EXP. N.° 01718-2010-PA/TC

PIURA

ELGER JOSÉ

FRANKLIN CALLE ATO

 

           

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 25 de agosto de 2010

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elger José Franklin Calle Ato contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 278, su fecha 23 de marzo de 2010, que declara infundada la demanda de amparo de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que, con fecha 5 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 101135-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 18 de octubre de 2006 y 119174-2006-ONP/GO/DL 19990 de fecha 11 de diciembre de 2006, que declararon caduca su pensión de invalidez definitiva, y que, en consecuencia, se restituya la pensión de invalidez que se le otorgó mediante Resolución 39308-2003-ONP/DC/DL 19990, de fecha 13 de mayo de 2003, con el abono de los devengados, los costos y las costas del proceso.

 

2.      Que, de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye como un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de acuerdo a los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.

 

3.      Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce; se concluye que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio deben encontrar debido sustento legal, así como una argumentación suficiente y razonable, para efectos de evitar la arbitrariedad en la intervención de este derecho.

 

4.      Que, considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la caducidad del derecho a la pensión del recurrente, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

 

5.      Que, conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990, las pensiones de invalidez caducan Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe.

 

6.      Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.

 

7.      Que el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 señala que, en caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez. Cabe precisar que sólo está excluida la comprobación periódica –que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal- mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el artículo 3.14 de la Ley 28532, y en mérito a la facultad de fiscalización posterior otorgada por el artículo 32.1 de la Ley 27444.

 

A este respecto, el tercer párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990, regula que si, efectuada la verificación posterior, se comprobara que el Certificado Médico de invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativamente, los médicos e incluso el propio solicitante.

 

8.      Que de la Resolución 39308-2003-ONP/DC/DL 19990, de fecha 13 de mayo de 2003 (f. 3), se evidencia que al demandante se le otorgó pensión de invalidez definitiva porque, según el Certificado Médico de Invalidez de fecha 4 de febrero de 2003 (f. 225), emitido por el Hospital Apoyo III de Sullana, su incapacidad era de naturaleza permanente.

 

9.      Que, no obstante, de la Resolución 101135-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 18 de octubre de 2006, se desprende que, de acuerdo con el Dictamen de Comisión Médica, el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, por lo que se declara caduca la pensión de invalidez conforme al artículo 33 del Decreto Ley 19990 (f. 2).

 

10.  Que la emplazada, a fojas 196, ofrece como medio de prueba el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad – D.L. 19990 expedido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de EsSalud, con fecha 11 de setiembre de 2006, con el que demuestra lo argumentado en la resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez del demandante, que le diagnostica osteoartrosis primaria, con un menoscabo de 7%.

 

11.  Que, a su turno, el recurrente, para acreditar su pretensión, presenta el Certificado de Incapacidad D.L. 19990, expedido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de Essalud, con fecha 21 de diciembre de 2006, que diagnostica que padece de espondilosis con radiculopatía y coxartrosis primaria bilateral, con un menoscabo de 40% (f. 5).

 

12.  Que, por consiguiente, este Colegiado estima que es necesario determinar fehacientemente el estado actual de salud del actor y el grado de incapacidad que posee, ya que existe un grado de contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. En ese sentido, los hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para que se acuda el proceso a que hubiere lugar.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ