EXP. N.° 02494-2009-PA/TC
JORGE LUIS
CASTAÑEDA RIVADENEYRA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 2 días del mes de junio
de 2010,
ASUNTO
El recurso de
agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra
contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra
el Presidente del Poder Judicial, contra
El Procurador Publicó a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda manifestando que la acción de amparo no es la vía idónea para ventilar la controversia por carecer de estación probatoria y que existe una vía procedimental específica para resolverla.
El Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 25 de agosto de 2008, declara fundada la demanda por considerar que al poner fin la relación laboral del demandante no se ha cumplido formalidad alguna conforme al Decreto Supremo N.º 03-97 TR, cuyo articulo 22º señala que “ para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore cuatro ó más horas diarias de trabajo para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley debidamente comprobada”.
La recurrida, revocando la
apelada, declara infundada la demanda por estimar que la pretensión de la parte
demandante debe dilucidarse en la vía contencioso- administrativa de
conformidad con
§ Procedencia de la demanda
1. Conforme a lo señalado en su
escrito a fojas 84 el demandante pretende su reposición en el cargo de
Secretario Judicial alegando que se ha desnaturalizado su contrato de trabajo
por servicio específico y que ha sido despedido sin expresión de causa.
2.
De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las
demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los
Fundamentos
§ Análisis de la controversia constitucional
3. La controversia se centra en determinar si los contratos de trabajo suscritos por el demandante con la emplazada, bajo las modalidades normadas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, han sido desnaturalizados y en consecuencia deben ser considerados como contratos de trabajo de duración indeterminada a fin de establecer si el actor solo podía ser despedido por causa justa relacionada con su capacidad o su conducta.
4.
En autos obra diversa documentación incorporada por el
demandante: las boletas de pago (fojas 2 al 5), los contratos de trabajo de
servicio específico (fojas 78 y 79), la relación de personal, el certificado de
trabajo, con los cuales se acredita que el demandante laboró desde el 1 de
julio de 2005 hasta el mes de marzo de 2007 y desde el 2 de mayo de 2007 hasta
el 31 de enero de 2008 en el cargo de Secretario Judicial. Asimismo, de fojas
5. En tal sentido, el periodo de labores desde el 2 de mayo de 2007 hasta el 31 de enero de 2008 es el que debe ser tomado en consideración para verificar si se ha producido el despido arbitrario proscrito por el artículo 27º de nuestra Constitución.
6. El artículo 63.º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que “los contratos para obra o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada” (subrayado agregado). Además, el artículo 72.º de la referida norma refiere que “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”. Asimismo, el artículo 79.º del Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 precisa que “en los contratos para obra o servicio (…), deberá señalarse expresamente su objeto, sin perjuicio que las partes convengan la duración del respectivo contrato, que sólo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento del objeto del contrato”.
7. El artículo 77.°, inciso d), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador contratado demuestra que su contrato se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, lo cual se verifica cuando los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades permanentes o prestaciones cuya naturaleza sea permanente, y cuando, para eludir el cumplimiento de la normativa laboral que obligaría a la contratación de un trabajador a plazo indeterminado, el empleador aparenta o simula observar las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es su carácter temporal.
8.
En el caso de autos, del certificado de trabajo obrante
a fojas 21 se desprende que el contrato bajo la modalidad de servicio específico,
desde el 1 de julio de 2005 hasta el mes de marzo de 2007 y desde del 2 de mayo de 2007 hasta el 31 de enero de
2008, para desempeñar en el cargo de
Secretario Judicial, se ha desnaturalizado, debido a que en la práctica las
labores de Secretario Judicial son de naturaleza permanente y no temporal, conforme
a lo resuelto por este Tribunal en
9. En consecuencia, habiéndose acreditado simulación en el contrato suscrito, este debe ser considerado como de duración indeterminada. En consecuencia, la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación, tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.
10. Por
lo tanto, al haberse efectuado el despido sin expresión de causa y sin observar
las formalidades prescritas en los artículos 31° y 32° del Texto Único Ordenado
de
11. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el derecho constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
Por estos fundamentos,
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, nulo el despido fraudulento del demandante.
2. Ordenar al Poder Judicial que reponga a don Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra en el puesto que ocupaba antes de su cese, o en uno de igual categoría.
3. Asimismo, ordenar se disponga el pago de los costos procesales de acuerdo al fundamento 11 supra.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA