EXP. N.° 01238-2010-PA/TC

LIMA

ISAÍAS MIGUEL

FILIO SANABRIA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de agosto de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isaías Miguel Filio Sanabria contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 221, su fecha 6 de noviembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación minera completa conforme a la Ley 25009. Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes.

2. Que, en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento.

3. Que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS.

4. Que a fojas 154 de autos obra la Resolución de fecha 16 de marzo de 2009, mediante la cual el Cuadragésimo Octavo Civil de Lima le solicitó al demandante que, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles desde la notificación de dicha resolución, presente el dictamen o certificado médico expedido por las entidades en mención.

5. Que en la cédula de notificación corriente a fojas 156 consta que el recurrente fue notificado con la referida resolución el 27 de marzo de 2009. Al respecto, cabe señalar que en el fundamento 46 de la STC 02513-2007-PA/TC se establece como regla que en los procesos de amparo en que se haya solicitado al demandante como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades y este no haya sido presentado dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento, la demanda será declarada improcedente.

6. Que si bien el citado precedente regula el acceso a la pensión de invalidez por enfermedad profesional, la declaratoria de improcedencia obedece a que no se tiene certeza respecto a la enfermedad del actor y que sin un Certificado de Comisión Médica Evaluadora no es posible emitir juicio sobre la controversia.

7. Que, consecuentemente, en vista de que durante todo el proceso el demandante no ha presentado la documentación solicitada para la acreditación de la enfermedad profesional alegada, en virtud del artículo 9 del Código Procesal Constitucional la demanda debe declararse improcedente; sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que el actor acuda al proceso que corresponda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI