EXP. N.° 02209-2009-PA/TC
AREQUIPA
FÉLIX MARTÍNEZ
AGUILAR
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de abril de 2010, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía
Ramírez, Beaumont Callirgos
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Félix Martínez Aguilar contra la sentencia
expedida por la Cuarta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
266, su fecha 24 de diciembre de 2008, que declaró infundada la demanda de
autos.
ANTECEDENTES
El demandante
interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional
(ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución
87629-2005-ONP, de fecha 4 de octubre de 2005, la cual le otorga pensión de
invalidez, y que, en consecuencia, emita nueva resolución otorgándole pensión
de jubilación minera bajo los alcances del Decreto Ley 19990, concordante con la Ley 25009, con el pago de las
pensiones devengadas. Manifiesta haber laborado en la modalidad de tajo abierto
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
La emplazada contesta la demanda expresando que existen vías procedimentales
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho
vulnerado, conforme al artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. Señala que el actor no cumple
los requisitos para acceder a una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009, más aún cuando no
ha acreditado haber estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e
insalubridad.
El Octavo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 17 de marzo de 2008, declara
infundada la demanda, por considerar que con los documentos adjuntados por el
demandante se desprende que éste realizó labores en la modalidad de centros de
producción minera, no cumpliendo por ello con los requisitos establecidos en
los artículo 1 y 2 de la Ley
25009, antes del 18 de diciembre de 1992.
La Sala Superior
revisora confirma la apelada por similar fundamento.
FUNDAMENTOS
1. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha
señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el
derecho fundamental a la pensión las disposiciones que establecen los
requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe
estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.
Delimitación
del petitorio
2. El
demandante pretende el cambio de la pensión de invalidez que percibe por una pensión
completa de jubilación minera bajo los alcances del Decreto Ley 19990,
concordante con la Ley
25009, así como el pago de las pensiones devengadas. En consecuencia, aun
cuando en la demanda se cuestiona el tipo de prestación otorgada, este
Colegiado estima pertinente efectuar su verificación por las especiales
circunstancias del caso (grave estado de salud del actor), a fin de evitar
consecuencias irreparables, conforme al supuesto de excepción previsto en el
fundamento 37.c) de la citada sentencia.
Análisis de la controversia
3. De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1 y 2 de la Ley
25009, los trabajadores que laboren en centros de producción minera tiene
derecho a percibir una pensión de jubilación completa a los 50 y 55 años de
edad, siempre que cuenten con 30 años de aportaciones, 15 de los cuales debe
corresponder a labores prestadas en dicha modalidad y que en la realización de
sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e
insalubridad.
4. Con la copia simple del Documento Nacional de
Identidad del demandante, obrante a fojas 2, se registra que éste cumplió con
la edad mínima requerida, esto es, con 50 años de edad, el 11 de junio de 1997.
5.
De la resolución
cuestionada, obrante a fojas 5, se desprende que la ONP otorgó pensión de
invalidez al actor conforme a los artículos 24 y 25 del Decreto Ley 19990, en
atención al Informe de Comisión Médica 485-2005, de fecha 23 de junio de 2005,
emitido por el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín
Escobedo, el cual determinó que la incapacidad del asegurado es de naturaleza
permanente, y porque
acreditaba 18 años completos de
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. El monto de la pensión otorgada
se actualizó a la fecha de expedición de la resolución en la suma de S/. 415.00
nuevos soles.
6. A fojas 7 obra la copia fedateada del certificado de trabajo expedido por Southern Perú, en el que se señala que el demandante laboró
desde el 22 de octubre de 1968 al 31 de octubre de 1987, desempeñando los
cargos de obrero, ayudante, reparador 1° y 2° y mecánico 3°, en el departamento
de reparación locomotoras.
7. Así, debe mencionarse que aun cuando
el actor alega haber realizado labores en la modalidad a tajo abierto, se
evidencia de lo expuesto en el fundamento anterior que éste habría
realizado labores
en la modalidad de centros de producción minera y no en la modalidad a tajo
abierto, pues la propia norma específica, esto es, la Ley 25009, establece que los
trabajadores mineros a tajo abierto deben realizar labores directamente
extractivas, requisito que no cumple el demandante, por tal motivo corresponde
evaluar el presente caso conforme a los requisitos señalados en el fundamento
3, supra.
8. Al respecto, debe precisarse que
conforme a la legislación que regula la jubilación de los trabajadores mineros,
para acceder a la pensión de jubilación no basta haber laborado en una
empresa minera sino acreditar encontrarse comprendido en los supuestos del
artículo 1 de la Ley
25009, jubilación minera, y los artículos 2, 3 y 6 de su Reglamento, el Decreto
Supremo 029-89-TR, que
establecen que los
trabajadores de centros de producción minera deben reunir requisitos relacionados con la
edad, aportaciones y el trabajo efectivo, así como acreditar haber laborado
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no
ha sido demostrado con la documentación presentada por el actor, por lo que no
se encuentra en los supuestos para acceder a una pensión de jubilación minera
conforme a la Ley
25009.
9. Sin perjuicio de lo expuesto,
este Colegiado advierte que a fojas 246, obra el certificado médico – DS
166-2005-EF, de fecha 20 de junio de 2007, en el cual la Comisión Médica
Calificadora de la
Incapacidad –CMCI- del Hospital Goyeneche
dictaminó que el recurrente padece de hipoacusia neurosensorial bilateral y neumoconiosis, con un menoscabo
del 34%. En ese sentido, debe indicarse que el monto de la pretendida pensión
de jubilación minera completa conforme al artículo 6 de la Ley 25009 sería el mismo, toda
vez que los ingresos que deben ser tomados en cuenta para determinar la
remuneración de referencia están expresados en intis,
tal como se observa de la hoja de liquidación obrante a fojas 6.
10. En
consecuencia, aun cuando se estimara la demanda, conforme al fundamento
anterior, el ingreso prestacional del demandante no
sería incrementado, es decir, que el monto de la pensión solicitada por el
demandante sería igual al percibido por invalidez, por lo que corresponde
desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda porque no se
ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ