EXP. N.° 02230-2010-PA/TC
CAÑETE
ELICIA
AYLLÓN DE CANDELA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 9 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elicia
Ayllón de Candela contra la resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Cañete, de fojas 98, su fecha 20 de abril de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO
A
1.
Que con fecha 19 de agosto de 2009 la recurrente interpone demanda amparo por
la violación de sus derechos al debido proceso
y a la tutela procesal efectiva,
incoándola contra la
Primera Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República,
integrada por los señores vocales Távara Cordova, Solís Espinoza, Palomino
García, Castañeda Serrano e Idrogo Delgado; contra los vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Cañete, señores Astoquilca Medrano, Paredes Dávila y Rueda
Fernández; y contra el Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete señor Jacinto Cama Quispe, con la finalidad de que se declare la nulidad
de:
i)
la Resolución de fecha 5 de mayo de 2009, expedida por la Primera Sala Civil
Permanente de la Corte Suprema
de la República,
ii)
la Resolución de fecha 30 de octubre de 2008 expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Cañete, y
iii)
la Resolución de fecha 21 de julio de 2008 expedida por Juzgado Especializado
en lo Civil de Cañete.
Sostiene que en el proceso
seguido en su contra por doña Norma Arlette Zelada Asín sobre desalojo por
ocupación precaria, se declaró fundada la demanda, decisión que fue confirmada,
y que tras interponer el recurso de casación éste fue declarado improcedente.
Alega que en las resoluciones recurridas se ha hecho caso omiso al artículo 65º
del Código Procesal Civil que establece el emplazamiento a todos los integrantes
del patrimonio autónomo, hecho que no ha ocurrido en el proceso indicado, toda
vez que su cónyuge no fue debidamente notificado con la demanda, afectándose de
este modo sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional
efectiva.
2. Que con resolución de fecha 14 de octubre 2009, el Juzgado Mixto
de Cañete de la Corte
Superior de Justicia del Cañete declara improcedente la
demanda por considerar el proceso se ha llevado a cabo de forma regular, donde la
actora ha tenido la oportunidad de ejercer libremente su derecho a la defensa.
A su turno la Sala Civil
de la Corte Superior
de Justicia de Cañete confirma la apelada por similares fundamentos.
- Que fluye de autos que la recurrente cuestiona las
resoluciones expedidas en el proceso sobre desalojo por ocupación precaria
donde resultó vencida, alegando que conformando un patrimonio autónomo
debió haberse notificado con la demanda a su cónyuge (ahora fallecido) tal
como lo establece el artículo 65º
del Código Procesal Civil, indicando que con ello se causó indefensión,
vulnerándose el debido proceso. Al respecto cabe afirmar que se aprecia de
la resolución cuestionada de fecha 30 de octubre de 2008 expedida por la Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Cañete, que la recurrente junto a su codemandado don César
Candiotti Pacheco fueron debidamente emplazados, absolviendo la demanda y adjuntando
las pruebas pertinentes, las mismas que fueron merituadas en su
oportunidad; asimismo en la sentencia casatoria se alude la evidente
extemporaneidad de lo alegado, toda vez que no ha solicitado la
incorporación de su cónyuge conforme a ley. Incluso del propio escrito de
la demanda se evidencia que se ejerció una indebida defensa toda vez que
el abogado al contestar la demanda no informó de la eventualidad
denunciada, solicitando la incorporación respectiva, resultando inoportuno
pretender que mediante esta vía se pretenda regularizar una omisión por
parte de la actora al no haber hecho uso adecuado de modo y forma de los
medios impugnatorios previstos en la Ley; en consecuencia no se ha afectado los
derechos constitucionales invocados, pues las resoluciones impugnadas se
encuentran debidamente motivadas, precisando los fundamentos de su decisión, no advirtiéndose
algún indicio que denote un procedimiento irregular.
4. Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha dejado
establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya
han sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para
tal materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia
la violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. TRC Nº 0285-2009
PA/TC fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis;
máxime cuando a fojas 5 a
8 y 13 a
14, se aprecia que los órganos judiciales al momento de sentenciar merituaron
debidamente las pruebas ofrecidas, dilucidando de igual forma lo concerniente
al debido emplazamiento del cónyuge de la recurrente. Por lo tanto, corresponde
ratificar lo establecido por este Tribunal en el sentido que no corresponde a
la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de las pruebas y
que cual si fuera tercera instancia proceda a valorar su significado y
trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos
jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC Nº 0728-2008 PHC/TC fundamento 38).
- Que por consiguiente, y en el caso de autos no existió
incidencia alguna sobre el contenido constitucionalmente protegido de los
derechos invocados, la presente demanda resulta desestimable en aplicación
del artículo 5.º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.
Por estas
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO
CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI