EXP. N.° 02587-2010-PA/TC
LIMA
JOSÉ MAXIMANDRO
VÁSQUEZ ROJAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de
octubre de 2010, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Vergara Gotelli, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la
siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don José Maximandro
Vásquez Rojas contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 125, su fecha 22 de marzo de 2010, que
declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) solicitando que se
declare inaplicable la
Resolución 48511-2007ONP/DC/DL 19990, y que en consecuencia
se le reconozca 31 años y 1 mes de aportes al Sistema Nacional de
Pensiones, con el pago de devengados, intereses y costos.
La emplazada contesta la demanda expresando que de conformidad con el artículo
5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional debe declararse improcedente por
existir una vía igualmente satisfactoria.
El Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de julio de
2009, declaró improcedente la demanda por estimar que el demandante no ha
acreditado los años de aportación al Régimen del Decreto Ley 19990.
La Sala Superior
competente confirma la demanda por considerar que existe contradicción
entre los certificados de trabajo presentados para sustentar la
pretensión.
FUNDAMENTOS
1.
En el fundamento 37
de la STC
1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que
sea posible emitir su pronunciamiento.
Delimitación del petitorio
2.
El demandante
solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme a lo dispuesto por el
articulo 1 del Decreto Ley 25967, en virtud de la
totalidad de sus aportaciones. En consecuencia la pretensión del recurrente
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión
controvertida.
Análisis de la controversia
3.
Previamente cabe
señalar que en el fundamento 26 de la
STC 4762-2007-PA/TC, así como la RTC 4762-2007-PA/TC, este
Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar
los periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos
idóneos para tal fin
4.
De conformidad con
el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la
de Ley 26504 y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener la
pensión del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones.
5.
De la copia del
Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1. se
registra que el recurrente nació el 9 de febrero de 1938, por lo que cumplió el
requisito referido a ala edad el 9 de febrero de 2003.
6.
De la Resolución
48511-2007-ONP/DC/DL19990 y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes
a fojas 7 y 8, respectivamente, se advierte que al demandante se le
denegó la pensión de jubilación por considerar que no ha acreditado haber
efectuado aportaciones al sistema público de pensiones del periodo comprendido
desde 1952 hasta 1983.
7.
Para acreditar la
titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los requisitos
legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado la siguiente
documentación:
RESTAURANT CHIFA “AH CHAU”
ü De fojas 98, copia certificada por notario
del certificado de trabajo, en el que se indica que el actor laboró el período
del 13 de abril de 1959 hasta el 15 de noviembre de 1983, con el cargo
de obrero. Fue emitido el 4 de agosto del 2005 por Nelida
E. Reyna Brinceño.
ü De fojas 101, copia certificada por notario publico del certificado de trabajo del mismo empleador,
donde se consigna que el actor laboró el período del 15 de mayo de 1968
hasta el 15 de noviembre de 1983, en calidad de obrero mozo. Fue emitido con
fecha 9 de octubre de 1997 por Francisco Ruiz Montes.
ü Asimismo el actor para corroborar la
información de los certificados de la referencia, de fojas 95 a 97 adjunta boletas de
pago totalmente ilegibles y sobre escritas en el ítem fecha
de ingreso que las hace carecer de veracidad. A fojas 99, copia certificada
de la planilla sin registro ni datos del empleador y a fojas 102 y 103, copias
certificadas de hojas sin información que permita apreciar su veracidad,
documentos que para este Colegiado no generan convicción.
8.
Cabe indicar que de
la documentación que el actor ha presentado se advierte que el certificado de
fojas 98 sostiene que el actor ingresó a laborar el 13 de abril de 1959 y el
certificado de fojas 101 sostiene que el actor ingresó a laborar el 15 de mayo
de 1968. Ello aunado a la falta de convicción que genera las boletas de pago
hace imposible acreditar la relación laboral con el empleador en cuestión.
9.
De la resolución
administrativa, a fojas 4, consta que con fecha 21 de septiembre de 1999 la Administración le
solicitó al actor boletas de pago, liquidación de beneficios sociales del empleador
correspondientes a los períodos en mención así como los libros de planillas y/o
contables que considere necesarios para la acreditación de aportes, ante lo
cual el recurrente dio respuesta a la notificación manifestando que no cuenta
con ningún documento solicitado.
10. En consecuencia resulta de
aplicación el precedente establecido en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA/TC, que
señala que se está ante una demanda manifiestamente infundada: “(...) cuando de la valoración conjunta de
los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan
el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación.”
11. Por consiguiente no habiéndose
acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante la demanda
debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú.
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la
demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pension.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
EXP. N.° 02587-2010-PA/TC
LIMA
JOSÉ MAXIMANDRO
VÁSQUEZ ROJAS
FUNDAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Con el debido respeto por la opinión vertida
por el resto de mis colegas magistrados, emito el siguiente fundamento de voto,
por cuanto si bien comparto la parte resolutiva de la sentencia, no concuerdo
con lo consignado en el sétimo y octavo considerando de la misma, por lo que
estimo pertinente efectuar las siguientes precisiones:
1. Respecto
a las aportaciones de los empleados particulares, el Tribunal
Constitucional ha argumentado, entre otras, en la STC 1070-2006-PA, que se
realizan desde el 1 de enero de 1949, de la siguiente manera:
“Sobre el particular, debe precisarse que con fecha 15
de abril de 1947 se publicó la
Ley N.° 10807, que creó el Seguro Social del Empleado Público
y Particular, constituyendo dicha norma el antecedente legislativo y punto de
partida de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Social en el país, el
cual se materializó a partir de las contribuciones efectuadas por el Estado,
empleadores y empleados, conforme a lo establecido por la Ley N.° 10941, del 1 de
enero de 1949, y que mediante la
Ley N.° 13724, del 20 de noviembre de 1961, se reorganizó el
Sistema de Seguridad Social en el país, actualizando procedimientos
administrativos y órganos de dirección, así como estableciendo nuevamente su
campo de aplicación, el sistema de cotizaciones (o aportaciones) y su
administración, y los deberes y derechos del asegurado y empleadores; así, el
artículo VI de las Disposiciones Transitorias dispone que “El Seguro Social del
Empleado creado por esta ley asumirá el activo y el pasivo de la Caja Nacional del
Seguro Social del Empleado [...]”.”
2. No
obstante, de acuerdo al artículo 2º de la Ley 10941, que precisa las contribuciones con que
se financiará el Seguro Social del Empleado y las prestaciones previsionales que proporcionará a los asegurados, Las
contribuciones [o aportaciones] del
periodo de organización estarán destinadas a la edificación y equipamiento de los
planteles hospitalarios y al otorgamiento de las prestaciones previsionales de los riesgos de enfermedad, maternidad y
muerte.
3. Cabe
precisar que, conforme a esta Ley, las prestaciones previsionales
de este periodo de organización eran asignaciones pecuniarias que se percibían
por única vez por cada evento; es decir, no eran prestaciones periódicas y
permanentes.
4. Superada
la etapa de organización, se dicta la
Ley 13724, del Seguro Social del Empleado, promulgada el 18
de noviembre de 1961. En esta se señala que el Seguro Social del Empleado es
una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno,
destinada a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y
muerte de los empleados, que tiene carácter obligatorio y que comprende dos
ramas: a) Caja de Enfermedad maternidad, y b) Caja de Pensiones.
5. La
citada Ley regula todo lo relativo a la
Caja de Enfermedad Maternidad y designa a la Comisión que organizará a
la Caja de
Pensiones. Así, recién mediante Decreto Supremo del 11 de julio de 1962, se
adicionan a la Ley
13724, las disposiciones que regulan la
Caja de Pensiones del Seguro Social del Empleado.
6. Los
artículos adicionados a la Ley
13724 regulan la organización administrativa y financiera de la Caja de Pensiones; al
respecto, el artículo 97º precisa que otorgará como prestaciones del Seguro de
Pensiones las pensiones de invalidez; vejez; jubilación; sobrevivientes
(viudedad y orfandad); y las asignaciones de invalidez, vejez, muerte y capital
de defunción, las mismas que a tenor de lo dispuesto en el Artículo IV de las
Disposiciones Generales y Transitorias, se devengarán a partir del primer día
del tercer mes siguiente al de su promulgación; es decir, a partir del 1 de octubre
de 1962.
7. Al
respecto, debemos recordar que desde el reconocimiento de la seguridad social
como derecho humano, se ha ido gradualmente implementando en los Estados que
han ratificado los tratados internacionales que lo consagran como tal, en la
medida que sus posibilidades económicas y financieras lo hayan permitido.
8. En
nuestro país las prestaciones pensionarias de seguridad social a favor de los
grandes sectores de la población se inician en favor de los empleados del
servicio civil de Estado con la
Ley de Goces de 1850 –antes del reconocimiento internacional
de la seguridad social como derecho humano-; posteriormente, mediante la Ley 8433 del año 1936, se
amplía a los trabajadores obreros; y, luego, a los empleados particulares que comienzan
a cotizar a la Caja
de Pensiones por disposición de la
Ley 13724, hasta llegar a las disposiciones vigentes que
amplían las prestaciones pensionarias a otros sectores, previendo,
adicionalmente, normas especiales en atención a la actividad laboral
desarrollada.
9. La
apretada síntesis del párrafo que antecede, pretende evidenciar que la etapa de
organización y evolución de la seguridad social a favor del empleado particular
corresponde a la característica de progresividad de
los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
10. En
consecuencia, en atención a la implementación progresiva de la seguridad social
en su expresión de prestaciones pensionarias y a la configuración legal del
derecho a la pensión, no corresponde a la realidad peruana el afirmar que
el demandante ha realizado aportaciones con fines pensionarios antes del 1 de
octubre de 1962.
Sr.
ÁLVAREZ MIRANDA