EXP. N.° 02013-2010-PA/TC
PIURA
DORIS PRADO
DE CAMIZAN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Arequipa), a los
21 días del mes de julio de 2010,
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por doña Doris Prado de Camizan contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de
julio de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo contra
La emplazada contesta la demanda manifestando que la recurrente fue contratada para prestar servicios de limpieza pública, parques y jardines, para lo cual suscribieron contratos bajo la modalidad de locación de servicios, y posteriormente contratos administrativos de servicios. Señala la entidad demandada que la demandante no prestó servicios de forma ininterrumpida, y que su último contrato fue de sólo dos meses, por lo que no había superado el periodo de prueba.
El Tercer Juzgado Civil de Piura, con fecha 28 de septiembre de 2009, declaró fundada, la demanda, por considerar que la demandante ha sido objeto de un despido incausado, y ordena su reposición en el cargo que venía desempeñando.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio de la demanda
1. El petitorio tiene por objeto que se deje sin efecto el despido de que ha sido objeto la recurrente; y que, por consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo por haber sido despedida arbitrariamente, pese a que mantenía una relación laboral de naturaleza indeterminada, pues se había producido las desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos desde febrero de 2007.
Procedencia de la demanda de amparo
2.
En atención a los criterios
de procedibilidad de las demandas de amparo relativas
a materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos
Análisis de la cuestión controvertida
3. En el presente caso se debe determinar si la prestación de servicios que realizó la recurrente mediante contratos de locación de servicios, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, puede ser considerada como un contrato de trabajo de duración indeterminada, porque de ser así, la demandante sólo podía ser despedida por causa justa prevista en la ley.
4. Este Tribunal en uniforme jurisprudencia ha señalado que las labores de un operario de limpieza pública no pueden ser consideradas como eventuales debido a que son de naturaleza permanente, y están sujetas a un horario de trabajo y a un superior jerárquico.
5. Como se advierte del Informe Nº 366-2009-RTR-OL-USA/MPP, de fecha 8 de agosto de 2009, que obra a fojas 46 de autos, de los comprobantes de pago y de los cheques que obran de fojas 3 a 28 de autos, la demandante se desempeñó como obrera de limpieza pública, esto es, que realizó una labor que es propia de los gobiernos locales; prestando sus servicios de manera personal, bajo subordinación y con sujeción a un horario de trabajo.
6. Tanto la demandante como la entidad demandada han señalado en autos que hubo algunas interrupciones en los servicios prestados por la demandante; por tanto, se tendrá en cuenta para dilucidar la controversia el último período del récord de servicios de la recurrente, el mismo que se efectuó de febrero a julio de 2009, en la modalidad de “servicios prestados por terceros”, por según lo indicado en el referido Informe Nº 366-2009-RTR-OL-USA/MPP, de fecha 8 de agosto de 2009, que obra a fojas 46 de autos. Por lo que, respecto al período de prueba, debe tenerse presente que esta exigencia se ha cumplido, puesto que antes del periodo de servicios comprendido entre febrero a julio de 2009, la recurrente ya había trabajado para la emplazada desempeñando la misma labor, tal como se advierte de los comprobantes de pago, de los cheques, y del referido informe antes señalados que obran en autos.
7. En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que habida cuenta que la recurrente tenía un contrato a plazo indeterminado, solamente podía ser cesada o destituida por la comisión de falta grave, una vez seguido el procedimiento establecido en el artículo 31º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, situación que no ha sucedido; configurándose, por tanto, un despido incausado, vulneratorio del derecho al trabajo; por lo que la demanda debe estimarse, respecto al extremo principal del petitorio.
8. En cuanto al pago de remuneraciones dejadas de percibir, debe declararse improcedente, dado su carácter indemnizatorio, aunque dejando a salvo el derecho para que pueda hacerse valer en la vía correspondiente.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.
2.
ORDENAR que
3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI