EXP. N.° 01755-2010-PA/TC
LIMA
DORIS BEATRIZ
AGÜERO CRIBILLERO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 27 de julio de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Doris Beatriz
Agüero Cribillero contra la resolución de la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
de fojas 49 del segundo cuaderno, su fecha 27 de enero de 2010, que
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
- Que
con fecha 13 de junio de 2007, la recurrente interpone demanda de
amparo contra la
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la
República y la Tercera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, con el objeto de que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones judiciales: la de fecha 12 de agosto de 2005,
mediante la cual se declara fundada la demanda sobre nulidad de cosa
juzgada fraudulenta; y la de fecha 28 de marzo de 2007, que declara
infundado su recurso de casación Nº 1432-2006. Sostiene que en el proceso
sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta seguido por doña María Isabel Corné Díaz en su contra y de doña Cinthia
Caterine Valenza
Mogollón, con el fin de que se declare la nulidad de la sentencia desestimatoria de fecha 19 de abril de 2002, sobre
nulidad de escritura pública de contrato de compraventa de bien inmueble y
otro; se han emitido las resoluciones indicadas con violación al debido
proceso, a la tutela procesal efectiva y al derecho de defensa, toda vez
que dichos fallos aducen que la recurrente y su codemandada habrían
seguido el proceso de nulidad de escritura pública de compraventa aludido
para aparentar que su codemandada era compradora de buena fe.
- Que
con fecha 2 de setiembre de 2008, la Cuarta Sala Civil
de la Corte
Superior de Justicia de Lima declara infundada la
demanda por considerar que no se advierte la vulneración constitucional
invocada y que, más bien, se demuestra una evidente disconformidad con los
criterios esgrimidos por las instancias de mérito, cuestionamiento que
escapa a los alcances de los procesos constitucionales. A su turno, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República
confirma la resolución apelada por fundamentos similares; añadiendo que
del estudio de autos no se advierte la falta de motivación
señalada.
- Que
del análisis de la demanda así como de sus recaudos, se desprende que la
pretensión de la recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente
protegido de los derechos que invoca, puesto que son atribuciones del juez
ordinario modular los efectos de sus pronunciamientos, y forma parte de su
discrecionalidad inclinarse u optar por cualquiera de las alternativas
propuestas por la norma procesal para completar sus decisiones, debiendo
orientarse no solo por las reglas procesales establecidas para tal
propósito, sino también por los principios de celeridad y economía
procesal en la solución de controversias; no es, pues, de competencia ratione materiae
de los procesos constitucionales evaluar los pronunciamientos judiciales,
salvo que estos y sus efectos superen el nivel de razonabilidad
y proporcionalidad que toda decisión debe suponer, afectando -con ello- de
modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo que no ha
ocurrido en el presente caso.
- Que
por otro lado, este Tribunal observa que las resoluciones judiciales
cuestionadas se encuentran debidamente motivadas, conforme a los términos previstos
por el inciso 5) del artículo 139.º de la Norma Fundamental.
Así, la Sala
fundamenta debidamente su fallo al indicar: “Que asimismo de los anexos
1H y 1J se comprueba la estrecha relación existente entre las codemandadas
con motivo de la cesión de derechos que derivan del proceso Nº 13335-99,
para cuyo efecto la cedente Doris Agüero Cribillero legaliza su firma con fecha 18 de octubre
de 2000, hecho que desvirtúa la presunción de buena fe, que favorecía a
doña Cinthia Valenza
Mogollón con respecto al contrato de compraventa […], lo cual pone de
manifiesto la actuación concertada de las emplazadas con la demanda”,
declarando de ese modo fundada la demanda, en consecuencia, nula y sin
efecto legal la sentencia de fecha 19 de abril de 2002, que declara infundada
la demanda sobre nulidad de acto jurídico. Posteriormente al
interponer recurso de casación, se evidencia igual motivación por parte de
la Sala Suprema;
agregando que la resolución cuestionada no puede considerarse cosa juzgada
debido al acto fraudulento advertido, al haberse demostrado la connivencia
entre las demandadas en aquel proceso.
- Que
en consecuencia, la recurrente ha tenido la oportunidad de hacer uso de
todos los medios procesales que la
Ley contempla, no evidenciándose en el devenir del
proceso algún indicio que denote un trámite irregular de afectación a los
derechos constitucionales invocados. Se aprecia, más bien, un abierto
desacuerdo con los criterios adoptados por las instancias judiciales,
cuestionamiento cuya revisión no procede a través del proceso de amparo.
6.
Que sobre el
particular, cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha
dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya
han sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para
tal materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia
la violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr.
RTC Nº 0285-2009 PA/TC fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso
materia de análisis; máxime cuando a fojas 18,19 y de fojas 31 a 38 del primer cuaderno,
se observa que los órganos judiciales, al momento de sentenciar, merituaron debidamente las pruebas ofrecidas, dilucidando
de igual forma la controversia planteada respecto de la Nulidad de Cosa Juzgada
Fraudulenta. Por lo tanto, corresponde ratificar lo establecido por este
Supremo Tribunal en el sentido de que no corresponde a la jurisdicción
constitucional efectuar una nueva valoración de las pruebas y que cual si fuera
tercera instancia proceda a valorar su significado y trascendencia, pues obrar
de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC Nº 0728-2008 PHC/TC fundamento 38).
7.
Por consiguiente,
no habiéndose acreditado que los hechos alegados inciden en el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de aplicación
el artículo 5.1 de Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA