EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC
LIMA
ANTAURO IGOR
HUMALA TASSO
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de agosto de
2009, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen,
Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente
sentencia, con los votos singulares
de los magistrados Landa Arroyo,
Beaumont Callirgos y Calle Hayen, que se
agregan
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Inga
Garay a favor de don Antauro Igor Humala Tasso, contra la resolución de
ANTECEDENTES
Con
fecha 15 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus
contra los integrantes de
Refiere que desde el día de su detención, 4 de enero de
Realizada la investigación sumaria el favorecido ratificó los términos de la demanda. De otro lado, los vocales emplazados señalan que el plazo máximo de detención provisional de 36 meses puede excepcionalmente ser prolongado mediante auto debidamente motivado, lo que se fundamenta en la resolución de prolongación de la detención del favorecido. Agregan que el auto de prolongación de la detención no cumple con el requisito de firmeza.
El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de enero de 2008, declaró improcedente la demanda por considerar que la resolución que prolonga la detención del favorecido a 72 meses no es firme conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal constitucional ya que ha sido materia de recurso de apelación.
FUNDAMENTOS
Delimitación
del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del favorecido alegándose que sufre prisión preventiva por un periodo de tiempo que excede el plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137° del Código Procesal Penal sin haberse dictado sentencia en primera instancia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.° 20-05), pues se está afectando sus derechos a la libertad personal, debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales e igualdad ante la ley.
Por
todo esto es que se sostiene que debe declararse la nulidad de
2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su
artículo 9° numeral 3) que “Toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad (...)”. Por consiguiente, en medida
de que las normas relativas a los derechos y a las libertades que
3.
Del tratamiento jurisprudencial del Tribunal
Constitucional en cuanto al exceso de detención provisional
4. El Tribunal Constitucional ha señalado de su jurisprudencia recaída en los casos Federico Tiberio Berrocal Prudencio (Expediente N.° 2915-2004-HC/TC) y Hernán Ronald Buitrón Rodríguez (Expediente N.° 7624-2005-PHC/TC) dos supuestos específicos para la prolongación de la detención judicial más allá del tiempo legalmente establecido, estos son los sustentados a) en la conducta obstruccionista del procesado o su defensa que haya dilatado innecesariamente el proceso, computo del tiempo que comportó la conducta obstruccionista del procesado y su descuento que en definitiva implica el computo efectivo del plazo máximo de detención provisional (36 meses para el proceso ordinario); y excepcionalmente b) en los casos de tráfico ilícito de drogas con red internacional en los que concurran circunstancias que importen una especial dificultad que hagan razonable la adopción de la medida. Por consiguiente, toda resolución judicial que pretenda prolongar el plazo de detención provisional por un período superior a 36 meses en el proceso ordinario debe contar necesariamente con una especial motivación sustentada en causas suficientes y objetivas atribuibles a la conducta procesal del imputado.
Fuera
de estos dos supuestos específicos de prolongación, la resolución judicial que
desborde el plazo máximo de detención legal resulta, en
principio, inconstitucional, quedando habilitado el correspondiente control
constitucional siempre que se acuse el agravio de los derechos fundamentales.
Orden
constitucional y gobierno legítimamente constituido
5. En un Estado constitucional democrático
6. Sobre esta base el artículo 38º de
7. Por lo dicho queda sentado que en nuestro sistema constitucional
rige el principio de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la participación
ciudadana en la composición del gobierno adquiere una posición
constitucional relevante, en base a principios democráticos. Y es que, precisamente, la
organización jurídica y la democracia representativa constituyen la condición
necesaria para la estabilidad, la seguridad, la paz y el desarrollo social,
político y económico del país.
8. En este contexto el Tribunal Constitucional es el
primer garante del orden constitucional democrático y
del gobierno legítimamente constituido; de ahí que quien participe de la
ruptura del orden institucional del Estado democrático debe ser sometido a las
vías judiciales en base a las normas legales que establecen responsabilidades
con las garantías de un debido proceso. Y es que cualquier alteración
inconstitucional del orden democrático
será merecedor a una condena internacional, a efectos de que se restaure el orden democrático y
que se respeten los derechos humanos.
9.
Así, la defensa y salvaguardia del orden
constitucional democrático y del gobierno legítimamente constituido no sólo
incumbe a los organismos constitucionales sino a todos los ciudadanos quienes
estamos en la obligación de observar no sólo
10.
Del
caso de autos se tiene que el proceso penal que se sigue al actor es por los
delitos de rebelión y otros (instrucción que cuenta con más de 150
procesados) y que el órgano judicial le impuso mandato de detención provisional
como medida coercitiva de la libertad para asegurar su sujeción al
proceso, resultando que desde la fecha de su ejecución ha transcurrido más de
36 meses de su reclusión y que a su vencimiento
11.
12. No cabe duda pues de la suma gravedad que comporta el delito de rebelión, contexto jurídico en el que el Tribunal Constitucional no resulta ajeno a la necesidad de protección y preservación de los bienes constitucionales del derecho a la paz y el garantizar el sistema democrático, por lo que concluye en señalar que resulta razonable la prolongación de la detención provisional más allá de los 36 meses cuando se trate de una instrucción por el delito de rebelión en la que concurre circunstancias que importen una especial dificultad que hagan razonable la adopción de la medida cuestionada, verbigracia la existencia de más de 150 procesados, la intensa actividad probatoria y los hechos que constituyen la materia sometida a la investigación en el proceso que se sigue por los causes de la vía penal ordinaria, como lo es el delito contra la vida. Por consiguiente la demanda debe ser desestimada.
13. Finalmente el Colegiado considera menester señalar que es de conocimiento público que el procesado Antauro Igor Humala Tasso ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso que se le sigue (en perjuicio suyo y el de los demás procesados), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable.
14. Centrado así el tema materia del grado, no está demás precisar que el Tribunal Constitucional se limita a la acusada afectación al derecho fundamental a la libertad personal materia del presente proceso constitucional de hábeas corpus, correspondiéndole en exclusividad al Poder Judicial valorar la prueba actuada dentro del aludido proceso penal en relación a los hechos investigados, calificar estos expuestos en la acusación que da mérito a la apertura del juicio oral y determinar la graduación de la pena, en caso de condena.
Por estos fundamentos y con la autoridad
que le reconoce
HA RESUELTO
1.
Declarar INFUNDADA
la demanda de hábeas corpus de autos.
2.
Exhortar al Poder Judicial a
que de trámite preferente al proceso del cual deriva el presente hábeas corpus,
para la expedición oportuna de la sentencia.
Publíquese y
notifíquese
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC
LIMA
ANTAURO IGOR
HUMALA TASSO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ
Haciendo uso de
la facultad que nos confiere el artículo 5° de
En cuanto a la fundamentación para desestimar la demanda me remito a las consideraciones que formulé en el Fundamento de Voto del Exp. N.° 01680-2009-PHC/TC, cuyo contenido reitero en este momento.
Sr.
MESÍA RAMÍREZ
EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC
LIMA
ANTAURO IGOR
HUMALA TASSO
VOTO
SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO
Con
el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente
voto singular que reafirma mi posición dada a conocer en el Exp. Nº
1680-2009-PHC/TC (caso Humala Tasso y otros). Previamente, debo señalar que en aras de
que el Estado Constitucional se consolide en base al Derecho y a la justicia,
corresponde a este Tribunal reafirmar su compromiso con la tutela de los
derechos fundamentales, pero también con el respeto al principio jurídico de
supremacía de
1.
El objeto de la presente
demanda interpuesta por don Edmundo Inga Garay, a favor de don Antauro Igor
Humala Tasso, es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 3
de enero de 2008, emitida por
2.
Este Tribunal tiene como hecho
de pública evidencia que con fecha 15 de setiembre de 2009, el beneficiario
Antauro Igor Humala Tasso ha sido sentenciado en primera instancia por
3.
En un Estado constitucional
democrático,
4.
Sobre la base de lo anterior,
conviene puntualizar, en primer lugar, que si bien, el artículo 46º de
5.
Y
en segundo lugar, que si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de
protestar, tal ejercicio tampoco supone hacerlo en contra del sistema
democrático que ponga en peligro el orden constitucional, pues, el artículo 38º de
6. Por lo dicho, queda sentado, pues que en nuestro sistema constitucional rige el principio de un Estado constitucional y democrático de Derecho en el que la participación ciudadana en la composición del gobierno, adquiere una posición constitucional relevante, en base el principio democrático. Y es que, precisamente, la organización jurídica y la democracia representativa constituyen la condición necesaria para la estabilidad, la seguridad, la paz y el desarrollo social, político y económico del país.
7.
En ese
sentido, el Tribunal Constitucional al tiempo que es garante de
8.
Ahora, a efectos de garantizar
el orden constitucional y el gobierno legítimamente constituido, este Tribunal
en tanto guardián del sistema democrático recuerda que todos los poderes del
Estado y todos los ciudadanos estamos en la obligación de observar no sólo
9.
Por lo demás, cabe recordar que
cualquier alteración inconstitucional del orden democrático será merecedor de una condena internacional, a efectos de que se restaure el orden democrático y
que se respeten los derechos humanos. Incluso, ante el agravamiento
institucional puede suponer la suspensión con efectos inmediatos del
Estado peruano del ejercicio de su derecho de participación en
10.
El artículo 7º. 2 de
11.
De
lo dicho, queda claro que el derecho a la libertad
personal como todo derecho fundamental no es un derecho absoluto, pues puede
ser restringido o limitado por
El derecho a que la prisión preventiva no exceda el
plazo establecido
12.
El derecho a que la prisión
preventiva no exceda el plazo máximo coadyuva al pleno respeto de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad,
subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar
la aplicación de la prisión preventiva para ser reconocida como constitucional.
Se trata de una manifestación implícita del derecho a la libertad
personal reconocido en
13. Ahora bien, para los efectos de verificar el vencimiento o no del plazo máximo de la
prisión preventiva, este Tribunal ha precisado que dicho plazo debe ser
computado a partir de la fecha en que el inculpado ha sido privado
materialmente del derecho a la libertad personal, lo que, obviamente alcanza a
la detención policial, a la detención judicial preliminar, etc. (Exp. Nº 0915-2009-PHC/TC FJ 5). Ello es así, porque la privación de
la libertad personal producida a nivel de la investigación preliminar no puede,
pues, injustificadamente dejar de ser computada para los efectos de establecer
la duración de la detención preventiva.
14. Los plazos máximos de duración de la
prisión preventiva se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico
penal, por tanto, dichos plazos máximos integran el
contenido esencial del derecho fundamental a la libertad personal. En ese
sentido, resulta válido afirmar que cualquier mantenimiento de la prisión
preventiva por un tiempo excesivo al previsto lesiona el derecho a la
libertad personal, en concreto, al derecho a que la prisión preventiva no
exceda del plazo establecido.
15. El Código
Procesal Penal de 1991, en su artículo 137º, primer párrafo, señala que:
“La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento [sumario] y de dieciocho meses en el procedimiento [ordinario] siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos (...). Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”.
En el segundo párrafo señala que:
“Cuando concurren circunstancias que
importen una especial dificultad o una especial prolongación de la
investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia,
la detención podrá prolongarse por un plazo igual”. (el
énfasis es nuestro).
16. Una interpretación literal de los preceptos aludidos podría generar
la conclusión de que, presentadas las circunstancias descritas, los plazos de
la prisión preventiva podrían extenderse hasta 36 meses en el caso de los
delitos merituados en el procedimiento sumario, y hasta 72 meses en el caso de
los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de
naturaleza compleja, seguidos contra más de 10 imputados, en agravio de igual
número de personas, o del Estado. Sobre el particular, este Tribunal considera
que tal interpretación resulta manifiestamente inconstitucional
porque en lugar de optimizar el derecho a la libertad personal desconoce los
principios de subsidiariedad, provisionalidad y excepcionalidad que debe
guardar toda prisión preventiva para ser reconocida como constitucional.
17. Por ello, debe quedar claro, que la prolongación
no opera luego de la dúplica, sino que más bien procede en lugar de
ésta. Esto es, opera en aquellos casos en que pese a no tratarse delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros
de naturaleza compleja, seguidos contra más de 10 imputados, en agravio de
igual número de personas, o del Estado, sí entrañan una especial dificultad o
especial prolongación en la prosecución del proceso. En tal sentido, este
Tribunal considera que sobre todo cuando se trate de una prolongación de la
detención no debe optarse necesariamente por el plazo máximo de la misma, sino
que en cada caso, debe señalarse un plazo que resulte lo estrictamente
necesario.
El plazo máximo de la prisión preventiva según la
jurisprudencia constitucional
18. Este Tribunal en anterior oportunidad ha
establecido como regla general en el caso Berrocal Prudencio (Exp. Nº
2915-2004-HC/TC FJ 41) y Buitrón Rodríguez (Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC FJ 27) que
el plazo máximo de la detención preventiva es de 36 meses, pudiendo
extenderse de manera excepcional por un plazo mayor siempre que se
encuentre sustentada y motivada i) en una causa
suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga
evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso y/o ii) se trate de casos referidos al
tráfico ilícito de drogas con red internacional que importen una especial
dificultad que haga razonable la adopción de dicha medida.
En el primer caso, cabe precisar,
que en puridad el juez no extiende la detención más allá del plazo máximo
transcurrido de manera cronológica, sino que más bien realiza un descuento de
éste por haberse producido la conducta obstruccionista del procesado o de su
defensa, el mismo que empezará a correr una vez transcurrido el plazo máximo de los 36 meses. En concreto, tal actuación judicial no
comporta la extensión
del plazo máximo de la detención provisional, sino más bien, su cómputo
efectivo.
Análisis del caso materia de controversia
constitucional
19. Llegado a este punto, cabe señalar que la resolución en cuestión de fecha 3 de enero de 2008 que dispone la prolongación de la detención preventiva de 36 meses, por 36 meses adicionales no se encuentra sustentada en causa suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso, tampoco resulta ser un caso de tráfico ilícitos de drogas con red internacional que importe una especial dificultad que haga razonable la adopción de dicha medida. En resumidas cuentas, el caso no se encuentra dentro de los dos supuestos que de manera excepcional ha habilitado la jurisprudencia constitucional para la continuación extraordinaria de la detención.
20. Importa por tanto verificar si a la luz de los criterios: i) actuación de los órganos jurisdiccionales, ii) complejidad del asunto; y, iii) actividad procesal del imputado, señalados en los casos Berrocal Prudencio (Exp. Nº 2915-2004-HC/TC) y Buitrón Rodríguez (Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC) este caso en específico, puede o no ser considerado un tercer supuesto de excepción.
21.
Actuación de los órganos
jurisdiccionales. Del informe remitido por
Mediante resolución de fecha 17 de julio de 2006 se duplicó de manera automática
el plazo de la prisión preventiva de 18 meses, por 18 meses adicionales por
tratarse de un caso complejo. Con fecha 24 de abril de 2007 se remitió
los actuados a
22.
De lo expuesto, se aprecia de
manera objetiva que el caso no ha sido tramitado de manera adecuada ni se han
observado los plazos establecidos, pues a la fecha de la expedición de la
resolución que aquí se cuestiona ya habían transcurrido más de 3 años y aún no
se había iniciado el juicio oral, no habiéndose logrado la eficacia aludida por
23. Complejidad del asunto. Que duda cabe que la pluralidad de procesados, en este caso inicialmente más de 150, así como la pluralidad de los delitos materia de investigación constituyen elementos preponderantes para calificar a un proceso como complejo; sin embargo, cabe señalar que en el caso concreto el factor de la “complejidad” ya había sido utilizado para proceder a la dúplica automática de la detención provisional de 18 meses, por 18 meses adicionales (36 meses en total). Al respecto, cabe recordar que el Tribunal ya ha señalado que los supuestos referidos a la complejidad que reviste el asunto ya se encuentran explícitamente incorporados cuando se recurre a la dúplica automática de la prisión preventiva de 18 meses, por 18 meses adicionales, esto es, permitiendo que el plazo máximo de detención se extienda hasta 36 meses (Exp. Nº 2915-2004-HC/TC).
24.
Ahora bien, en el caso se
aprecia, que
25.
De otro lado, aún cuando este Tribunal no ha señalado que la
prolongación excepcional puede adoptarse en todos los demás casos
penales en los que concurran circunstancias que
importen una especial dificultad ni mucho menos ha delimitado el tiempo máximo de la aludida
prolongación excepcional,
26. Actividad procesal del imputado. Sobre este aspecto, cabe señalar que ninguno de los extremos de la resolución de fecha 3 de enero de 2008 - que dispone la prolongación de la detención preventiva de 36 meses, por 36 meses adicionales (72 meses en total) -, se encuentra siquiera referida mucho menos motivada en causa suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso. En todo caso, conviene señalar, que si bien es de pública evidencia la falta de colaboración por parte de alguno de los procesados con la administración de justicia, también lo es, que ello ha tenido lugar con posterioridad a la resolución del 3 enero de 2008 que aquí se cuestiona, toda vez que el juicio oral recién se inició el 28 de marzo de 2008.
27. Bajo este marco de consideraciones, conviene recordar que así como este Tribunal no constituye una suprainstancia jurisdiccional tampoco tiene por función subsanar las omisiones en la que pudieran haber incurrido los órganos jurisdiccionales ordinarios; y que por el contrario, si le corresponde a este Tribunal evaluar la legitimidad o no de los actos judiciales alegados de lesivos, a efectos de verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce el demandante.
28. Sobre la base de lo expuesto, concluimos que: i) se ha vencido en exceso el plazo máximo de detención preventiva de los 36 meses legalmente previsto, sin que se haya emitido sentencia condenatoria en primera instancia, ii) la resolución de fecha 3 de enero de 2008 que dispone la prolongación de la detención preventiva no cumple con la exigencia constitucional de la debida motivación, esto es, no resulta suficiente ni razonada para sustentar la medida impuesta; y, que por tanto, iii) el caso no configura un supuesto de excepción que valide constitucionalmente la prórroga de la detención preventiva por un plazo superior a los 36 meses previstos en la ley. En tal sentido, corresponde al Poder Judicial dilucidar de manera definitiva sobre la presunta responsabilidad de los imputados en el proceso penal que se les sigue por los actos graves de connotación penal acaecidos en la ciudad de Andahuaylas en enero de 2005, entre otros, la muerte de policías y civiles.
Por estos fundamentos, no obstante haberse producido la sustracción de la materia justiciable mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor de don Antauro Igor Humala Tasso, exhortando a los jueces superiores Berna Julia Morante Soria; Carmen Liliana Rojjasi Pella y Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara no vuelvan a incurrir en acciones u omisiones similares a los que motivaron la interposición de la presente demanda, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas que establece el artículo 22° del Código Procesal Constitucional.
SR.
LANDA
ARROYO
EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC
LIMA
ANTAURO IGOR
HUMALA TASSO
VOTO SINGULAR DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Con
el respeto debido a lo sostenido por mis colegas magistrados, emito el presente
voto singular, por los siguientes
fundamentos:
1.
Si bien es cierto que el artículo 1º del Código Procesal
Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data
y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales,
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación
de estos derechos, también lo es que si luego de presentada la demanda
hubiere cesado en cualquier modo la alegada agresión o amenaza de violación del
derecho invocado, es obvio que no ya existiría la necesidad de emitir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que en tal caso se habría
producido la sustracción de materia justiciable.
2. Asimismo, cabe señalar que la continuación de la privación de la
libertad personal, según el artículo 137º del Código Procesal Penal de 1991,
puede ser cuestionada, sea porque se ha superado el plazo máximo establecido
sin haberse expedido sentencia condenatoria en primera instancia, o porque
habiéndose dictado dicha sentencia, la misma se ha visto superada en una mitad,
siempre que haya sido impugnada. En el primer caso, queda claro que, si luego de interpuesta la
demanda se ha dictado sentencia condenatoria de primer grado, o se ha
presentado algún otro supuesto que de cualquier modo haga variar la situación primigenia
de privación de la libertad carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el
fondo del asunto, pues, en tal caso se ha producido la sustracción de la
materia justiciable.
3. En el caso concreto, es de
conocimiento público que el beneficiario Antauro Igor Humala Tasso, con
fecha 16 de setiembre del año en curso, ha sido condenado por
4. En este orden de ideas, carece
de objeto pronunciarse respecto a la solicitud de excarcelación, al haber
operado la sustracción de la materia,
toda vez, que la detención que afecta al beneficiario obedece al mandato
judicial contenido en la sentencia condenatoria
dictada en primer grado.
Por estas razones,
mi voto es por:
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS
EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC
LIMA
ANTAURO IGOR
HUMALA TASSO
Voto
singular que formula el magistrado Calle Hayen en el recurso de agravio constitucional
interpuesto por don Edmundo Inga Garay, contra la sentencia emitida por
1.
El objeto de la presente
demanda interpuesta por don Edmundo Inga Garay, a favor de don Antauro Igor
Humala Tasso, es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 3
de enero de 2008, emitida por
La resolución en cuestión ha sido confirmada por
2. Este Tribunal tiene como hecho de pública evidencia que con fecha 15 de setiembre de 2009, el favorecido ha sido condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión y otros[4], por lo que siendo así se ha producido la sustracción de la materia justiciable; no obstante ello, atendiendo a la intensidad grave en la intervención del derecho a la libertad personal y a la debida motivación de las resoluciones judiciales al haberse dispuesto la continuación de la detención preventiva del favorecido por un plazo superior a 36 meses sin que exista sentencia condenatoria en primera instancia, considero emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto a efectos de declarar fundada la demanda, conforme lo establece el artículo 1º, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional.
3.
El artículo 7º. 2 de
4.
De
lo dicho, queda claro que el derecho a la libertad
personal como todo derecho fundamental no es un derecho absoluto, pues puede
ser restringido o limitado por
El derecho a que la prisión preventiva no exceda el
plazo establecido
5.
El derecho a que la prisión
preventiva no exceda el plazo máximo coadyuva al pleno respeto de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad,
subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar
la aplicación de la prisión preventiva para ser reconocida como constitucional.
Se trata de una manifestación implícita del derecho a la libertad
personal reconocido en
6. Ahora bien, para los efectos de verificar el vencimiento o no del plazo máximo de la
prisión preventiva, este Tribunal ha precisado que dicho plazo debe ser
computado a partir de la fecha en que el inculpado ha sido privado
materialmente del derecho a la libertad personal, lo que, obviamente alcanza a
la detención policial, a la detención judicial preliminar, etc. (Exp. Nº 0915-2009-PHC/TC FJ 5). Ello es así, porque la privación de
la libertad personal producida a nivel de la investigación preliminar no puede,
pues, quedar arbitrariamente exenta de un cómputo de su temporalidad para los
efectos de establecer la duración de la detención preventiva.
7. Los plazos máximos de duración de la
prisión preventiva se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico
penal, por tanto, dichos plazos máximos integran el
contenido esencial del derecho fundamental a la libertad personal. En ese
sentido, resulta válido afirmar que cualquier mantenimiento de la prisión
preventiva por un tiempo excesivo al previsto lesiona el derecho a la libertad
personal, en concreto, al derecho a no ser detenido fuera del plazo
establecido.
8. El Código
Procesal Penal de 1991, en su artículo 137º, primer párrafo, señala que:
“La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento [sumario] y de dieciocho meses en el procedimiento [ordinario] siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos (...). Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”(el énfasis es nuestro).
En el segundo párrafo señala que:
“Cuando concurren circunstancias que
importen una especial dificultad o una especial prolongación de la
investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia,
la detención podrá prolongarse por un plazo igual”. (el
énfasis es nuestro).
9. Una interpretación literal de los preceptos aludidos podría generar
la conclusión de que, presentadas las circunstancias descritas, los plazos
podrían extenderse hasta 36 meses en el caso de los delitos merituados en el
procedimiento sumario, y hasta 72 meses en el caso de los delitos de tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja,
seguidos contra más de 10 imputados, en agravio de igual número de personas, o
del Estado. Sobre el particular, este Tribunal considera que tal interpretación
podría resultar manifiestamente inconstitucional, según sea el caso, porque
lejos de optimizar el derecho a la libertad personal desconocería los
principios de subsidiariedad, provisionalidad y excepcionalidad que debe
guardar toda prisión preventiva para ser reconocida como constitucional.
El plazo máximo de la prisión preventiva según la
jurisprudencia constitucional
10. Este Tribunal en anterior oportunidad ha
establecido como regla general en el caso Berrocal Prudencio (Exp. Nº
2915-2004-HC/TC FJ 41) y Buitrón Rodríguez (Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC FJ 27) que
el plazo máximo de la detención preventiva es de 36 meses, pudiendo
extenderse de manera excepcional por un plazo mayor siempre que se
encuentre sustentada y motivada i) en una causa
suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga
evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso y/o ii) se trate de casos referidos al
tráfico ilícito de drogas con red internacional que importen una especial
dificultad que haga razonable la adopción de dicha medida.
En el primer caso, cabe precisar,
que en puridad el juez no extiende la detención más allá del plazo máximo
transcurrido de manera cronológica, sino que más bien realiza un descuento de
éste por haberse producido la conducta obstruccionista del procesado o de su
defensa, el mismo que empezará a correr una vez transcurrido el plazo máximo de los 36 meses. En concreto, tal actuación judicial no
comporta la extensión
del plazo máximo de la detención provisional, sino más bien, su cómputo
efectivo.
Análisis del caso materia de controversia constitucional
11. Llegado a este punto, cabe señalar que la resolución en cuestión de fecha 3 de enero de 2008 que dispone la prolongación de la detención preventiva de 36 meses, por 36 meses adicionales no se encuentra sustentada en causa suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso, tampoco resulta ser un caso de tráfico ilícitos de drogas con red internacional que importe una especial dificultad que haga razonable la adopción de dicha medida. En resumidas cuentas, el caso no se encuentra dentro de los dos supuestos que de manera excepcional ha habilitado la jurisprudencia constitucional para la continuación extraordinaria de la detención.
12. Importa por tanto verificar si a la luz de los criterios: i) actuación de los órganos jurisdiccionales, ii) complejidad del asunto; y, iii) actividad procesal del imputado, señalados en los casos Berrocal Prudencio (Exp. Nº 2915-2004-HC/TC) y Buitrón Rodríguez (Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC) este caso en específico, puede o no ser considerado un tercer supuesto de excepción.
13.
Actuación de los órganos
jurisdiccionales. Del informe remitido por
Mediante resolución de fecha 17 de julio de 2006 se duplicó de manera automática
el plazo de la prisión preventiva de 18 meses, por 18 meses adicionales por
tratarse de un caso complejo. Con fecha 24 de abril de 2007 se remitió
los actuados a
14.
De lo expuesto, se aprecia de
manera objetiva que el caso no ha sido tramitado de manera adecuada ni se han
observado los plazos establecidos, pues a la fecha de la expedición de la
resolución que aquí se cuestiona ya habían transcurrido más de 3 años y aún no
se había iniciado el juicio oral, no habiéndose logrado la eficacia aludida por
15. Complejidad del asunto. Que duda cabe que la pluralidad de procesados, en este caso inicialmente más de 150, así como la pluralidad de los delitos materia de investigación constituyen elementos preponderantes para calificar a un proceso como complejo; sin embargo, cabe señalar que en el caso concreto el factor de la “complejidad” ya había sido utilizado para proceder a la dúplica automática de la detención provisional de 18 meses, por 18 meses adicionales (36 meses en total). Al respecto, cabe recordar que el Tribunal ya ha señalado que los supuestos referidos a la complejidad que reviste el asunto ya se encuentran explícitamente incorporados cuando se recurre a la dúplica automática de la prisión preventiva de 18 meses, por 18 meses adicionales, esto es, permitiendo que el plazo máximo de detención se extienda hasta 36 meses (Exp. Nº 2915-2004-HC/TC).
16.
Ahora bien, en el caso se
aprecia, que
17. Actividad procesal del imputado. Sobre este aspecto, cabe señalar que ninguno de los extremos de la resolución de fecha 3 de enero de 2008 - que dispone la prolongación de la detención preventiva de 36 meses, por 36 meses adicionales (72 meses en total) -, se encuentra siquiera referida mucho menos motivada en causa suficiente y objetivamente atribuible al procesado o su defensa que haga evidenciar una conducta obstruccionista durante el proceso. En todo caso, conviene señalar, que si bien es de pública evidencia la falta de colaboración por parte de alguno de los procesados con la administración de justicia, también lo es, que ello ha tenido lugar con posterioridad a la resolución del 3 enero de 2008 que aquí se cuestiona, toda vez que el juicio oral recién se inició el 28 de marzo de 2008.
18. Bajo este marco de consideraciones, conviene recordar que así como este Tribunal no constituye una suprainstancia jurisdiccional tampoco tiene por función subsanar las omisiones en la que hubieren haber incurrido los órganos jurisdiccionales ordinarios; y que por el contrario, si le corresponde a este Tribunal evaluar la legitimidad o no de los actos judiciales alegados de lesivos, a efectos de verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce el demandante.
19.
Ahora bien, aún cuando este Tribunal no ha señalado en su
abundante jurisprudencia que dicha prolongación excepcional se puede adoptar en
todos los demás casos penales en los que concurran circunstancias que importen una especial dificultad ni mucho menos ha delimitado el tiempo máximo de la aludida
prolongación excepcional,
20. Sobre la base de lo expuesto, concluimos que: i) se ha vencido en exceso el plazo máximo de detención preventiva de los 36 meses legalmente previsto, sin que se haya emitido sentencia condenatoria en primera instancia, ii) la resolución de fecha 3 de enero de 2008 que dispone la prolongación de la detención preventiva no cumple con la exigencia constitucional de la debida motivación, esto es, no resulta suficiente ni razonada para sustentar la medida impuesta; y, iii) el caso no configura un supuesto de excepción que valide constitucionalmente la prórroga de la detención preventiva por un plazo superior a los 36 meses previstos en la ley.
21.
Finalmente, si bien el artículo 46º de
Por estos fundamentos, no obstante haberse producido la sustracción de la materia justiciable mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de hábeas corpus a favor de don Antauro Igor Humala Tasso, disponiendo que los magistrados emplazados no vuelvan a incurrir en acciones ú omisiones similares a los que motivaron la interposición de la presente.
SR.
CALLE
HAYEN