EXP. N.° 02633-2009-PA/TC
LIMA
PEDRO
CHÁVEZ PÁUCAR
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 15 días del mes de septiembre
de 2010,
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Chávez Páucar contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 126, su fecha 15 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El
recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución
21112-2003-ONP/DC, de fecha 20 de febrero de 2003, y que en consecuencia, se emita
una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación conforme a su calidad de
asegurado obligatorio, tomándose en cuenta que cesó en sus actividades
laborales el 18 de marzo de 1991, y que cumplió la contingencia el 9 de septiembre
de 1991, así como el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales,
las costas y los costos del proceso.
La
emplazada contesta la demanda expresando que lo pretendido por el actor es la
variación de su calidad de asegurado facultativo a obligatorio, lo cual no
forma parte del contenido esencial del derecho a la pensión, más aún cuando
éste percibe una pensión de jubilación que sobrepasa el mínimo vital.
El
Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de
octubre de 2007, declaró fundada la demanda por estimar que con los documentos
presentados el actor ha demostrado haber adquirido el derecho a la pensión
antes de su último aporte, realizado facultativamente en el año 1996.
La
Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda
por considerar que la pretensión del actor no forma parte del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
En atención a los criterios de
procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Exp. 1417-2005-PA/TC, este Colegiado estima que,
en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica
de la pensión que percibe el demandante, se debe efectuar su verificación por
las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante),
a fin de evitar consecuencias irreparables.
Delimitación del petitorio
2.
El demandante goza de una pensión minera completa por enfermedad profesional
de acuerdo con el artículo 6 de
Análisis de la controversia
3. En la resolución cuestionada (f. 28 del cuaderno
del Tribunal Constitucional), se señala que el recurrente ha acreditado 24 años
y 3 meses al Régimen del Decreto Ley 19990, de los cuales 18 años y 8 meses correspondieron
a labores en centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos;
asimismo, se desprende que mediante el Informe 66-2001,
4. Por ello, se procedió a otorgarle al actor pensión de jubilación
minera completa por la suma de S/. 100.00 (cien nuevos soles), a partir del 1 de
marzo de 1996, la cual se encuentra actualizada a la fecha en un monto
ascendente a S/. 415.00 (cuatrocientos quince nuevos soles) conforme lo
establece el Decreto Ley 25967, el artículo 6 de
5. De lo expuesto, este Colegiado debe indicar que aun cuando al recurrente se le otorgó una pensión de jubilación minera completa por enfermedad profesional, sin acreditar el total de aportaciones exigidas en la modalidad de centros de producción, esto es, 30 años, se encuentra percibiendo dicha pensión por un monto que no afecta el mínimo vital del actor. Sin embargo, éste considera que el cálculo no es correcto puesto que se realizó tomándose en cuenta que era un asegurado facultativo y no obligatorio.
6. Al respecto, tenemos que de fojas
7. Al efecto, cabe recordar que el artículo 73 del Decreto Ley
El monto de las prestaciones, para los asegurados
obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del Art. 4, se
determinará en base a la remuneración de referencia.
La remuneración de referencia es igual al promedio
mensual que resulte de dividir entre 12 el total de remuneraciones asegurables,
definidas por el Art. 8, percibidas por el asegurado en los últimos 12 meses
consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación, salvo que
el promedio mensual de los últimos 36 o 60 meses sea mayor, en cuyo caso se
tomará en cuenta el más elevado.
Si durante dichos 12, 36 o 60 meses no se hubiese
aportado por falta de prestación de servicios en razón de accidente, enfermedad
maternidad, licencia con goce de haber
de conformidad con la Ley 11377, o paro forzoso, se sustituirá dichos periodos
por igual número de meses consecutivos inmediatamente anteriores.
8.
Así
en el presente caso, se evidencia que la
remuneración de referencia antes referida corresponde al monto más elevado (60
últimos meses percibidos), después de realizar el cálculo entre 12 y 36, por lo
que no cabe realizar modificatoria alguna, y en su calidad de asegurado
obligatorio y no como facultativo.
9.
De igual manera, debe tenerse en cuenta que los
montos calculados corresponden a los meses de mayo a diciembre de 1991, lo que
evidencia que el demandante habría realizado aportes como asegurado obligatorio
durante estas fechas, y no sólo hasta el 18 de marzo del mismo año, conforme se
aprecia del certificado de trabajo y la declaración jurada del empleador obrantes
a fojas 3 de autos y 7 del cuaderno del Tribunal Constitucional,
respectivamente.
10. Por consiguiente, al evidenciarse que el cálculo del monto de la
pensión del actor se ha determinado sin variarse su condición de asegurado
obligatorio a facultativo, y en correcta aplicación de las normas vigentes al
momento de producirse la contingencia, esto es, conforme al Decreto Ley 19990 y
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión
del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA
HANI