
Juan Bautista a esta casa de estudios en el II ciclo estudiando sin mayor
problema hasta el V ciclo de la
Facultad de Derecho del Centro Académico de San Juan de Lurigancho de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Asimismo, en
atención a lo indicado en el párrafo anterior, se aprecia que la parte
emplazada tampoco inició procedimiento disciplinario sancionando las pretensas
faltas que habría cometido el actor, tal y como lo ha mencionado en sus
descargos. Conforme se señala en el artículo 104 del Estatuto Social: “Las
sanciones que se pueden imponer a los estudiantes de la Universidad Los Ängeles son: a) Amonestación, b) Suspensión; y c)
Separación. Las sanciones son impuestas de acuerdo a lo establecido en la Ley y respectivos Reglamentos,
previo proceso disciplinario a través del Tribunal de Honor en el caso c)”.
6. Por otro lado, respecto a la educación universitaria tengo a
bien mencionar que en el Exp. N.° 264-2007-HD, emití un voto en el que expresé
lo siguiente:
(…)
La educación universitaria
constituye un “servicio público” que designa la función o actividad orientada a
la satisfacción de necesidades colectivas o de interés general. La educación
universitaria tiene por objeto la formación profesional de los miembros de la
sociedad peruana investidos de titulo académico que garantiza un servicio de
interés general. La educación universitaria se presenta, a los efectos aquí
relevantes, como un ente de derecho constitucional cuya satisfacción concierne
no sólo a la persona individualmente considerada, sino a la sociedad en su
conjunto. Esta característica colectiva de titularidad demuestra que el
titulado por cualquier universidad presta un servicio público garantizado por
la correspondiente colegiación.
Siendo esto así significa entonces que la Universidad aún bajo
el régimen de persona jurídica de derecho privado, tiene también la condición
de órgano del Estado en cuanto presta un “servicio público” por lo que, desde
tal perspectiva se halla comprendida en lo dispuesto por el artículo 1º, inciso
8), de Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo
7. Así, es
preciso señalar que en mi libro “La
Reforma del Poder Judicial” manifesté que respecto al
servicio público brindado por las universidades peruanas “(...) un
tratamiento legal que supere el estatus de «cosas de nadie» y controle dentro
del abierto desconocimiento de los titulares del derecho de dominio, el manejo
de cúpulas interesadas en este «negocio» bajo el manto protector del Club denominado
Asamblea Nacional de Rectores, en el que el Estado no tiene injerencia real con
lo que se asegura el interés personal de quienes, sin ser propietarios ni
representantes de dueños desconocidos, tienen el control absoluto de gobierno y
administración bajo la referida protección de la híbrida institución citada.”
8. Sin
embargo, dado el caso concreto creo conveniente realizar algunas precisiones
respecto al tratamiento que se presenta en las universidades privadas, centros
de estudios superiores (negocio de la hora), que viven de las pensiones que
abonan oportunamente sus alumnos, en donde éstas tienen que cobrarles a los
alumnos las correspondientes mensualidades y exigirles además el cumplimiento
cabal del estatuto social a fin de poder llevar un orden y control dentro de la
institución privada. No obstante, considero que en estos casos la universidad
(privada) por falta de pago de sus
alumnos se vea en la necesidad de cerrar sus puertas por no
poder sostener el servicio por falta de dinero, por ejm.
para pagar sueldos a los profesores.
9. Por esto considero que la obligación establecida en el
proyecto debiera ser momentánea, es decir, si fuera el caso, hasta el momento
que el actor asegure de alguna forma la deuda que tiene con su universidad. Todo
esto al margen de lo que representan estas universidades (grandes negocios) y
de la abdicación del Estado al crear la Asamblea Nacional
de Rectores (ARN) y del Consejo Nacional para la Autorización y
Funcionamiento de las Universidades (CONAFU).
Por estas consideraciones mi voto
es porque se declare FUNDADA la demanda al haberse acreditado la
vulneración de los derechos al debido proceso y a la educación de don Hilmer Maslucán Vargas, en
consecuencia, NULA la decisión de impedir su ingreso a la Universidad de
Chimbote, sede de San Juan de Lurigancho.
Sr.
VERGARA GOTELLI
EXP. N.º 01096-2007-PA/TC
LIMA
HILMER MASLUCÁN
VARGAS
VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO
BEAUMONT CALLIRGOS
Con el debido respeto por el voto emitido por
el magistrado Álvarez Miranda, en la presente causa me adhiero al voto del
magistrado Mesía Ramírez igualmente compartido por el
magistrado Vergara Gotelli, por las siguientes
consideraciones:
1.
También considero que las pruebas aportadas por el demandante acreditan su
condición de estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Chimbote, así como de ciclos anteriores. Bajo tal premisa, no resulta
pertinente asumir como cuestión principal determinar si el actor tuvo la
calidad de alumno “regular” o alumno “no regular” en la mencionada casa
de estudios, sino verificar, advertida la condición de alumno, si se produjo la
afectación de los derechos constitucionales invocados.
2. Del Informe N.º 003-2002-DG-UDECH, del 12 de febrero de 2002, se
comprueba que el Director General de la universidad hace de conocimiento del
Rector diversos hechos atribuidos al demandante. Asimismo, del Memorando N.º
039-A-2002-UDECH-R, de fecha 13 de febrero de 2002, elaborado en respuesta al
informe precitado se acredita que el Rector solicita que el actor no ingrese a
clases hasta que se tome una decisión definitiva por el ente universitario
competente.
3. La situación
descrita no generó la apertura de un procedimiento disciplinario, ni cuando
menos una comunicación al actor sobre las presuntas faltas cometidas, sino por
el contrario culminó en el impedimento de acceso a la casa de estudios, como se
acredita con la copia certificada de la ocurrencia policial N.º 329 de fecha 14 de febrero de 2002.
4. Frente a estas
circunstancias, y dado que tampoco se acredita la existencia de una resolución
administrativa que haya suspendido el ingreso a la universidad, de manera
definitiva o cautelar, se evidencia la afectación al debido proceso previsto en
el artículo 139 numeral 3 de la
Constitución que garantiza entre otros, el derecho de defensa
de cualquier persona a la cual se le imputa la comisión de faltas.
5. En cuanto al
derecho a la educación universitaria recogido por la Carta Fundamental
en el artículo 18, es pertinente señalar que en la STC 08099-2006-PA se ha dejado
sentado que “[…] el
derecho fundamental a la educación universitaria no sólo garantiza, entre
otros, el derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad (previo
cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan al respecto),
sino también el derecho a permanecer en ella libre de limitaciones
arbitrarias mientras se desarrolle el estudio y la actividad de
investigación, e incluso el derecho a la obtención del respectivo título
universitario una vez cumplidos los requisitos académicos y administrativos
correspondientes.” (subrayado agregado).En tal medida,
al haberse impedido arbitrariamente al actor el ingreso a la universidad
demandada, se ha configurado una lesión al debido proceso y al derecho
fundamental a la educación.
Por lo
indicado, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS
EXP. N.º 01096-2007-PA/TC
LIMA
HILMER MASLUCÁN
VARGAS
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Discrepo de la opinión de mis colegas magistrados,
por las razones que a continuación expongo:
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de
diciembre de 2003 el recurrente, en cumplimiento de la resolución del Primer
Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho de fojas 257,
su fecha 10 de octubre de 2003, emitida en virtud de la resolución del Tribunal
Constitucional de fojas 248, adecua su demanda de hábeas corpus a la de un
proceso de amparo constitucional, solicitando ser repuesto como estudiante del
V ciclo de la Facultad
de Derecho del Centro Académico de San Juan de Lurigancho
de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote (actualmente Universidad de Chimbote). Sostiene que con
fecha 13 de febrero de 2002 fue impedido de ingresar al centro universitario;
que reclamó ante las autoridades por este hecho, siendo atendido por el subdirector
del centro académico, quien le manifestó que por orden superior se encontraba
expulsado y “separado definitivamente” de la universidad; y que se han
vulnerado sus derechos constitucionales a la educación, a escoger el tipo y
centro de educación, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, entre
otros.
El Director General del Centro
Académico de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, sede San Juan de Lurigancho, propone las excepciones de falta de legitimidad
para obrar del demandante, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y de caducidad; y contesta la demanda solicitando que sea declarada
improcedente. Señala que el recurrente no ha sido en ningún momento estudiante
regular de la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, y que no tiene sustento
ni asidero legal su pretensión de ser repuesto en la referida casa de estudios,
a la que nunca perteneció como estudiante regular.
El Tercer Juzgado Mixto de San
Juan de Lurigancho, con fecha 22 de junio de 2005,
desestimó las excepciones propuestas y declaró infundada la demanda por
considerar que el recurrente no ha probado su calidad de estudiante regular,
por lo que es necesaria la actuación de medios probatorios dado que el proceso
de amparo resulta insuficiente.
La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirma la apelada por considerar que el recurrente pretende
que a través del proceso de amparo se emita una declaración de derechos a su
favor, cuando la naturaleza de estos procesos es de carácter restitutorio de
derechos, además que carecen de estación probatoria.
FUNDAMENTOS
1. La demanda tiene
por objeto que el recurrente sea repuesto como estudiante del V ciclo de la Facultad de Derecho del
Centro Académico de San Juan de Lurigancho de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote, hoy Universidad de Chimbote. El recurrente aduce que
desde el 13 de febrero de 2002 fue impedido de ingresar al precitado centro
universitario y que a partir de esa fecha no pudo acceder a las clases
correspondientes al V ciclo.
2. Por su parte la
parte emplazada ha señalado reiteradamente que el demandante no era un alumno
regular de dicha entidad, dado que se había trasladado de la Universidad Privada
San Juan Bautista, por lo que no tiene los mismos derechos que un alumno
regular, y que, consecuentemente, no corresponde que sea repuesto como alumno
regular.
3. En el caso de
autos, el derecho que el demandante reclama se encuentra vinculado al derecho a
la educación, el mismo que tiene protección constitucional en el artículo 13º
de la Constitución,
que para el caso de autos se complementa con lo expuesto en el artículo 18º de la Carta Fundamental;
sin embargo, no se trata (como todos) de un derecho irrestricto o ilimitado.
Para su tutela se requiere, aunque sea mínimamente,
que se acredite su titularidad. En ese sentido, en el presente caso, el
demandante debe acreditar que es alumno regular de la entidad emplazada.
4. Existe pues
controversia, dado que no se puede determinar, en el presente proceso, que el
demandante tenga la calidad de alumno regular al haber culminado su proceso de
traslado desde la
Universidad Privada San Juan Bautista a la ahora denominada
Universidad de Chimbote.
5. Sin embargo, debo
precisar que según el artículo 116º del Reglamento Académico de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote, aplicable al momento de acontecidos los hechos materia de
autos, los requisitos mínimos para la postulación a una vacante de traslado
externo exigían al recurrente “haber aprobado en la Institución de origen
por lo menos dos (02) periodos lectivos o uno (01) anual o treinta y tres (33)
créditos”; y que según el artículo 117º del precitado Reglamento, “la
aceptación de traslado será mediante Resolución del Director de la Escuela Profesional”
pertinente.
6. Según consta de
los testimonios del demandante (f. 82) y del ex Subdirector del Centro
Académico (f. 153), éste venía estudiando en la ahora denominada Universidad de
Chimbote desde el segundo ciclo hasta el quinto ciclo, interrumpido por los
hechos materia sub litis; y según consta en los
testimonios del Director del Centro Académico (f. 87) y del Rector de la Universidad de
Chimbote (f. 85), nunca le fue expedida al interesado la resolución de
aceptación de traslado por la autoridad respectiva, teniendo sólo la condición
de “aceptado provisionalmente”.
7. Por ello es que,
al no quedar comprobado que el demandante haya cumplido con los requisitos para
acceder a una vacante por traslado externo, y al no habérsele expedido una
resolución de aceptación de dicho traslado, no ha quedado acreditada la
titularidad del derecho.
8. Por lo demás,
estimo menester recordar que los procesos constitucionales, como lo establece
el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, carecen de etapa probatoria.
Por estas razones, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE
la demanda de amparo.
Sr.
ÁLVAREZ MIRANDA