EXP. N.° 02969-2010-PA/TC
AREQUIPA
SIMÓN FIDEL
INFA LACCACTA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 12 días del mes
de octubre de 2010, la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Vergara Gotelli, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Simón Fidel Infa Laccacta contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas 300, su fecha 16 de junio de 2010, que
declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto de que se declare
inaplicable la Resolución
5421-2007-ONP/DC/DL 18846, de fecha 25 de setiembre
de 2007, y que en consecuencia cumpla con otorgarle pensión de invalidez
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o su norma sustitutoria
la Ley 26790, más
el pago de las pensiones dejadas de percibir y los intereses legales.
La emplazada contesta la demanda expresando que el certificado médico adjuntado
no es medio probatorio idóneo para acreditar una enfermedad profesional,
asimismo que no se ha determinado que exista nexo causal entre las enfermedades
que el actor alega padecer con las labores desempeñadas por el recurrente.
El Primer Juzgado Mixto de Mariano Melgar, con fecha 1 de setiembre
de 2009, declara fundada la demanda por considerar que con los documentos
adjuntados el demandante ha acreditado padecer de enfermedad profesional, así
como la relación de causalidad entre dicha enfermedad y las labores realizadas.
La Sala Superior
revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar que
entre el cese laboral del actor y la fecha de expedición del certificado médico
ha transcurrido más de 17 años, motivo por el cual no puede determinarse el
nexo de causalidad.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
En la STC 1417-2005-PA/TC publicada
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha
señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el
derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los
requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad del derecho
invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir
pronunciamiento.
Delimitación
del petitorio
2.
El demandante
pretende el otorgamiento de una pensión de invalidez vitalicia conforme al
Decreto Ley 18846, tomando en cuenta que padece de hipoacusia
neurosensorial bilateral, gonartrosis
primaria bilateral y capsulitis adhesiva del hombro. En consecuencia su pretensión está
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión
controvertida.
Análisis de la controversia
3.
Mediante el precedente vinculante recaído en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC este
Tribunal ha establecido que la acreditación de la enfermedad profesional
únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por
una Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del
Decreto Ley 19990. Así, en el presente caso, debe tenerse por acreditada la
enfermedad a partir de la fecha del diagnóstico emitido mediante el certificado
médico de fojas 3, expedido por el Hospital Goyeneche
del Ministerio de Salud, esto es, a partir del 26 de setiembre
de 2007.
4.
Sin embargo pese a
que en el caso de autos la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral que padece el demandante se
encuentra debidamente acreditada de conformidad a lo establecido en la STC 2513-2007-PA/TC, de los
certificados de trabajo de fojas 172 y 173, expedidos por la Compañía Minera Arcata S.A., se aprecia que el actor laboró como tablerista Central San Ignacio, tablerista
hidroeléctrica, tablerista 1era. hidroeléctrica
y operador central fuerza desde el 5 de abril de 1952 hasta el 31 de diciembre
de 1990, mientras que la enfermedad fue diagnosticada el 26 de setiembre de 2007, mediando más de 16 años entre la
culminación de sus labores y la determinación de la enfermedad, situación por
la cual no es posible determinar objetivamente la existencia de la relación de
causalidad entre el trabajo realizado por el actor y el diagnóstico de dicha
enfermedad.
5.
Consecuentemente, aun cuando el recurrente adolece de hipoacusia neurosensorial bilateral, no se ha acreditado que dicha enfermedad sea consecuencia
de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral, motivo
por el cual la demanda debe ser desestimada.
6.
Respecto a las enfermedades de gonartrosis primaria
bilateral y capsulitis adhesiva del hombro, debe
recordarse que el artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, reglamento del
Decreto Ley 18846, normas vigentes a la fecha de cese del actor, no las
catalogaba como enfermedades profesionales. Asimismo que actualmente la Ley 26790 y el Decreto Supremo
003-98-SA, superando el listado de enfermedades profesionales cubiertas por el
Seguro, ha ampliado la cobertura a las actividades de riesgo comprendidas en el
Anexo 5 del referido decreto supremo; sin embargo, el demandante tampoco ha
demostrado el nexo causal, es decir, que el origen de las enfermedades que
padece sea ocupacional o derivado de la actividad laboral de riesgo realizada.
7.
Se concluye entonces que no se ha acreditado la vulneración del derecho a la
pensión del recurrente.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda porque no
se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI