EXP. N.º 01992-2010-PHC/TC

LORETO

EDWIN TONY

FÉLIX DEL AGUILA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Arequipa), a los  15 días del mes de julio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

 ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Janeth Camiñas Ríos, a favor de don Edwin Tony Félix del Águila, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 57, su fecha 28 de abril de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de abril de 2010 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Director del Establecimiento Penal de Varones de Iquitos, señor Julio Falcón Cruzado, solicitando que se deje sin efecto el traslado del favorecido al penal de Chachapoyas.

 Refiere la recurrente que el beneficiado fue sentenciado a 4 años de prisión efectiva por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización, pena que ha venido purgando en el Establecimiento Penal para Varones de Iquitos, y que el 14 de abril de 2010 en horas de la mañana fue trasladado por vía aérea al penal de Tarapoto para luego ser trasladado al penal de Chachapoyas, donde fue objeto de agresiones como golpes de palo en diferentes partes del cuerpo, siendo encadenado en los pies y esposado, por lo que recibió un trato cruel e inhumano al negarse al traslado arbitrario. Solicita que se ordene el inmediato retorno del beneficiado al Establecimiento Penal de Varones de Iquitos a fin de que cumpla su condena.       

            Realizada la investigación sumaria la recurrente se ratifica en los términos de la demanda. El emplazado, a su turno, señala que se ha dado cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 051-2010 –INPE/21, emitida por el Director Regional Henry Arévalo de la Oficina Nor Oriente de San Martín, de la cual depende directamente, y que son funciones de las oficinas regionales planear, organizar, coordinar y ejecutar las acciones operativas regionales del traslado de internos; agrega  que el traslado se hizo al amparo del artículo 159º, inciso 9) del Decreto Supremo 15-2003-JUS y que no se ha privado ni violado ningún derecho del beneficiado, pues se ha garantizado el respeto a su dignidad, integridad física y seguridad.

            El Primer Juzgado Penal de Maynas, con fecha 20 de abril de 2010, declaró infundada la demanda, por considerar que la medida adoptada no constituye una violación de los derechos de los internos, por lo que no se ha vulnerado los derechos contenidos en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional.

La Segunda Sala Penal de Loreto confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que en sede constitucional se disponga el inmediato retorno del beneficiado del Establecimiento Penal de Chachapoyas al Establecimiento Penitenciario de de Iquitos,  lugar donde ha venido purgando la pena de prisión efectiva por el delito de tráfico ilícito de drogas.

2. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el caso Alejandro Rodríguez Medrano, Expediente N.º 0726-2002-HC/TC, que “el traslado de los internos de un establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto inconstitucional. En efecto, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos”. Puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente, siendo requisito sine qua non, en cada caso concreto, que el cuestionado agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad sea ilegal o arbitrario.

3. El artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional prevé el denominado hábeas corpus correctivo, estableciendo que procede para tutelar “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena”. Por tanto, procede ante actos u omisiones que comporten violación o amenaza de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, del derecho a la visita familiar y, de manera muy significativa, del derecho al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, cuando se ha determinado el cumplimiento de un mandato de detención provisional o de pena (Cfr. STC 590-2001-HC/TC, STC 2663-2003-HC/TC y STC 1429-2002-HC/TC).

4. Al respecto el Código de Ejecución Penal señala en su artículo 2.° que el interno “es ubicado en el establecimiento que determina la Administración Penitenciaria”, precisándose en el artículo 159.° del Reglamento del Código de Ejecución Penal los motivos legales que sustentan la ejecución del traslado del interno de un establecimiento penitenciario a otro.

5. En el presente caso corre en los autos a fojas 17 la Resolución Directoral 051-2010-INPE/21, de fecha 5 de abril de 2010, en la que se señala que por razones de seguridad penitenciaria se dispone el traslado de internos, entre ellos el beneficiado, del Establecimiento Penitenciario de Iquitos al Establecimiento Penitenciario de Chachapoyas, y hace referencia a que en el Informe Nº 030-2010-INPE-21-721-JDS se comunica que el beneficiado constantemente desobedece las disposiciones de seguridad, que está involucrado en la venta de sustancias tóxicas y psicotrópicas, así como de bebida fermentada, chicha y destilado, y que en el interior de su respectivo pabellón atenta contra el principio de autoridad, por lo que propone su traslado. Atendiendo a ello, no se configura la violación del derecho del beneficiado a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condición en que cumple la detención, en conexidad con el derecho a la libertad personal.

6. Por otro lado de autos no se acredita las agresiones a que hace referencia la recurrente con motivo del traslado del beneficiado.

7. En consecuencia la demanda debe ser desestimada, al no haberse acreditado la afectación a los derechos fundamentales cuya tutela se exige a través del presente hábeas corpus, siendo de aplicación, contrario sensu, el artículo 2ºdel Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.     

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI