EXP. N.° 01780-2010-PHC/TC
LORETO
CARLOS ENRIQUE
MORALES GUZMÁN
A FAVOR DE
VÍCTOR RAÚL
ABENZUR RAMÍREZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 2 días del mes de
setiembre de 2010, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía
Ramírez, Beaumont Callirgos
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Carlos Enrique Morales Guzmán, a favor de
don Víctor Raúl Abenzur Ramírez, contra la sentencia
expedida por la Primera
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas
191, su fecha 26 de marzo de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de
marzo de 2010, don Carlos Enrique Morales Guzmán interpone demanda de hábeas
corpus a favor de don Víctor Raúl Abenzur Ramírez, y
la dirige contra el Jefe de la
División de Investigación Criminal-DIVINCRI, Comandante
Alfredo Chulle Purizaca, el
instructor SOB PNP Suárez y SOB PNP Vásquez pertenecientes a la División de Investigación
Criminal, encargados de las investigaciones por la presunta comisión del delito
contra la libertad en la modalidad de secuestro imputado al favorecido y otros
en agravio de don Hernán Pezo Rentaría, contra el
Fiscal de la Cuarta
Fiscalía Mixta de Maynas, doña Mery Aliaga Rezza, y contra el
Juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, don Enrique Panduro Reyes. Alega que el favorecido fue intervenido y
detenido en la ciudad de Contamana por el referido
delito, siendo conducido a la ciudad de Iquitos a efectos de esclarecer los
hechos ocurridos el 27 de febrero de 2010, que se sustentan en la detención
preliminar ordenada por el Cuarto Juzgado Penal de Maynas
mediante resolución N.º 1, de fecha 5 de marzo de
2010, por el plazo de 15 días, bajo el argumento de que el favorecido pertenece
a una organización criminal. Agrega que el favorecido fue notificado con la
detención el 6 de marzo de 2010, sin que exista flagrancia, y que de las
primeras investigaciones no se ha podido probar que pertenezca a una
organización criminal, además que en su calidad de abogado defensor del
favorecido se la ha impedido revisar los actuados, vulnerándose el ejercicio de
la defensa porque solamente se le ha concedido 10 minutos para que pueda
realizar la revisión del expediente argumentándose la reserva de la
investigación.
Realizada la sumaria investigación don Carlos Enrique Morales Guzmán se
ratifica en la demanda y agrega que el favorecido sigue detenido de manera
arbitraria. A su turno la emplazada doña Mery Lidia
Aliaga Rezza sostiene que dio instrucciones a la DIVINCRI para que a los
abogados defensores del favorecido se les dé todas las facilidades para el
ejercicio de la defensa en igualdad de armas con el Ministerio Público; que el
abogado defensor del favorecido un día antes había tenido acceso a toda la
investigación; y que el día 12 de marzo de 2010 también accedió a los actuados
por un lapso de 10 minutos pero como estaban en investigaciones lo citaron a
partir de las 6 de la tarde para que tenga acceso a dichas investigaciones; don
Alfredo Raúl Chulle Purizaca,
refiere que no se ha producido la detención arbitraria del recurrente, sino una
detención preliminar solicitada por la Cuarta Fiscalía de
Maynas al Cuarto Juzgado Penal de Maynas,
el cual expidió la resolución correspondiente donde indica los motivos de dicha
detención; don Elmer Oswaldo Suárez Díaz sostiene que
el favorecido se encuentra detenido por el delito de secuestro y otros y porque
pertenecía a una organización criminal, y don Ismael Eusebio Vásquez Colchado
señala que el favorecido fue detenido preliminarmente por orden del citado
juzgado por la comisión del delito de secuestro.
Con fecha 16 de marzo de 2010, el Sexto Juzgado Penal-Sede Central de Maynas declaró infundada la demanda, por considerar que el
favorecido fue detenido como consecuencia de una detención preliminar por el
plazo de quince días ordenada por el Cuarto Juzgado Penal de Maynas en mérito a una resolución debidamente motivada, y
que a su abogado defensor se le ha permitido la revisión del expediente por el
término de diez minutos.
La Sala Superior
confirmó la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la
demanda es que se disponga el cese de la detención del favorecido, por
considerarse que es arbitraria, pues no ha existido flagrancia.
Análisis del caso materia de controversia
constitucional
2.
La Constitución Política del Perú ha previsto en su
artículo 2º, inciso 24, parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede
reputarse a una restricción de la libertad como legítima o constitucional; así,
literalmente ha previsto que: “(…) Toda persona tiene derecho… a la libertad
y a la seguridad personal. En consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino
por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en
caso de flagrante delito (…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de
detención ha sido reservada a los órganos jurisdiccionales con motivo de un
proceso judicial o a la
Policía Nacional del Perú en cumplimiento de los roles que
previstos en el artículo 166º de la propia lex
legum, a saber, el de prevenir, investigar y
combatir la delincuencia.
3.
Se advierte, a
fojas 56 del cuaderno del Tribunal, que la cuestionada resolución N.º 57 de
fecha 5 de marzo de 2010 (f. 57 del cuaderno del Tribunal), que dispuso el
mandato de detención del recurrente y de otras personas, no fue impugnada, es
decir, la cuestionada resolución carece de firmeza al no haberse agotado los
recursos que otorga la ley para impugnarla, por lo que en este extremo la
demanda debe ser desestimada, en virtud del artículo 4º del Código Procesal
Constitucional.
4. Respecto a las argumentos de defensa y alegatos de irresponsabilidad, este
Tribunal ya ha señalado que no es función del juez constitucional determinar la
inocencia o responsabilidad penal a partir de un reexamen
o valoración de pruebas, lo cual resulta manifiestamente incompatible con la
naturaleza del proceso de hábeas corpus, dado que dicha valoración excede el objeto de
los procesos constitucionales de la libertad, por lo que este extremo también
debe ser desestimado, conforme a la previsión del artículo 5º, inciso 1) del
Código Procesal Constitucional.
5. En cuanto a la vulneración del derecho de defensa que
se denuncia, se debe precisar que el abogado defensor del favorecido ha tenido
acceso a la lectura de los actuados correspondientes al delito materia de
investigación (f. 28 y 227) y que ha podido ejercer la defensa del
beneficiario, toda vez que en su favor ha interpuesto la presente demanda de
hábeas corpus; en todo caso, la alegación del tiempo reducido de acceso al
expediente en modo alguno
conllevaría a la invalidación de la investigación o del proceso penal derivado
de aquella, pues ésta es una incidencia de carácter infraconstitucional.
Por lo tanto, en el
presente caso es de aplicación el artículo 2º, contrario sensu,
del Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda respecto a los fundamentos 3 y 4 supra.
2.
Declarar INFUNDADA
la demanda porque no se ha acreditado la vulneración al derecho de defensa en conexidad con el derecho a la libertad personal.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ