EXP. N.° 02390-2010-PA/TC
LIMA
JESÚS ÁLVARO
LINARES CORNEJO
EN REPRESENTACIÓN
DE
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 20 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Jesús Álvaro Linares Cornejo, como apoderado
de Inmobiliaria Oropesa S.A., contra la resolución expedida por
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 5 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo con el Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima y Primera Sala Civil Superior por afectación de sus derechos al debido proceso, cosa juzgada, propiedad y libre empresa, los que se han producido en el juicio de quiebra (Expediente N.º 1953-03) que siguió una persona con nombre inventado o que nunca existió (sic), por lo que existen pruebas concluyentes de fraude procesal y contra la fe pública, debiendo ser denunciada ante el Ministerio Público. En suma, solicita que se declare nulo todo el aludido juicio de quiebra, se denuncie a los jueces que han dado vida a un fantasma (sic) y se le indemnice por el daño causado.
2.
Que
3. Que en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha sostenido que el artículo 5º inciso 1) del Código Procesal Constitucional, siendo una norma de observancia obligatoria, sirve para identificar el objeto de protección de los procesos constitucionales. En tal sentido, en el Expediente N.º 03227-2007-PA/TC se establece, entre otras cosas, que el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutela pretensiones relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De este modo no pueden ser conocidas por el amparo, entre otras: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal, administrativo, etc., como por ejemplo, el derecho de posesión del arrendatario, entre otros), pues se requiere que su contenido tenga relevancia constitucional o carácter de fundamentalidad, las mismas que se determinan por la estricta vinculación de un derecho con la dignidad humana; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario dado el respectivo ámbito competencial (como por ejemplo, la pretensión de revisión de aquella valoración de pruebas que sirve de base para la determinación de la responsabilidad penal, o la pretensión de verificar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos que pueda exigir la respectiva ley procesal, entre otras).
4. Que de la revisión de autos este Colegiado estima que la demanda debe ser rechazada, pues resulta evidente que la pretensión del recurrente no es una susceptible de ser conocida en un proceso constitucional. En efecto, mediante un proceso de amparo no se puede verificar si en un determinado proceso judicial ordinario una persona se encuentra legitimada o no para demandar o si se han presentado pruebas inexistentes, entre otros aspectos. Por tanto, habiéndose verificado que la pretensión de la recurrente no es una que sea susceptible de protección en el presente proceso constitucional, debe desestimarse la demanda en aplicación del artículo 5º inciso 1) del Código Procesal Constitucional.
5. Que lo antes expuesto no es ciertamente algo nuevo para el demandante, pues en anteriores procesos constitucionales este Colegiado se ha pronunciado respecto de pretensiones similares o relacionadas con aquellas aquí planteadas (Expedientes N.ºs 08067-2006-PA, 04922-2008-PHC, 05802-2008-PHC, 05740-2008-PA, 02976-2009-PHC, entre otras), y que debido a la temeridad o mala fe acreditadas en varios de ellos han dado mérito a sanciones económicas al recurrente, lo que no hacen sino evidenciar un abuso del derecho de accionar y una obstrucción irrazonable en la atención de causas de otros ciudadanos que por su gravedad merecen una justa y pronta tramitación por parte de este Tribunal y todas las instancias jurisdiccionales constitucionales que han conocido las pretensiones del demandante. Por ello, adicionalmente a las sanciones antes impuestas y teniendo en cuenta que Estatutos como el del Colegio de Abogados de Arequipa –al que pertenece el accionante (Matrícula 02659)– establecen en su artículo 3º que son funciones del Colegio: “f. Controlar y perseguir de oficio o a solicitud de parte, los actos contrarios a la Ética profesional e imponer sanciones disciplinarias a sus miembros”, este Colegiado estima que debe remitirse copia certificada de la presente resolución a dicho colegio de abogados a efectos de que se verifique la conducta ética del recurrente y de estimarlo pertinente se establezcan otras medidas disciplinarias a que hubiera lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
RESUELVE
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos.
2. Remitir copia certificada de la presente resolución al Colegio de Abogados de Arequipa a efectos de que se verifique la conducta ética del abogado Jesús Alvaro Linares Cornejo (CAA 2659), y de estimarlo pertinente se establezcan otras medidas disciplinarias a que hubiera lugar.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI