EXP. N.° 02219-2010-PA/TC
JUNIN
SEBASTIÁN CASAS
BARRERA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 7 días del mes de
octubre de 2010, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Vergara Gotelli, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Sebastián Casas Barrera contra la sentencia
expedida por la Primera
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas
106, su fecha 2 de marzo de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de noviembre de 2008 el
recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con la finalidad que se declare
inaplicable la
Resolución Administrativa 12520-2002-ONP/DC/DL 19990, de
fecha 4 de abril de 2002, que le otorga una pensión
de jubilación minera completa; y que en consecuencia se le abone el 100% de su
pensión con arreglo a los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25009, el artículo 9 y 20
del Decreto Supremo 029-89-TR, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, con el
reintegro de las pensiones devengadas, los intereses legales costas y los
costos.
La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare
improcedente o infundada expresando que lo pretendido por el actor es la
determinación de una pensión en un monto mayor al que actualmente percibe, por
lo que debió acudir a una vía procesal que cuente con etapa probatoria, de la
cual adolece el proceso amparo; o que antes e la vigencia del Decreto Ley 25967
el actor no reunía los requisitos para acceder a la pensión que le fuera
otorgada y que dicha norma únicamente sustituye la cantidad de aportaciones
exigidas para acceder al disfrute de una pensión dentro del Régimen del Decreto
Ley 19990.
El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, mediante sentencia de fecha 14 de
agosto de 2009, declaró fundada la demanda argumentando que el actor reúne los
requisitos para acceder a una pensión de jubilación minera completa antes de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 25967.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda
argumentando que la pensión de jubilación completa otorgada al actor está
sujeta a los topes previstos en el Decreto Ley 19990.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
En atención a los
criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 del precedente
1417-2005-PA/TC, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del
Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del Código Procesal
Constitucional, en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma específica
de la pensión que percibe el demandante, corresponde efectuar su verificación
por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud del
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables.
Delimitación
del petitorio
2.
En el presente caso
el demandante goza de una pensión de jubilación minera completa, de conformidad
con la Ley 25009
y considera que ésta no es equivalente al 100% de la pensión que le
corresponde, pretendiendo que no se aplique de manera retroactiva el Decreto
Ley 25967. Manifiesta que padece de neumoconiosis desde antes de la entrada en
vigencia de la mencionada norma.
Análisis de la controversia
3.
De la Resolución Administrativa
12520-2002-ONP/DC/DL 19990, de fecha 4 de abril de 2002 (fojas 5), así como de la Hoja de Liquidación (fojas
8), se aprecia que al demandante se le otorgó pensión de jubilación minera
completa por padecer la enfermedad profesional de neumoconiosis y que ésta fue
otorgada por la cantidad de S/. 857.36, a partir del 1 de julio de 1999, en
aplicación de los artículos 2 y 6 de la
Ley 25009 dado que, en su caso, el monto de su remuneración
de referencia excedía el monto máximo pensionario vigente.
4.
Respecto a la
pretensión de una pensión de jubilación sin topes este Colegiado en la STC 1294-2004-AA/TC, del 30 de
noviembre de 2004 y en reiterada jurisprudencia, ha precisado que con relación
al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde
la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990 y luego modificados
por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a porcentajes,
hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que regresó a la
determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. En consecuencia
queda claro que, desde el origen del Régimen del Decreto Ley 19990 se
establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los
mecanismos para su modificación.
5.
De otro lado se ha
señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del tope
establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 029-89-TR,
Reglamento de la Ley
25009, ha
dispuesto que la pensión completa a que se refiere la Ley 25009 será equivalente al
100% de la remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto
máximo de pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990.
6.
Por consiguiente la
imposición de topes a las pensiones de jubilación mineras, aún en el caso de
los asegurados que hubieran adquirido la enfermedad de neumoconiosis
(silicosis), no implica vulneración de derechos constitucionales.
7.
Finalmente respecto
al extremo referido a la no aplicación del Decreto Ley 25967 a su caso, se puede
apreciar de la resolución cuestionada (fojas 5) que el Informe de la Comisión Médica de
Evaluación y Calificación de Invalidez que le diagnosticó la enfermedad
profesional de neumoconiosis fue expedido el 27 de septiembre de 2001, durante
la vigencia del referido dispositivo legal, por lo que su aplicación por parte
de la emplazada se dio con arreglo a ley.
8.
En consecuencia al
no haberse acreditado que la cuestionada resolución vulnere derecho fundamental
alguno del demandante, la demanda carece de sustento.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda por no
haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
JMB