EXP. N.° 01666-2009-PC/TC
HUANCAVELICA
RUBÉN ROLANDO
CHUMBES GONZALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Arequipa), a los 4 días
del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y álvarez Miranda,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
El recurso de agravio constitucional
interpuesto por don Rubén Rolando Chumbes Gonzáles contra la sentencia expedida
por la Segunda Sala
Mixta de la Corte
Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 219, de fecha
13 de noviembre de 2008 que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de enero de 2007,
el demandante interpuso demanda de cumplimiento contra la Dirección Regional
de Educación de Lambayeque, solicitando se de cumplimiento a en la Resolución Directoral
N.º 719, del 5 de junio de 2007, que dispone el pago
de dinero a favor del demandante, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N.º
037-94-PCM, que ordena el pago de una Bonificación Especial. Refiere el
demandante que es trabajador administrativo de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Angaraes y que a la fecha tiene la calidad
de nombrado al amparo del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
Refiere, además, que a través de la resolución en cuestión se aprobó otorgar el
pago correspondiente a la
Bonificación E special del Decreto
de Urgencia N.º 037-94 a partir del año 1994,
disponiendo el pago correspondiente. Por estas razones, solicita el
cumplimiento de la resolución en cuestión y el pago de la Bonificación E special que solicita.
La entidad demandada contesta la
demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, aduciendo que
el demandante no se encuentra dentro de los alcances del Decreto de Urgencia
N.º 037-94, al haber sido favorecido por el Decreto Supremo N.º 019-94-PCM.
Alega asimismo refiere que la cuestión es de naturaleza compleja,
correspondiendo ser dilucidada en la vía ordinaria.
Mediante resolución del 23 de
octubre de 2007, el Juzgado Mixto de Angares declaró
fundada la demanda por considerar que en el caso de autos se había acreditado
la renuencia para el pago de la entidad demandada.
La
Sala
revocó la decisión del Juzgado y declaró improcedente la demanda por considerar
que en el caso de autos el mandato se encuentra condicionado a la existencia de
una sentencia judicial que lo ordene y a la aprobación de un crédito
suplementario.
FUNDAMENTOS
1.
La demanda tiene
por objeto que se otorgue la bonificación prevista en el Decreto de Urgencia N.º 037-94, en atención al cargo y al nivel remunerativo del
demandante conforme a la Resolución Directoral N.º 719.
2.
Al respecto, a
través de la STC N.º
2616-2004-AC/TC este Tribunal estableció como precedente vinculante el criterio
jurisprudencial en atención al cual corresponde la bonificación a la que se
refiere el Decreto de Urgencia N.º 037-94 a aquellos servidores de la Administración Pública
ubicados en los niveles F-2 y F-1 de la escala N.º 1, profesionales de la Escala N.º 7, técnicos
de la Escala N.º
8, auxiliares de la Escala
N.º 9, entre otros (Fundamento 10 de la STC N.º
2616-2004-AC/TC). Asimismo, en el considerando 13 de la referida
sentencia, señaló que en el caso de los servidores administrativos del sector
Educación, por no pertenecer a una escala diferenciada, les corresponde que se
les otorgue la
Bonificación E special del Decreto
de Urgencia N.º 037-94, por ser económicamente más beneficiosa, pues la
exclusión de estos servidores conllevaría un trato discriminatorio respecto de
los demás servidores del Estado que se encuentran en el mismo nivel
remunerativo y ocupacional y que perciben la bonificación otorgada mediante el
Decreto de Urgencia Nº 037-94
3.
En este sentido, y
teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por la Resolución Directoral
N.º 719 el demandante es trabajador administrativo del
sector Educación, corresponde estimar la demanda.
4.
Asimismo, conviene
señalar que este Tribunal no puede compartir el criterio de la Sala, en el sentido de que en
el presente caso el mandato estaría condicionado, pues establecer como
condición para el pago una declaración judicial o una ampliación presupuestaria
que depende de la voluntad del propio deudor equivaldría a negar la existencia
misma de un crédito a favor del demandante.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA
la demanda porque se ha acreditado que la Dirección Regional de Educación de Lambayeque ha
incumplido la obligación de pago de dinero a favor del demandante reconocida en
la Resolución
Directoral N.º 719.
2.
Ordenar que en
cumplimiento de la
Resolución Directoral N.º 719, la Dirección Regional
de Educación de Lambayeque realice el pago de dinero a favor del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA