EXP. N.° 01882-2008-PA/TC
HUAURA
AUTOMOTRIZ
GUERRA E.I.R.L.
RAZÓN DE RELATORÍA
En
el caso de autos, los votos emitidos en el sentido de declarar IMPROCEDENTE la demanda han alcanzado
la mayoría suficiente para formar resolución.
Así, los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos y
Calle Hayen, pese a tener sustentación diferente, concuerdan en el sentido del
Fallo, de modo que se ajustan a lo previsto en el artículo 5º -primer párrafo-
de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 9 de abril de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la
sentencia expedida por la
Corte Superior de Justicia de Huaura,
que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 25 de julio de 2006 la entidad demandante interpone
demanda de amparo contra la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, denunciando la vulneración de los derechos constitucionales a la
igualdad, a no ser discriminado por razón de condición económica o social, al
trabajo y a la libertad de contratación, por aplicación de las disposiciones
contenidas en el artículo 1º del Decreto Supremo N.º 017-2005-MTC, del 15 de
julio del 2005, los Decretos de Urgencia N.º 079-2000 y N.º 045-2000-MTC y el
Decreto Supremo N.º 045-2000-MTC, del 20 de setiembre del 2000, que disponen
nuevos límites a la importación de vehículos y autopartes usados.
2. Que el Primer Juzgado Civil de Barranca, mediante resolución de
fecha 15 de diciembre del 2006, declaró de oficio la nulidad del auto admisorio
de la demanda y en consecuencia improcedente la demanda, estando a que la
alegada vulneración de derechos se produce en la ciudad de Lima y que no se ha
acreditado que la demandante domicilie en la ciudad de Barranca.
3. Que la Sala
Civil de la
Corte Superior de Justicia de Huaura confirmó la apelada,
considerando que la improcedencia de la demanda se sustenta en la correcta
aplicación del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, el cual resulta
de aplicación inmediata a los procesos que se encuentran en trámite, por ser
norma de orden público.
Por las
consideraciones que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú,
RESUELVE, con el voto
en discordia de los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, que se agrega;
y los votos en mayoría de los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos y
Calle Hayen, que también se acompañan,
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
EXP. N.° 01882-2008-PA/TC
HUAURA
AUTOMOTRIZ
GUERRA E.I.R.L.
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes:
Petitorio de la demanda
- La empresa recurrente interpone
demanda de amparo contra la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción con la finalidad de que no se le impongan límites
a la importación de vehículos y autopartes usados ya que al habérsele
aplicado las disposiciones contenidas en el artículo 1º del Decreto
Supremo N.º 017-2005-MTC del 15 de julio del 2005, los Decretos de
Urgencia N.º 079-2000 y N.º 045-2000-MTC y el Decreto Supremo N.º
045-2000-MTC, del 20 de setiembre de 2000 se le ha vulnerado sus derechos
constitucionales a la igualdad, a no ser discriminado en razón de
condición económica o social, al trabajo y a la libertad de contratación.
- El Primer Juzgado Civil de
Barranca declaró de oficio la nulidad del auto admisorio de la demanda y,
realizando una nueva calificación de la demanda, la declaró improcedente
considerando que la empresa demandante señala que la vulneración de sus derechos
se produce en la ciudad de Lima y que no se ha acreditado que la
demandante domicilie en la ciudad de Barranca.
La Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Huaura confirmó la apelada
considerando que la demanda es improcedente en aplicación del artículo 51º
Código Procesal Constitucional, el que resulta de aplicación inmediata a los
procesos que se encuentran en trámite por ser norma de orden público.
- En tal sentido debe entenderse
que la demanda fue rechazada liminarmente, es decir se declaró su
improcedencia de plano por las razones expuestas en el fundamento 2.
Entonces tenemos que el recurso de agravio constitucional está referido al
auto de rechazo liminar, debiendo este tribunal, por el principio de limitación, sólo pronunciarse por su
confirmatoria o su revocatoria.
- Cabe señalar que el proyecto que
se presenta a mi vista expresa que “al
no tratarse de una resolución denegatoria que declare infundada o
improcedente la demanda incoada, corresponde declarar la nulidad del
concesorio del recurso de agravio constitucional”.
Respecto a ello debo señalar que existe un error de apreciación
puesto que se considera que el pronunciamiento de las instancias precedentes no
ha sido ni por improcedente ni por infundada puesto que el juez de primera
instancia al declarar la nulidad del auto admisorio regresó a la etapa de
calificación –es decir admitir o no la demanda a trámite- declarando su
improcedencia liminar en atención a la falta de competencia del juzgado por
razón de territorio, lo que significa que no hay proceso ni demandado. La Sala Superior al
confirmar la apelada ratificó el auto de rechazo liminar, es decir su
improcedencia liminar. Por ello no se explica por qué la resolución en mayoría
señala que la recurrida no es una resolución denegatoria –improcedente o
infundada- puesto que el rechazo liminar implica la improcedencia de plano de
la demanda, sin la posibilidad de este Tribunal revisor de una decisión de
fondo.
En tal sentido considero que debe expresarse si verdaderamente
existe o no competencia para poder ingresar al fondo de la controversia. Si es
que el Tribunal Constitucional considerara fundada la demanda en atención a que
sí existe competencia por parte del juzgado de Lima, debería en consecuencia
revocar el auto cuestionado y ordenar se admita a trámite la demanda para que
se dilucide el fondo de la pretensión; de lo contrario no quedaría sino
confirmar el auto de rechazo liminar y en consecuencia declarar la
improcedencia de la demanda.
- En el presente caso no voy a
analizar si el juzgado de Lima es competente o no porque se trata de una
sociedad mercantil la que al demandar invade una sede que le corresponde
al conflicto que trae pues su innegable interés de lucro tiene en el campo
civil una vía igualmente satisfactoria.
-
En la causa N.º 00901-2007-PA/TC emití un fundamento de voto en el
que expresé que:
Titularidad de los derechos fundamentales
“La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo
1º-parte de derechos fundamentales- que “La defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.”
agregando en su artículo 2º que “toda persona tiene derecho ….”, refiriendo en
la aludida nómina derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la
que hace referencia sin lugar a dudas el citado artículo 1º.
El Código Procesal
Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al referirse a
la interpretación de los Derechos Constitucionales, que “El contenido y
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados
en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos así como las
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos,
constituidos por tratados de los que el Perú es parte.”
De lo expuesto en el
fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen que
ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que
el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos.
Entonces debemos
remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar los
derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La Declaración Universal
de Derechos Humanos, como su misma denominación señala, declara derechos
directamente referidos a la persona humana, precisando así en su artículo 1º
que: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, nominando
en el artículo 2º la enumeración de los derechos que se les reconoce.
También es importante
señalar que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos -“Pacto de San
José de Costa Rica”- expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe
entenderse que persona es todo ser humano”, haciendo referencia marcada
al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición
internacional están referidos sólo a la persona humana.
En conclusión extraemos
de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los derechos
referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas
acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro
Código Procesal Constitucional.
Por ello es que
expresamente el artículo 37º del Código Procesal Constitucional señala que los
derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el artículo 2º
de la
Constitución Política del Perú, referida obviamente a
los derechos de la persona humana, exceptuando el derecho a la libertad
individual porque singularmente dicho derecho está protegido por el proceso de
hábeas corpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y hábeas data
para los que la ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto
traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso
de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos
fundamentales directamente relacionados a la persona humana.
De lo expuesto queda
claro que cuando la
Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace con
las particularidades anotadas pensando en la persona humana, esto es en el ser
humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran
canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él
quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede
constitucional.
La Persona Jurídica.
El Código Civil en su
Libro I desarrolla el tema de “personas” colocando en la Sección Primera
a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda
a las Personas Jurídicas.
Esto quiere decir que
nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación precisando
los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas
morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre
de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero
con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que
crearon dicha “persona” ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la
“persona jurídica” tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las
personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar
que los fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas
naturales que la formaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses
comunes, y que conforman un interés propio y distinto a los intereses
personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro el
aludido conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de persona
jurídica.
Las personas jurídicas
que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los
capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades
que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción
de sus aportes. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona
jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales.
Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se
les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses
patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del
conflicto, teniendo en cuenta prima
facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la
defensa y protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto
de la
Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas
cada vez que ven afectados sus intereses económicos, teniendo a su alcance el
proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio, suelen recurrir,
interesadamente, al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo
y excluyente de la persona humana. Esta determinación arbitraria, además
de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a rebasar la
capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos sectores
de la sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no tiene este
colegiado.
En el caso de las
personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece
la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de
sus integrantes como el caso de las asociaciones para las que la ley destina un
proceso determinado en sede ordinaria.
Por lo precedentemente
expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen también derechos
considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez
que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan servirse para traer sus
conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que
preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional
exclusivamente para la solución de conflictos en temas de solo interés de la
persona humana.
De lo expuesto concluyo
afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo demandas de amparo
presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida ya que
ello ha traído como consecuencia la “amparización” fabricada por empresas para
la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la
sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos
sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente voto
pretendemos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando
por excepción eventuales casos en los que la persona jurídica no tenga a donde
recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total para defenderse
de la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su
existencia.”
En el presente caso
- De autos se observa que la
empresa demandante tiene como objetivo principal la continuidad de sus
actividades económicas, como es la importación de vehículos usados, motivo
por el cual solicita la inaplicación de una serie de dispositivos legales
que le afectan en el exclusivo interés patrimonial que defiende, cualquiera
sea la etiqueta constitucional que al efecto utilice.
- En el presente caso tenemos que
la demandante es una empresa que tiene finalidad lucrativa, buscando de
cualquier forma el continuar sus actividades sin ningún tipo de
restricciones, lo que es inaceptable puesto que las normas que se
cuestionan han sido dictadas en base a bienes jurídicos superiores como
son el derecho a la vida y a la integridad física de los ciudadanos, por
lo que no se puede sostener que la limitación impuesta por la norma, per se, afecta derechos
constitucionales, puesto que ello significaría vivir en una sociedad sin
restricciones, sin autoridad alguna, lo que traería como consecuencia el
caos y el desorden. Cabe mencionar que en casos como el presente he
ingresado al fondo, pero debe tenerse presente que dichos pronunciamientos
han sido posteriores a este caso, por lo que es preciso señalar que pese a
que en temas como el presente he ingresado al fondo, al ser este caso
antiguo y al haberse dilatado el proceso no he podido variar mi
pronunciamiento inicial al ser de conocimiento de las partes por haberse
producido una discordia.
- En tal sentido estimo que no se
puede amparar la pretensión de la empresa demandante por los fundamentos
expuestos.
En
consecuencia es por estas razones que considero que la demanda debe ser
declarada IMPROCEDENTE.
SR.
JUAN
FRANCISCO VERGARA GOTELLI
EXP. N.° 01882-2008-PA/TC
HUAURA
AUTOMOTRIZ
GUERRA E.I.R.L.
VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO
BEAUMONT CALLIRGOS
Con el debido
respeto por el voto emitido por los Magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda
y por el voto singular del Magistrado Vergara Gotelli, en la presente causa me
adhiero al voto del Magistrado Calle Hayen, en tanto la demanda de amparo fue
interpuesta el 25 de julio de 2006 en la ciudad de Barranca cuando la parte
demandante no contaba con domicilio en dicho lugar; y tampoco en la mencionada
ciudad se produjo la afectación del derecho fundamental invocado, y menos aún
corresponde al domicilio del presunto autor de la infracción, lo que configura,
según lo dispuesto en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional
–vigente al momento en que se fijaron las reglas de competencia – que la
demanda se haya presentado ante un juez incompetente, sobretodo si se tiene en
cuenta que está acreditado que el domicilio de la demandante es la ciudad de
Lima.
Por lo indicado, mi voto es porque se
declare IMPROCEDENTE la demanda.
S.
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.° 01882-2008-PA/TC
HUAURA
AUTOMOTRIZ
GUERRA E.I.R.L.
VOTO
DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN
Viene a mi despacho para dirimir la presente controversia; al
respecto emito el presente voto:
1.
Con fecha 25 de julio del
2006, la persona jurídica de Automotriz Guerra E.I.R.L. representada por doña
Rita Magali Nakamine Flores, y Luzmila Ramos Carrasco, interpone demanda de
amparo contra la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, denunciando la vulneración de los derechos constitucionales a la
igualdad, a no ser discriminado por razón de condición económica o social, al
trabajo y a la libertad de contratación, por aplicación de las disposiciones
contenidas en el artículos 1º del Decreto Supremo N.º 017-2005-MTC del 15 de
julio del 2005, los Decretos de Urgencia N.º 079-2000 y N.º 045-2000-MTC, y
Decreto Supremo N.º 045-2000-MTC del 20 de septiembre del 2000, que disponen
nuevos límites a la importación de vehículos y autopartes usados.
2.
Que es de verse del recurso
de agravio, que la pretensión esta dirigida a que se declare nula la resolución
N.º 2 de fecha 15 de diciembre del 2006,emitida por el Juez del Primer Juzgado
Civil de Barranca que resolvió declarar nula la resolución que admite la
demanda e improcedente la demanda, al considerar que no es competente para
conocer el proceso de amparo por razón de territorio, toda vez que la supuesta
afectación del derecho se efectuó en la ciudad de Lima, no habiendo acreditado
la recurrente tener domicilio en la ciudad de Barranca.
3.
Que de la Escritura Pública
de constitución de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, denominada
“Automotriz Guerra E.I.R.L.”, corriente de fojas 1 al 6 de autos, se puede
advertir que nos encontramos frente a una Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada, denominada “Automotriz Guerra E.I.R.L.” cuyo domicilio tanto de la persona jurídica
como del titular del negocio se encuentra fijado en la ciudad de Lima; que las
representantes legales designan en la demanda como su domicilio la Ciudad de Barranca; también
es cierto que de sus documentos de identidad cuyas copias corren a fojas 38 y
44, aparece que ambas domicilian en la
ciudad de Lima.
4.
Que si bien es cierto la
escritura de constitución lo faculta a constituir sucursales en cualquier lugar
de la República,
también es cierto que a la fecha de interposición de la demanda, la persona
jurídica demandante no contaba con domicilio en la ciudad de Barranca, y ello
se corrobora con las instrumentales que
corren de fojas 374 al 380, mediante la cual se acredita que las representantes
legales vienen efectuando trámites de cambio de zonificación de residencia a
comercio en razón al negocio en giro de venta de motores de vehículos y
repuestos en general a partir del 11 de enero del 2007, esto es con
posterioridad inclusive a la fecha que se resolvió declarar improcedente la
demanda.
5.
Que el Código Procesal
Constitucional en su artículo 51º ha precisado que “ Es competente para conocer
del proceso de amparo (….), el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el
derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del
demandante”; siendo esto así, estando acreditado que la demandante tiene como
domicilio la ciudad de Lima, el Juez de Barranca de la Jurisdicción
de la Corte Superior
de Huaura por razón de territorio no es el competente para el conocimiento de
la demanda de amparo.
Por las
consideraciones expuestas mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda.
S.
Calle Hayen
EXP. N.° 01882-2008-PA/TC
HUAURA
AUTOMOTRIZ
GUERRA E.I.R.L.
VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ
Y ÁLVAREZ MIRANDA
Visto el
recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la Corte Superior de
Justicia de Huaura, que declaró
improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente
voto:
1. La entidad demandante interpone demanda de amparo contra la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, denunciando la
vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad, a no ser
discriminado por razón de condición económica o social, al trabajo y a la
libertad de contratación, por aplicación
de las disposiciones contenidas en el artículo 1º del Decreto Supremo N.º
017-2005-MTC del 15 de julio del 2005, de los Decretos de Urgencia N.º 079-2000
y N.º 045-2000-MTC, y del Decreto Supremo N.º 045-2000-MTC, del 20 de setiembre
del 2000, que disponen nuevos límites a la importación de vehículos y
autopartes usados.
2. El Primer Juzgado Civil de Barranca, mediante resolución de fecha
15 de diciembre del 2006, declaró de oficio la nulidad del auto admisorio de la
demanda y, en consecuencia, improcedente la demanda, considerando que la
alegada vulneración de derechos se produce en la ciudad de Lima, y que no se ha
acreditado que la demandante domicilie en la ciudad de Barranca.
3. La Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Huaura confirmó la apelada,
considerando que la improcedencia de la demanda se sustenta en la correcta
aplicación del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, el cual resulta
de aplicación inmediata a los procesos que se encuentran en trámite, por ser
norma de orden público.
4. Tal como se aprecia de autos, la demandante no tiene domicilio
social o sede principal en la ciudad de Barranca, como lo reconoce la propia
recurrente en fojas 387, donde señala que tiene comercial en dicha ciudad,
contando por tanto “con sucursal o subsidiaria de la tienda principal de la
ciudad de Lima”. De igual forma, en fojas 7, se aprecia la inscripción pública
de la empresa demandante donde se señala como domicilio principal la ciudad de
Lima. De ello concluimos que estando el domicilio principal de la demandante en
la capital, corresponde a la
Corte Superior de Justicia de dicha jurisdicción conocer la
presente causa.
5. El artículo 51º del Código Procesal Constitucional señala que “Es
competente para conocer del proceso de amparo (…) el Juez civil o mixto del
lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el
afectado, a elección del demandante”.
Por tanto, habiendo la recurrente interpuesto demanda de amparo ante el
Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de
Justicia de Huara, juzgado que resulta ser incompetente para tramitar el
presente proceso de amparo, consideramos que debe declararse improcedente la
demanda.
Por estas
consideraciones, nuestro voto es por declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional,
disponiendo que la competencia y conocimiento de este proceso sea a cargo del
juez constitucional competente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Sres.
MESÍA RAMÍREZ
ÁLVAREZ MIRANDA