EXP. N.° 01194-2010-PA/TC
LIMA
COOPERATIVA DE VIVIENDA
PABLO CÁNEPA LTDA N.º 412
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 19 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por la Cooperativa de Vivienda Pablo Cánepa
Ltda N.º 412 contra la resolución de la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
de fojas 26 del segundo cuadernillo, su fecha 1 de octubre de 2009 que,
confirmando la apelada, declaró improcedente; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha
28 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo
contra los vocales integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justica de Lima y el Procurador Público encargado de los
asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se deje sin efecto la
sentencia de vista de fecha 4 de abril de 2008, que confirmando la
apelada declara fundada la demanda e infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar e infundada la tacha de testigo, recaída en el
expediente de Otorgamiento de Escritura Pública N.º 33278-2003. A su juicio, el fallo
judicial cuestionado lesiona la tutela procesal efectiva, el debido proceso en
su expresión de derecho a la defensa y la propiedad, atributos que la Constitución
garantiza.
Aduce que don
Fulgencio Julián Nolasco promovió contra la
cooperativa el proceso civil mencionado, con el objeto que se le otorgue la Escritura Pública
de compra y venta, del inmueble ubicado en el lt. 13
de la mz. D de la Av. Los Ingenieros - Distrito de La Molina, agrega que dicho
lote actualmente está conducido por la socia Eleuteria
Torres Espinel, en calidad de posesionaria y
propietaria, debido a que el socio Julián Nolasco fue
separado con anterioridad de la cooperativa, debido a su incumplimiento y
renuencia al pago de las obligaciones contraídas, conforme lo prevé el artículo
13 – C del Estatuto; añade que la minuta e inscripción registral que acreditan los derechos de la socia Torres
Espinel fueron inscritas en los Registros Públicos de Lima, desde
el 13 de marzo de 1997, esto es, con anterioridad a la interposición de la
demanda de otorgamiento de escritura, conforme lo acredita la ficha literal N.º
1654173, que anexa a su demanda de amparo, la misma que en su oportunidad
ofreció como prueba de la excepción de falta de legitimidad para obrar
del demandante que dedujo a la contestación de la demanda, no obstante ello, la
desestimaron y declararon fundada la demanda; alega que la
cooperativa impugnó dicho pronunciamiento y que éste se confirmó mediante
la sentencia de vista cuestionada.
2.
Que con fecha 12 de
noviembre de 2008, la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima rechazó liminarmente la demanda por
considerar que se recurre al amparo con el objeto de lograr una reevaluación
probatoria de un fallo adverso a la cooperativa recurrente. A su turno, la Sala Constitucional
y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la
sentencia apelada por similares fundamentos, añadiendo que los procesos
constitucionales no constituyen instancia revisora de lo resuelto por la
judicatura ordinaria.
3.
Que sobre el
particular, este Tribunal ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia
que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “(…) está
circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa
derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad
de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez
que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en
relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CPConst.” (Exp. Nº 3179-2004-AA, fundamento 14).
4.
Que en este contexto se
aprecia que, los hechos alegados por la demandante tienen incidencia
constitucional directa, sobre los derechos fundamentales invocados, razón
por la cual este Colegiado estima que en el presente caso, no cabía
rechazar in límine la demanda, sino
admitirla a trámite con el objeto de examinar, entre otros aspectos, si al
expedir las resoluciones cuestionadas se afecto –como se afirma- la
tutela procesal efectiva y el debido proceso en su expresión de motivación
resolutoria, toda vez que no se explica con claridad las razones por las
cuales se estima y confirma la demanda de otorgamiento de escritura
publica, tanto más si, respecto del bien, existen títulos más antiguos
previamente inscritos.
5.
Que finalmente,
consideramos oportuno reiterar que el rechazo in límine
únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la
improcedencia de la demanda, lo que no ocurre en el caso de autos. Por
consiguiente, corresponde revocar el rechazo liminar a fin de que la demanda
sea admitida y sea tramitada con arreglo a ley, corriendo traslado de ella al
emplazado.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
1.
REVOCAR la resolución recurrida de fecha
1 de octubre de 2009, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, y la
resolución de la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 12
de noviembre de 2008.
2.
Disponer que se
admita a trámite la demanda de amparo, integrando a quienes tuviesen
interés jurídicamente relevante en el resultado del presente proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
URVIOLA
HANI