EXP. N.° 01830-2010-PA/TC

AREQUIPA

JULIA EDELMIRA

RÍOS DE MATTOS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 22 de julio de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Edelmira Ríos de Mattos contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 260, su fecha 15 de marzo de 2010, que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 8 de enero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 21836-2007-ONP/DC/DL 19990, que declaró caduca su pensión de invalidez definitiva, y que, consecuentemente, se restituya la pensión de invalidez que se le otorgó mediante Resolución 76047-2006-ONP/DC/DL 19990, con el abono de devengados.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye como un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de acuerdo a los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.

3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce; se concluye que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio deben encontrar debido sustento legal, así como una argumentación suficiente y razonable, para efectos de evitar la arbitrariedad en la intervención de este derecho.

4. Que considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la caducidad del derecho a la pensión de la recurrente, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

5. Que conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990, las pensiones de invalidez caducan Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe.

6. Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.

7. Que de la Resolución 76047-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 2 de agosto de 2006, se evidencia que a la demandante se le otorgó pensión de invalidez definitiva porque, según el Certificado de Discapacidad N.º 00009, de fecha 3 de mayo de 2006, emitido por el Hospital III Goyeneche, su incapacidad era de naturaleza permanente (f. 4).

8. Que no obstante, de la Resolución 21836-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 9 de marzo de 2007, se desprende que, de acuerdo con el Dictamen de Comisión Médica, la recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, por lo que se declara caduca la pensión de invalidez conforme al artículo 33 del Decreto Ley 19990 (f. 5).

9. Que la recurrente, para acreditar su pretensión, ha presentado el Certificado de la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades del Hospital Goyeneche, de fecha 10 de abril de 2007, del Hospital Goyeneche (f. 6), que diagnostica que padece de hipoacusia neurosensorial, dificultad para caminar, dependencia de máquina y dispositivo capac y polioartrosis, con un menoscabo de 77.5 %.

10. Que por consiguiente, este Colegiado estima que es necesario determinar fehacientemente el estado actual de salud de la recurrente y el grado de incapacidad que posee, ya que existe un grado de contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. En ese sentido, estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para que se acuda el proceso a que hubiere lugar.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI