EXP. N.° 02712-2008-PC/TC
LAMBAYEQUE
ASOCIACIÓN
DE DISCAPACITADOS
DE LA PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los
29 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional,
integrada los magistrados Vergara Gotelli, Landa
Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por la
Asociación de Discapacitados de la Provincia de Lambayeque
contra la sentencia de la
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, de fojas 287, su fecha 7 de mayo de 2008, que declaró
infundada la demanda de cumplimiento de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25
de julio de 2007 la asociación recurrente interpone demanda de cumplimiento
contra la
Municipalidad Provincial de Lambayeque a fin de que cumpla lo
dispuesto en el artículo 10º de la Ley General de la Persona con Discapacidad
N.º 27050, modificado por el artículo 1º de la Ley N.º 28164, así como el
literal g) del artículo 6.1º de la Resolución de Presidencia N.º
099-2006-PRE/CONADIS, los que a su entender contienen un mandamus
de orden constitucional, esto es, atender a la población discapacitada con la
equitativa prestación alimentaria para 439 personas
discapacitadas que forman parte integrante de su asociación.
Manifiesta que
desde su inicio cuenta con 439 discapacitados debidamente empadronados y que
mantiene comunicación con el Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) como
ente rector de los discapacitados para la ayuda alimentaria
de sus asociados, y que en ese sentido, de acuerdo al artículo 10º de la Ley N.º
27050, ha solicitado a la municipalidad emplazada la entrega de 439 raciones alimentarias, lo cual no ha sucedido, mientras que a otras
instituciones sí se les entrega. Sostiene además que de acuerdo al literal g)
del artículo 6.1º de la Resolución
de Presidencia N.º 099-2006-PRE/CONADIS, las Oficinas
Municipales de Atención a la
Persona con Discapacidad (OMAPED) tienen entre sus
obligaciones comunicar a las autoridades del pertinentes los casos de
discriminación a personas con discapacidad en los programas de salud y
alimentación del Estado, que es precisamente lo que está sucediendo con sus
asociados, pues sólo les entregan 40 raciones de víveres.
Afirma
asimismo que ante esta situación se dirigió a un Congresista de la República, quien a su
vez solicito a la Ministra
de la Mujer le
informe acerca de dicho requerimiento de raciones alimentarias,
lo que motivó la emisión del Informe N.º 245-2007-MIMDES-PRONAA/DE, elaborado
por la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA, en el que se concluye y recomienda que
en el año 2007 la atención a la población con discapacidad será asumida por los
municipios provinciales a partir del mes de abril.
El Procurador
Público de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque contesta la demanda y
manifiesta que existe un acta de compromiso suscrita por la propia asociación
recurrente y el PRONAA, en la que consta que la atención alimentaria
del 2007 es para 40 personas a quienes se les entregará, trimestralmente, 9
sacos de arroz de 50 kilos cada uno, 1 saco de frejol
de 50 kilos, 141 conservas de anchoveta y 7 bidones
de aceite vegetal de 4,600 litros cada uno, lo que se corrobora con el
comprobante de salida N.º 03-0000026 del 31 de enero de 2007.
Sostiene que mediante
el Oficio N.º 036-2007/MIMDES/PRONAA, del 23 de enero de 2007, se remitió el
presupuesto asignado para los programas de complementación alimentaria,
de manera que no está en capacidad de atender las 439 raciones solicitadas, de
acuerdo a la dotación y presupuesto entregados por el PRONAA para 40
beneficiarios. Afirma además que el representante de la recurrente se ha negado
repetidas veces, y a pesar de sus requerimientos por escrito, e incluso por vía
notarial, a recabar la ayuda alimentaria so pretexto
de que le corresponde más alimentos, toda vez que cuenta con 439 asociados y no
40, no habiéndose acercado hasta la actualidad a recoger la dotación
alimenticia asignada a la institución que representa. Por tanto, no es la
municipalidad la que se muestra renuente y se niega a cumplir las normas.
Finalmente,
denuncia que las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad
(OMAPED) de Lambayeque, Mochumí, Illimo,
Túcume, Olmos, Salas, Jayanca
y otras autoridades municipales se reunieron en julio de 2007, manifestando que
no reciben apoyo de don Jorge Humberto Guerrero Santisteban,
en su calidad de representante de la asociación recurrente, y acordaron que las
raciones ya no serán entregadas a éste, pues muchos de los supuestos discapacitados
no se encuentran en la lista de 439 beneficiarios que presenta el aludido
representante.
El Juzgado
Mixto de Lambayeque, con fecha 9 de octubre de 2007, declaró fundada la demanda
por estimar que en autos está acreditado el incumplimiento por parte de la
emplazada no sólo respecto de la entrega de raciones alimentarias
a favor de los integrantes de la asociación
recurrente, sino también el incumplimiento respecto a iniciar el trámite
correspondiente para asegurar la provisión de alimentos para un sector sensible
de la población.
La Sala Especializada
en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
revocando la apelada, declaró infundada la demanda por estimar que de las
normas legales materia de cumplimiento no fluye un mandato expreso, claro e
incondicional.
FUNDAMENTOS
Sobre el proceso de cumplimiento: cuestiones previas
1.
De acuerdo al artículo 200.6º de la Constitución, la acción o proceso de cumplimiento
procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma
legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Por su parte, el numeral 66º del Código Procesal Constitucional dispone que el
objeto del proceso de cumplimiento es ordenar que el
funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal o
ejecute un acto administrativo firme; o se pronuncie expresamente cuando las
normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un
reglamento.
2.
Así, en la sentencia recaída en el Expediente N.º
00168-2005-PC/TC, que tiene la calidad de precedente vinculante, este Tribunal
Constitucional ha establecido que por medio del proceso de cumplimiento se
tutela el derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas
legales y de los actos administrativos. Por tanto, cuando una autoridad o
funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo que
incide en los derechos de las personas, o incluso cuando se trate de los casos
relativos a la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos en el
proceso de cumplimiento, surge el derecho de defender la eficacia de las normas
legales y actos administrativos a través del indicado proceso constitucional.
3.
De ahí que en el anotado precedente también se estableció que, sea para
el caso que se exija que la autoridad renuente dé cumplimiento a una norma
legal o un acto administrativo firme o que se pronuncie expresamente cuando las
normas le ordenan emitir resolución o dictar un reglamento, se deberá acreditar
no sólo la renuencia de la autoridad sino que además se tomará en cuenta las
características mínimas comunes del mandato de la norma o del acto
administrativo.
4.
Y es por ello que en la precitada sentencia se fijó que el mandato
invocado deberá tener los siguientes requisitos mínimos comunes, a saber:
a) Ser
un mandato vigente.
b) Ser
un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la
norma legal o del acto administrativo.
c) No
debe estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d) Ser
de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser
incondicional.
Objeto de la demanda y
requisito especial
5.
Mediante la demanda de cumplimiento de autos la asociación recurrente
pretende que la
Municipalidad Provincial de Lambayeque cumpla lo dispuesto en
el artículo 10º de la Ley
General de la
Persona con Discapacidad N.º 27050, modificado por el
artículo 1º de la Ley N.º
28164, así como el literal g) del artículo 6.1º de la Resolución de
Presidencia N.º 099-2006-PRE/CONADIS, los que a su entender contienen un mandamus de orden constitucional, esto es, atender a
la población discapacitada con la equitativa prestación alimentaria
para 439 personas discapacitadas que forman parte integrante de su asociación.
6.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69º del Código Procesal
Constitucional, para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá
que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el
cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días
útiles siguientes a la presentación de la solicitud. En ese sentido, a fojas 24
de autos consta el aludido requerimiento, de manera que la demanda de autos
cumple con el anotado requisito especial, por lo que corresponde emitir un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
Análisis de la Controversia
7.
Conforme consta en el fundamento 5, supra,
dos son las cuestiones cuyo cumplimiento persigue la asociación recurrente, a
saber:
a. De
un lado, el artículo 10º de la
Ley General de la
Persona con Discapacidad N.º 27050,
modificado por el artículo 1º de la
Ley N.º 28164, que dispone que,
“Los
gobiernos regionales, a través de Oficinas Regionales de Atención a las Personas
con Discapacidad, apoyan a las instituciones públicas y privadas, en el
desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que
promuevan la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las
personas con discapacidad.
El CONADIS
convendrá con los gobiernos regionales y locales, en lo que fuera pertinente,
para que en su representación vigilen el cumplimiento de esta Ley y su
Reglamento, extendiendo los alcances sociales, integradores e inclusivos de la
ley a todo el territorio nacional. Los gobiernos locales, sean éstos
provinciales o distritales, deberán aperturar oficinas de protección, participación y
organización de vecinos con discapacidad”.
b. Y
del otro, el literal g) del artículo 6.1º de la Resolución de Presidencia
N.º 099-2006-PRE/CONADIS, que corre a fojas 147, y que
dispone que,
“(…) las
Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) deberán
comunicar a las autoridades pertinentes los casos de discriminación a personas
con discapacidad en los programas de salud y alimentación del Estado”.
8.
Con relación al artículo 10º de la Ley General de la Persona con Discapacidad N.º 27050, varias son las cuestiones sobre las que cabe
pronunciarse. En primer lugar, se aprecia que el primer párrafo está referido
al apoyo que prestan los gobiernos regionales a instituciones públicas y
privadas para la ejecución de programas en beneficio de personas con
discapacidad, de manera que siendo la institución emplazada un gobierno local,
mas no regional, no se advierte cuál sería la conducta renuente de los
funcionarios de la comuna demandada.
9.
Incluso cuando pudiera interpretarse dicho enunciado en el sentido de
que también está dirigido a los gobiernos locales, de los abundantes documentos
que obran en autos fluye, y en particular de los que corren a fojas 44 (acta de
compromiso suscrita por la propia asociación recurrente y el PRONAA, en la que
consta que la atención alimentaria del 2007 es para
cuarenta personas) y fojas 45 (comprobante de salida N.º 03-0000026 del 31 de
enero de 2007), que la comuna emplazada sí viene prestando apoyo a las personas
con discapacidad que integran la asociación recurrente, mediante la entrega
trimestral de raciones alimentarias, aunque en número
de 40 (consistente en 9 sacos de arroz de 50 kilos cada uno, 1 saco de frejol de 50 kilos, 141 conservas de anchoveta
y 7 bidones de aceite vegetal de 4,600 litros cada uno), y no para las 439
personas que solicita la actora.
10.
No debe perderse de vista que en el caso concreto la emplazada
Municipalidad Provincial de Lambayeque no actúa por sí sola, sino que para ello
–apoyo de raciones alimentarias– depende del Consejo
Nacional de Discapacitados (CONADIS), que es un Organismo Público
Descentralizado dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES), proceso en el que incluso participa el PRONAA y que también depende
del referido ministerio. De ahí que, a juicio de este Tribunal, tampoco se
advierta una conducta renuente, pues de los documentos que por ejemplo corren a
fojas 49 a 51 de autos, queda claro que de por medio hay un tema de asignación
presupuestaria que no depende única y exclusivamente de la comuna demandada, a
lo que debe tenerse presente además que como resulta evidente, la asociación
recurrente no es la única beneficiaria de los programas de apoyo alimentario.
11.
En cuanto a la primera parte del segundo párrafo del artículo 10º
de la Ley General
de la Persona
con Discapacidad N.º 27050, se aprecia que está
dirigido al CONADIS, entidad que convendrá con los gobiernos regionales y
locales para el cumplimiento de la ley. Por ende, tampoco existe, desde el
punto de vista de la comuna emplazada, un mandato que se muestre renuente a
cumplir.
12.
Por último, y en lo que se refiere a la parte final del segundo párrafo
del artículo 10º de la Ley
General de la
Persona con Discapacidad N.º 27050, referido a que los
gobiernos locales deben abrir oficinas de protección de vecinos con
discapacidad, está acreditado en autos –con los documentos que por citar
algunos corren a fojas 87, 92, 93 y 95– que la emplazada Municipalidad
Provincial de Lambayeque ha abierto las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad
(OMAPED) de Lambayeque, Mochumí, Illimo,
Túcume, Olmos, Salas, Jayanca.
Por tanto, queda claro que tampoco se evidencia conducta renuente alguna.
13.
De otro lado, la asociación recurrente también persigue que se cumpla el
literal g) del artículo 6.1º de la Resolución de Presidencia N.º
099-2006-PRE/CONADIS, que dispone que las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad
(OMAPED) deberán comunicar los casos de discriminación a personas con
discapacidad. Sobre el particular, a fojas 29 la actora manifiesta que no se
les ha “(…) entregado las 439 raciones correspondientes al primer trimestre de
abril de 2007, pero a otras instituciones sí (…)”, lo cual constituiría un
supuesto de discriminación.
14.
Al respecto este Tribunal Constitucional estima oportuno precisar que
tal afirmación no se encuentra debidamente acreditada en autos, por lo que no
puede sostenerse que las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad
(OMAPED) dependientes de la comuna emplazada no hayan cumplido con el deber de
poner en conocimiento de las autoridades pertinentes los casos de
discriminación de las personas con discapacidad.
15.
Por el contrario, de los documentos de fojas 82, 84, 85, 86, 89, 92, 93
y 95 se advierten denuncias y cuestionamientos de los representantes de las
Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de Lambayeque, Mochumí, Illimo, Túcume, Olmos, Salas y Jayanca
respecto de la actuación del representante de la asociación recurrente, por
cuanto éste se estaría negando a recibir las raciones de alimentos y no los
estaría entregando a los discapacitados, además de que estaría pretendiendo
sorprender a las referidas autoridades.
16.
Por lo demás, y en cuanto al Informe N.º 245-2007-MIMDES-PRONAA/DE
también invocado por la asociación recurrente, que corre a fojas 12 a 14 de
autos, conviene precisar que dicho documento no constituye un acto
administrativo, ni mucho menos, como es evidente, una norma legal, toda vez que
se trata de un documento de carácter interno elaborado por la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) y dirigido al Vice
Ministro del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) en atención a la solicitud
del Congresista de la
República Franco Carpio Guerrero, en el que se concluye y
recomienda que en el año 2007 la atención a la población con discapacidad será
asumida por los municipios provinciales a partir del mes de abril, lo que en
todo caso, y como ha quedado expuesto con meridiana claridad supra, sí ha venido ocurriendo.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA