EXP.
N.° 02437-2009-PA/TC
LA LIBERTAD
WILFREDO
ROSEL
ESQUIVES CARBONEL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de marzo
de 2010, la Sala Primera
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle
Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente
sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don
Wilfredo Rosel Esquives Carbonel contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de La Libertad,
de fojas 128, su fecha 12 de febrero de 2009, que declara improcedente la
demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se le restituya la pensión de invalidez
otorgada conforme al Decreto Ley 19990; y se disponga el abono de los
devengados y los intereses legales correspondientes.
La emplazada contesta la demanda expresando que con la
evaluación médica practicada por la Comisión
Médica evaluadora se ha acreditado que el actor no se
encuentra incapacitado para laborar.
El Quinto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 30 de octubre de 2008, declara
fundada la demanda considerando que la
ONP ha vulnerado el derecho a una decisión motivada, puesto
que debió expresar las razones jurídicas por las cuales a partir de un Dictamen
Médico comprueba la configuración de la causal de caducidad de la pensión de
invalidez del demandante.
La
Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la
demanda estimando que el recurrente no ha acreditado con documento idóneo que
la enfermedad que padece sea la misma que se le diagnosticó para obtener la
pensión de invalidez definitiva.
FUNDAMENTOS
Procedencia
de la demanda
1. En la STC
1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los
requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad del derecho
subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada, para que sea
posible emitir pronunciamiento.
Delimitación
del petitorio
2. El demandante solicita que se restituya la pensión de invalidez
que venía percibiendo al amparo del artículo 25 del Decreto Ley 19990.
Análisis
de la controversia
3. El inciso a) del artículo 24 del Decreto Ley 19990 establece que
se considera inválido: “Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o
mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera
parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de
la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región”.
4. Por otro lado el inciso a) del artículo 33 del Decreto Ley 19990,
señala que la pensión de invalidez caduca: “Por haber recuperado el pensionista
la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos
casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente
al monto de la pensión que recibe”.
5. A fojas 1 de autos obra la Resolución 62489-2005-ONP/DC/DL19990, de fecha 15
de julio de 2005, de la que se advierte que se otorgó pensión de invalidez
definitiva a favor del demandante por haberse considerado que se encontraba
incapacitado para laborar y que su incapacidad era de naturaleza permanente.
6. Asimismo, consta la Resolución 31291-2007-ONP/DC/DL19990, de fecha 10
de abril de 2007, obrante a fojas 2, que en aplicación del artículo 33 del
Decreto Ley 19990, declara caduca la pensión de invalidez del recurrente arguyendo
que de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Médica de EsSalud el actor presenta una
enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión otorgada y, además,
con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que
percibe como pensión. Dicha información ha sido corroborada con el certificado
médico expedido por la Comisión
Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de EsSalud,
de fecha 15 de febrero de 2007, obrante a fojas 78, con el cual se acredita que
el demandante presenta 20% de menoscabo.
7. De otro lado, a efectos de sustentar la incapacidad que padece, el
demandante ha presentado copia simple del Certificado de Discapacidad, de fecha
15 de abril de 2005, expedido por el Hospital Belén del Ministerio de Salud, en
el que se indica que padece de espondiloartrosis lumbar con 40% de menoscabo (f.3).
8. Sobre el particular, el artículo 26 del Decreto Ley 19990,
modificado por el artículo 1 de la Ley 27023, dispone que el asegurado que
pretenda obtener una pensión de invalidez deberá presentar “[...] un
Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de Seguridad
Social, establecimientos de salud pública del Ministerio de Salud o Entidades
Prestadoras de Salud constituidas según Ley 26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización
Previsional apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal
efecto en cada una de dichas entidades [...]”
9. En consecuencia, el documento presentado por el recurrente para
acreditar su incapacidad no genera certeza al no cumplir con las exigencias
establecidas en el citado artículo 26 del decreto Ley 19990, modificado por el
artículo 1 de la Ley
27023. Asimismo, ha quedado demostrado que el recurrente se encuentra comprendido
en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 33 del Decreto Ley 19990,
pues el grado de incapacidad que presenta no le impide percibir una suma
equivalente a una pensión, por lo que comprende desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA
RESUELTO
Declarar
INFUNDADA la demanda porque no se ha
acreditado la vulneración del derecho a la pensión.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA