EXP. N.° 02062-2009-PA/TC
LIMA
MÁXIMO EGOAVIL
QUISPE
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima (Arequipa), 3 de marzo de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Máximo Egoavil Quispe contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 105, su fecha 10 de octubre de 2008, que declaró
improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que el demandante
interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional
(ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la notificación de fecha 23
de enero de 2007, por la cual se señala que los beneficios y/o aumentos
otorgados a su pensión de renta vitalicia por conceptos de aumento de febrero
de 1992 y aumento de costo de vida, vienen siendo pagados en su pensión de
jubilación por el Decreto Ley 19990, por lo que serán deducidos de su pensión
de renta vitalicia; en consecuencia, solicita que se restituya los beneficios
recortados a su pensión de renta vitalicia otorgada conforme al Decreto Ley
18846, así como los reintegros e intereses legales correspondientes.
2.
Que este Colegiado
en la STC
02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha precisado los criterios
respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales).
3.
Que respecto a la
pretensión planteada por el demandante, se desprende que ésta se encuentra
dirigida a que los aumentos y/o beneficios otorgados por conceptos de aumento
de febrero de 1992 y costo de vida se continúen abonando a su pensión de renta
vitalicia, pues considera que la notificación de la ONP, que impugna, que
contraviene lo estipulado en la
Ley 28110 su derecho a la pensión.
4.
Que este Colegiado
advierte que la pretensión no puede ser dilucidada mediante el proceso de
amparo, toda vez que la documentación obrante en autos no permite determinar si
los descuentos hechos por la ONP
a la pensión del actor han sido efectuados indebidamente por la entidad
demandada, o si, por el contrario, son correctamente deducidas de la pensión de
renta vitalicia que percibe el demandante.
5.
Que en tal sentido,
se evidencia que para el esclarecimiento de la controversia se requiere
de un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, esto de conformidad con
el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, correspondiendo por ello
desestimar la demanda.
Por estas consideraciones, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ