EXP. N.° 02753-2010-PA/TC
LIMA
ASOCIACIÓN DE CESANTES Y
JUBILADOS DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO –
PESCA PERU
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 21 de septiembre de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por la
Asociación de Cesantes y Jubilados Enero 84 Pesca Perú, a
través de su representante, contra la resolución de fecha 3 de setiembre del 2009, a fojas 370 del cuaderno de apelación, expedida
por la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
que confirmando la apelada declaró fundada la excepción de caducidad, y
subsecuentemente, nulo todo lo actuado y concluido el proceso; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 29 de
octubre del 2002 la recurrente interpone demanda de amparo contra la Empresa Nacional
Pesquera Pesca Perú S.A., el juez a cargo del Segundo Juzgado Laboral, el juez
a cargo del Tercer Juzgado Laboral, el juez a cargo del Cuarto Juzgado Laboral
y los vocales integrantes de la
Sala Laboral, de la Sala Penal y de la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia del Santa, solicitando se deje sin efecto legal resoluciones
judiciales emitidas en irregulares procesos laborales que dieron lugar a
demandar la nulidad de las sentencias por cosa juzgada fraudulenta. Sostiene
que sus representados interpusieron sendas demandas laborales sobre reintegro
de beneficios sociales y cumplimiento de convenio colectivo del período 1983-1984
en contra de la Empresa
Pesca Perú S.A., las cuales fueron desestimadas en el Poder
Judicial, entendiendo que tales decisiones vulneran los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva de sus representados toda vez que los
órganos judiciales convirtieron el petitorio de las demandas en uno de puro
derecho, sin sustentar las decisiones en la actuación de medios probatorios
(pericias), argumentando en todos los casos que al resolver no había necesidad
de actuar mayores medios probatorios.
2.
Que con escrito de
fecha 25 de junio del 2004 los demandados señores Braulio Zavaleta
Velarde, Pracedes Jondec
Briones, Samuel Sánchez Melgarejo y la Empresa Nacional
Pesquera Pesca Perú S.A. - En Liquidación interponen, entre otros, excepción de
caducidad argumentando que el plazo de caducidad al cual hace referencia la Ley Nº 23506 ha operado; en
consecuencia se ha perdido el derecho ha ejercitar la acción y el derecho
mismo.
3.
Que con resolución
de fecha 19 de setiembre del 2008 la Primera Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia del Santa declara fundada la excepción de caducidad, nulo todo lo
actuado y concluido el proceso por considerar que las resoluciones judiciales
cuestionadas recaídas en los procesos laborales datan del año 2000, por lo que
desde las fechas de emisión de las resoluciones supuestamente vulneratorias hasta la interposición de la demanda (30 de
octubre del 2002) ha transcurrido en exceso el plazo legal de 60 días que
establecía el artículo 37º de la
Ley Nº 23506; máxime si los recurrentes, antes de la
interposición de la demanda de autos, iniciaron proceso de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta. A su turno, la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia confirma la apelada por considerar que si los actos de afectación de
derechos fundamentales fueron las resoluciones recaídas en los procesos
laborales, el plazo de prescripción para interponer el amparo venció a los 60
días luego de notificadas las mismas.
4.
Que conforme lo
establecía el artículo 37º de la
Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, vigente al
momento de interponerse la demanda de autos, “el ejercicio de la acción
de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación,
siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la
posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del
impedimento”. Asimismo el artículo 26º de la Ley Nº 25398, Ley que
complementa las disposiciones de la
Ley Nº 23506 en materia de Hábeas Corpus y de Amparo,
señalaba que “el plazo de caducidad a que se refiere el Artículo 37º de la Ley se computa desde el
momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya
sido dictada con anterioridad”. Este Tribunal, interpretando las normas
glosadas anteriores al Código Procesal Constitucional, estableció en el
Expediente Nº 05018-2007-PA/TC “que (…) cuando exista una resolución contra
la cual no cabe interponer medios impugnatorios o
recursos que tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el plazo prescriptorio debe contarse desde el día siguiente de la
fecha de notificación de dicha resolución inimpugnable
(Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16)”.
5. Que
sobre el particular a fojas 130-179 (primer cuaderno) obran los últimos
actuados (resoluciones judiciales) recaídos en los procesos laborales
cuestionados, los cuales datan del año 2000, habiéndose interpuesto demanda de
amparo recién en fecha 29 de octubre del 2002, es decir fuera del plazo de los
60 días hábiles establecido por el artículo 37º de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas
Corpus y Amparo, deviniendo de esta manera en extemporánea la demanda de autos
e inconsistente lo señalado por la recurrente cuando sostiene (fojas 383 del
cuaderno de apelación) que “se hallaba imposibilitado de interponer la
demanda de amparo al haber estado tramitando un proceso laboral de nulidad
de cosa juzgada fraudulenta, aspecto que fue ignorado para el cómputo del plazo”,
pues este Tribunal Constitucional ya ha establecido en caso similar al de autos
que “(…) resulta incorrecto y, a la vez, atentatorio contra la probidad y la
buena fe procesal, argumentar la “prolongación” del inicio del plazo de
prescripción para la interposición de la demanda de
amparo, incluyendo en él las incidencias ocurridas en el ulterior proceso de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta (…), máxime -como se ha
señalado- si el recurrente no cuestiona incidencia alguna ocurrida en dicho
proceso judicial”. (Cfr. Expediente Nº
04179-2009-PA/TC, fundamento 5). Y es que el “el proceso de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta es un proceso autónomo adscrito a la jurisdicción
ordinaria civil; como tal, su recorrido no constituye vía previa judicial y su
inicio y/o culminación tampoco otorgan firmeza a la resolución judicial que se
pretende cuestionar a través de un proceso amparo contra resolución judicial,
pudiendo ser su resultado materia de cuestionamiento directo a través del
amparo, siempre y cuando se cumplan los requisitos y supuestos establecidos en
el artículo 4º del Código Procesal Constitucional”. (Cfr.
Expediente Nº 04179-2009-PA/TC, fundamento 6).
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA
HANI