EXP. N.° 02870-2009-PA/TC
AREQUIPA
MELQUÍADES BAUTISTA
GARCÍA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes
de octubre de 2010, la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Mesía Ramírez, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Melquíades Bautista García contra la
sentencia expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, de fojas 352, su fecha 23 de marzo de 2009, que declaró
improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente,
con fecha 12 de diciembre de 2006, interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución
5183-2001-ONP/DC/DL 18846, de fecha 25 de septiembre de 2001; y que, por
consiguiente, se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por adolecer de
enfermedad profesional, conforme a lo dispuesto por la Ley 26790 y normas
complementarias y conexas, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas,
los intereses legales y los costos.
La emplazada deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar de la
demandada, y contestando la demanda alega que el actor no ha acreditado que la
enfermedad que adolece sea consecuencia de las labores mineras ejercidas.
El Noveno Juzgado
Civil de Arequipa, con fecha 14 de noviembre de 2007, declara improcedente la
excepción propuesta, y con fecha 12 de septiembre de 2008 declara fundada
la demanda, considerando que con el informe de comisión médica que obra en
autos, así como de los certificados de trabajo anexados, se demuestra que la
enfermedad de hipoacusia que afecta al demandante ha
sido originada a consecuencia de la labor minera de perforista realizada.
La Sala Superior competente, revocando la apelada,
declara improcedente la demanda, por estimar que existe contradicción entre los
documentos médicos obrantes en autos.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha
señalado que forman parte del contenido esencial
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que
la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para
que sea posible emitir pronunciamiento.
Delimitación del petitorio
2.
En el presente
caso, el demandante solicita que se le otorgue la pensión de invalidez de
la Ley 26790 y su
reglamento.
Análisis de la
controversia
3.
Este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC,
publicada el 5 de febrero de 2009,
ha precisado los criterios respecto a las
situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
4.
El Decreto
Ley 18846 fue derogado por la Ley
26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas
del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por
el Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo administrado por la
ONP.
5.
Mediante el Decreto
Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo; así, su artículo 3 define como enfermedad profesional todo
estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se
ha visto obligado a trabajar.
6.
Resulta
pertinente precisar que, a efectos de determinar si una enfermedad es producto
de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa-
efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.
7.
En cuanto a la hipoacusia como enfermedad, debe señalarse que cualquier
persona expuesta a ruido de forma repetida puede desarrollar dicha dolencia, la
cual produce una lesión auditiva inducida por el ruido. En tal sentido, la hipoacusia puede ser tanto una enfermedad común o
profesional, ya que se genera como consecuencia de la exposición continua al
ruido.
8.
De ahí que, para determinar que la hipoacusia es de origen ocupacional o
profesional, es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.
Para ello se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el
demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de
determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio
lugar de trabajo; es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no
se presume, sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia
se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido.
9.
En el caso de
autos, del Certificado de la
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de
Salud, obrante a fojas 235, de fecha 8 de febrero de 2007, se advierte que el
actor padece de hipoacusia neurosensorial
bilateral con un menoscabo de 66%, y del certificado de trabajo de la Compañía Minas Ocoña S.A., de fojas 4, se desprende que laboró como
perforista interior de mina del 3 de diciembre de 1974 al 31 de marzo de 1996;
asimismo, del certificado de fojas 5 de la Compañía Minera
Oro Mercedes S.A., se desprende que laboró como perforista interior de mina,
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1998; y a fojas 6, del certificado de la Compañía Minas Ocoña S.A.A. se desprende que
laboró como perforista interior de mina del 1 de abril de 1998 al 1 de enero de
1999, por lo que trabajó expuesto al ruido de manera constante y prolongada.
10. El artículo 18.2.1 del Decreto
Supremo 003-98-SA define la invalidez parcial permanente como la disminución de
la capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50%, pero
menor a los 2/3 (66.66%), razón por la cual corresponde una pensión de
invalidez vitalicia mensual equivalente al 50% de la Remuneración Mensual,
igual al promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses
anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o enfermedad
profesional sufrida por el asegurado.
11. Consecuentemente, el demandante
con la documentación de autos demuestra que la enfermedad de hipoacusia que padece es de origen ocupacional, por lo que,
habiéndose encontrado protegido por la
Ley 26790 y su reglamento, toda vez que trabajó en la
actividad minera considerada como una actividad de riesgo por esta norma, le
corresponde acceder a la pensión de invalidez solicitada con la prestación
estipulada por presentar 66% de menoscabo y percibir una pensión de
invalidez permanente parcial equivalente al 50% de su remuneración mensual,
en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la
hipoacusia neurosensorial.
Cobertura del Seguro
Complementario de Riesgo
12. Mediante Resolución de fecha 25
de junio de 2009 se solicitó a la Compañía Minera Minas Ocoña
S.A.A. que informe respecto a la aseguradora con la
que contrató el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a favor de sus
trabajadores en el año 1999, fecha de cese del actor (f. 5 del cuaderno del
Tribunal Constitucional); no obstante, no ha sido posible ubicar a dicha
empresa.
13. Del certificado de trabajo de
fojas 6, expedido por la propia empresa, se acredita la existencia de la
relación laboral que mantuvo el actor hasta 1999, lo que acarreó la obligación
por parte de la empleadora de contratar con una entidad aseguradora la
cobertura ante los riesgos profesionales del demandante y de los demás
trabajadores. Por lo tanto, habiéndose comprobado que el recurrente cumple los
requisitos exigidos para percibir una pensión vitalicia por enfermedad
profesional, corresponder analizar la procedencia de la cobertura supletoria.
14. En tal sentido, efectuándose una
remisión a los fundamentos expuestos en la STC 5141-2007-PA/TC, se concluye en el presente
caso operará la cobertura supletoria establecida en el artículo 88 del Decreto
Supremo 009-97-SA, asumiendo la responsabilidad del pago de dicha prestación en
representación del Estado la
Oficina de Normalización Previsional,
sin perjuicio de las sanciones administrativas derivadas de la falta de
contratación del seguro o de una contratación de cobertura insuficiente que
correspondan al empleador, quien deberá asumir el costo de las prestaciones que
se generen y que, supletoriamente, sean de cargo de la ONP, que tiene el derecho de
repetir contra el empleador.
15. En cuanto a la fecha en que se
genera el derecho, este Tribunal considera que la contingencia debe
establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de
Evaluación y Calificación de Invalidez, dado que el beneficio deriva justamente
del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha, 8 de febrero de
2007, que se debe abonar la pensión de invalidez.
16. En consecuencia, al haberse
acreditado la vulneración del derecho del demandante a una pensión, a tenor del
precedente contenido en la STC
5430-2006-PA/TC, corresponde ordenar el pago de los intereses y costos del
proceso; conforme al artículo 1246 del Código Civil y al artículo 56 del
Código Procesal Constitucional, respectivamente.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1
Declarar FUNDADA
la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a
la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución
5183-2001-ONP/DC/DL 18846.
2. Reponiéndose las cosas al estado
anterior a la vulneración, ordena que la entidad demandada otorgue al
recurrente la pensión de invalidez por enfermedad profesional, con arreglo a la Ley 26790 y sus normas
complementarias y conexas, conforme a los fundamentos de la presente sentencia,
y que se le abone el pago de las pensiones devengadas con sus respectivos
intereses legales, más los costos del proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ