EXP. N.° 02910-2010-PA/TC
AYACUCHO
MIGUEL
TRIVEÑO
GANDULIAS
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 15 de setiembre de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel
Triveño Gandulias contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, de fojas 368, su
fecha 31 de mayo de 2010, que declaró infundada
la demanda de amparo autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que el demandante interpone demanda de amparo contra el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, solicitando que se reponga
las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales a
la libertad de trabajo y protección contra el despido arbitrario; y que en
consecuencia, se lo reincorpore en el cargo de Asistente Legal en el Área de
Comunidades Nativas del Valle del Río Apurímac y el Ene. Manifiesta el
demandante que ingresó en el Organismo emplazado el 13 de febrero de 2008,
mediante proceso de selección de personal; que sin embargo, se le hizo
suscribir contrato de locación de servicios, y fue despedido en forma verbal por el Jefe
Zonal de la entidad el 15 de junio de 2008.
2.
Que
este Colegiado, en la
STC N.º 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El
Peruano el 22 de diciembre de 2005, con la finalidad de unificar los
criterios vertidos para la procedencia o improcedencia de las demandas de
amparo en materia laboral del régimen privado y público, ha precisado, con
carácter vinculante, los criterios de procedibilidad
de las mismas, los cuales son de obligatorio acatamiento de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional.
3.
Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los
fundamentos 7 a
20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el
artículo 5º, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, en el presente
caso, la pretensión de la parte demandante no procede, porque existe una vía
procedimental específica e igualmente satisfactoria para la protección del
derecho constitucional supuestamente vulnerado, en la que sí se puede actuar
medios por las partes para dilucidar la controversia.
4.
Que para acreditar la
relación laboral a plazo indeterminado, el recurrente aduce que lleva más de 4 meses
laborando para la emplazada y que ingresó mediante un proceso de selección de
personal para ocupar la plaza de Asistente Administrativo; no obstante, a fojas
286 obra el contrato de locación de servicios suscrito por el demandante y la
emplazada; asimismo, a fojas 14 obra un Acta de Verificación de Despido
Arbitrario, expedida por la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo-Ayacucho, de fecha 25 de junio de 2008, el mismo que corresponde a
una tercera persona.
5.
Que, por otro lado, de fojas 18 a 30 de autos obran copias
de unos documentos denominados control de
asistencia; por lo tanto, no se acredita que hayan sido expedidos por la
demandada.
6.
Que, en el presente caso, de
los medios probatorios obrantes en el expediente no permiten generar convicción
en este Colegiado.
7.
Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario precisar que
dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite
cuando la STC
206-2005-PA fue publicada; supuesto que no ocurre en el presente caso, dado que
la demanda se interpuso el 10 de septiembre de 2008.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ