EXP.
N.° 02154-2009-PA/TC
LIMA
FRANCISCA
LILIA
VÁSQUEZ
ROMERO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Lima (Arequipa), 10 de junio de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Francisca Lilia Vásquez Romero contra la
resolución de fecha 17 de diciembre del 2008, fojas 80 del segundo cuaderno,
expedida por la Sala
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República
que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 13 de
septiembre del 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Estado
Peruano, el juez a cargo del Segundo Juzgado Civil del Santa, doctor Bernabé
Zúñiga Rodríguez, la
Secretaria del Segundo Juzgado Civil del Santa, doctora Hilda
Vásquez Janada; los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia del Santa - Chimbote, doctores Walter Ramos Herrera, Raúl Serafín
Rodríguez Soto, Jesús Sebastián Murillo Domínguez y Miguel Armando Sánchez
Cruzado, solicitando: i) reponer el cuaderno de excepciones al estado anterior
a la emisión de la resolución N.º 2, de fecha 14 de diciembre del 2005, y se
declare fundadas las excepciones propuestas y nulo todo lo actuado; ii) se archive el fraudulento proceso N.º 2005-1098
(reasignado con el número 2005-1069); y iii) se le
indemnice pecuniariamente por el daño que se le ha causado. Sostiene que a
pesar de ser vencedora en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero
(contenida en letra de cambio) seguido contra Manuel Javier Castro Ávalos y otros, fue emplazada por Manuel Javier Castro Ávalos y Otros, quienes interpusieron en su contra demanda
de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (Exp. N.º
2005-1098) por ante el juzgado demandado, quien desestimó sus excepciones
planteadas (cosa juzgada, falta de legitimidad para obrar del demandante,
caducidad, representación defectuosa, oscuridad y ambigüedad de la demanda),
decisión que fue confirmada luego por la Sala demandada. Refiere que la desestimación de
las excepciones planteadas en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
vulnera su derecho al debido proceso pues el excepcionado, al momento de
absolverlas, no adjuntó la prueba de abuso de firma en blanco que
agravie su derecho patrimonial; motivo por el cual alega que se ha debido de
estimar todas sus excepciones planteadas y dar por concluido el proceso.
2.
Que con resolución
de fecha 11 de junio del 2008 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia del Santa declara infundada la demanda por
considerar que no se ha evidenciado la afectación de derecho constitucional
alguno. A su turno, la Sala
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República
confirma la apelada por considerar que la desestimación de las excepciones
propuestas por la recurrente per se no
constituye vulneración de los derechos constitucionales invocados en la
demanda.
3.
Que de autos se
desprende que la recurrente fundamenta su demanda en la supuesta vulneración de
su derecho al debido proceso, aduciendo que los órganos judiciales demandados,
al desestimar las excepciones planteadas en el proceso de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, debieron evaluar y merituar
al menos la prueba de abuso de firma en blanco que agravie el derecho
patrimonial del demandante, documento que ni siquiera fue ofrecido al
absolverse el traslado de las excepciones planteadas.
4.
Que sobre el particular, cabe recordar que este Colegiado, en reiterada
jurisprudencia ha dejado establecido que los procesos constitucionales no
pueden articularse para reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios
ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por las instancias
judiciales competentes para tal materia, a menos, claro está, que de dichas
actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta de algún derecho
fundamental (Cfr. RTC N.º 02585-2009-PA/TC, fundamento 3),
situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis, pues a fojas 9 a 13 del primer
cuaderno se tiene acreditada la responsabilidad penal de la recurrente por la
comisión del delito de defraudación - abuso de firma en blanco (letra de
cambio) en agravio de Manuel
Javier Castro Ávalos y otros, todo lo cual advierte a
este Tribunal de la existencia de perjuicio patrimonial causado al
demandante del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y, por ende,
justificaría la desestimación de las excepciones planteadas por la recurrente.
Por tanto, corresponde ratificar lo establecido por este Supremo Tribunal en el
sentido de que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva
valoración de las pruebas y de que, cual si fuera tercera instancia, proceda a
valorar su significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa
sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N.º 00728-2008-PHC/TC, fundamento 38).
5.
Que en
consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del
artículo 5.º, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli,
que se agrega
RESUELVE
1.
REVOCAR las resoluciones de fechas 11
de junio del 2008 y 17 de diciembre del 2008; en consecuencia.
2.
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
EXP.
N.° 02154-2009-PA/TC
LIMA
FRANCISCA
LILIA
VÁSQUEZ
ROMERO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO JUAN VERGARA GOTELLI
Emito el presente fundamento de voto por las
siguientes consideraciones:
1.
Viene a
conocimiento de este Tribunal Constitucional el recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Francisca Lilia Vásquez Romero contra la Resolución P.A.
2300-2008 de la Sala
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
de fojas 80, segundo cuaderno, su fecha 17 de diciembre de 2008, que declara
infundada la demanda de autos.
2. La
recurrente interpone demanda de amparo contra el Estado Peruano, el Juez a
cargo del Segundo Juzgado Civil del Santa, don Bernabé Zúñiga Rodríguez, la
secretaria del referido Juzgado, doña Hilda Vásquez Janada
y contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Santa con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 2 de fecha
14 de diciembre de 2005, que declara infundadas las excepciones deducidas por
la ahora recurrente, y las Resoluciones 6 y 7, de fechas 16 de junio de 2006 y
12 de julio de 2006, respectivamente, que confirman la apelada, (dichas
resoluciones expedidas en el cuaderno de excepciones), y que en consecuencia,
solicita se reponga las cosas al estado anterior de la emisión de dichas
sentencias y se declare fundadas las excepciones propuestas y nulo todo lo
actuado, se archive el fraudulento proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta (Exp. 2005-1098, el cual fue reasignado con el número 2005-1069), y
se le indemnice pecuniariamente por el daño que se le ha causado.
Sostiene que a pesar de ser vencedora en el proceso sobre obligación de dar
suma de dinero (contenida en letra de cambio) contra Manuel Javier Castro Avalos y otros, son éstos quienes interponen en su contra
la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta ante el Juzgado demandado el
cual desestimó las excepciones planteadas por su persona (cosa juzgada, falta
de legitimidad para obrar del demandante, caducidad, representación defectuosa,
oscuridad y ambigüedad de la demanda), decisión que fue confirmada luego por la Sala demandada. Señala que al
desestimar las excepciones deducidas en el proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta se esta vulnerando su derecho al debido proceso pues el
excepcionado, al momento de absolverlas, no adjuntó la prueba de abuso de firma
en blanco que agravie su derecho patrimonial, motivo por el cual alega que se
ha debido de estimar dichas excepciones y dar por concluido el
proceso.
Contestación
de la demanda
3. El
Vocal de la Segunda Sala
Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, don Jesús Murillo Domínguez,
deduce la excepción de prescripción, y sin perjuicio de ello contesta la
demanda expresando las resoluciones cuestionadas han sido expedidos dentro de
un proceso regular y conforme a ley.
El Procurador Público Adjunto de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contesta la demanda manifestando que lo pretendido por la parte
demandante no es susceptible de ser estimada en el proceso de amparo pues ello
implicaría otorgar protección mediante los procesos constitucionales a derechos
que carecen de un sustento constitucional directo, asimismo, señala que la vía
del amparo no es un proceso por el cual se pueda realizar un reexamen del proceso ordinario más aún cuando éste último
se ha realizado conforme a ley.
Pronunciamiento
de las instancias inferiores
4. La Segunda Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia del Santa declara infundada la demanda por
considerar que no se ha evidenciado la afectación de derecho constitucional
alguno. A su turno, la Sala
revisora confirma la apelada por estimar que la desestimación de las
excepciones propuestas por la recurrente per
se no constituye vulneración de los derechos constitucionales invocados en
la demanda.
5. En
el presente caso, se tiene que las instancias judiciales inferiores han
realizado un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión solicitada por
la recurrente, esto es, han convertido al proceso de amparo en una suerte de supra instancia capaz de reexaminar lo resuelto en un
proceso de la vía ordinaria contraviniendo así la naturaleza de los
procesos constitucionales, lo que es menester desterrar, pues como he
mencionado en reiteradas oportunidades, el proceso de amparo no puede
destinarse a la revisión de los hechos o a la valoración de los medios
probatorios ofrecidos que han sido previamente compulsados en las instancias
judiciales de un proceso ordinario.
6. En
tal sentido, estoy de acuerdo que el proyecto puesto a mi vista que señala en
su fundamento 4, supra: “ (…) Por tanto,
corresponde ratificar lo establecido por este Supremo Tribunal en el sentido de
que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva
valoración de las pruebas y de que, cual si fuera tercera instancia, proceda a
valorar su significado y trascendencia, pues obrar de este modo significa
sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr.
STC 0728-2008-PHC/TC, fundamento 38)”.
Por las consideraciones antes expuestas mi
voto es porque la presente demanda se declare IMPROCEDENTE.
Sr.
VERGARA GOTELLI