EXP. N.° 01692-2010-PA/TC
LA LIBERTAD
SANTOS JUAN
VALVERDE REYNA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 18 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por Santos Juan Valverde Reyna
contra la sentencia expedida por la Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad,
de folios 50, su fecha 4 de diciembre de 2009, que declaró improcedente la
demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que, con fecha 18
de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial
de Trujillo, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Gerencial
N.° 432-2009-MPT/GDEL, notificada el 5 de junio de 2009. Refiere que el 6 de
mayo de 2009, el ejecutor coactivo ingresó a su local comercial en cumplimiento
de la Resolución N.°
511-09-MPT-GDL-SGLC, que contenía el mandato de medida cautelar de clausura
inmediata, la suspensión de autorización de licencia, la retención de
productos, inmovilización inmediata de bienes, animales, productos y
maquinarias.
2.
Que el Sexto
Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 23 junio de 2003, declara
improcedente liminarmente la demanda, estimando que
la vía del amparo no es la idónea ni la única para la protección del derecho
vulnerado que invoca el demandante, más aún si los hechos que se exponen están
sujetos a actividad probatoria, posibilidad no contemplada por el artículo 9
del Código Procesal Constitucional; concluye que la demanda se encuentra
comprendida en la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 2
del Código Procesal Constitucional.
3.
Que la Sala Superior
revisora confirmó la sentencia apelada, por los mismos fundamentos.
4.
Que este Tribunal
estima que para poder analizar lo pretendido por el demandante se requiere de
una etapa probatoria amplia. En tal sentido, de conformidad con el artículo 5, inciso 2 del Código
Procesal Constitucional, los procesos constitucionales son improcedentes cuando
“Existan vías procedimentales específicas, igualmente
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o
vulnerado, (…)”. Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido
de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos
de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política
del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la
temática propuesta por el demandante, ésta no es la excepcional del Amparo que,
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” (Exp. N.°
4196-2004-AA/TC, fundamento 6, cursiva en la presente Resolución).
Recientemente ha sostenido que “(...) solo en los casos en que tales vías
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, (…)” (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si el
demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente
idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.
5.
Que en el presente caso, el acto
presuntamente lesivo está constituido por actos administrativos que deben ser
cuestionados a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.º
27854, sede a la que debe acudir el accionante. Dicho
proceso constituye “vía procedimental específica”
para la remoción del presunto acto lesivo a los derechos constitucionales invocados
en la demanda, resultando también la vía “igualmente satisfactoria” respecto al
“mecanismo extraordinario” del amparo (Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, fundamento 6).
En consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a
través del proceso contencioso-administrativo, y no a través del proceso de
amparo.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
ACF