EXP. N.º 02999-2009-PA/TC

LIMA

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A.

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 30 de junio de 2010

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Compañía Distribuidora S.A., –CODISA- contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 126 del cuaderno de dicha instancia, su fecha 23 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 17 de enero de 2007 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Quinta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A.,  (COFIDE), don Jacobo Rey Elmore, don Rafael Villegas Cerro, don José Ulises Montoya Alberti y contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, por la presunta violación de su derecho a la tutela procesal efectiva, el que fue violentado al emitirse la resolución N.º 21 en el proceso de anulación de laudo arbitral tramitado en el Exp. N.º 2469-2004, por parte de la Sala emplazada la que declaró infundado su recurso de anulación de laudo arbitral de derecho de fecha 12 de agosto de 2004, corregido e integrado el 20 del mismo mes y año. Refiere además que con ello se ha vulnerado también su derecho de defensa, se ha frustrado su acceso a los medios impugnatorios, su derecho a obtener una resolución fundada en derecho así como su derecho a la propiedad; en consecuencia, solicita que se declare nula y sin efecto la resolución N 21 precitada así como nulo todo lo actuado con posterioridad a ella, y que se expida una nueva resolución. Del mismo modo, solicita que los demandados se abstengan de realizar cualquier acto de ejecución de la referida resolución.

 

2.      Que con fecha 13 de octubre del presente año el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento en relación a la demanda incoada en la STC N.º 5311-2007-PA/TC, donde los emplazados han sido los árbitros don Jacobo Rey Elmore, don Rafael Villegas Cerro y don José Ulises Montoya Alberti como parte del Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación Comercial del Perú – CEARCO, siendo el objeto de la demanda que se declare inaplicable o sin efecto el Laudo de Derecho del 12 de agosto de 2004, corregido el 20 del mismo mes y año, por el que se dispone que la demandante en ambos procesos pague a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, la suma de US$ 36’000,000.00 (treinta y seis millones de dólares americanos) por concepto de penalidad al incumplir el contenido de la cláusula octava de los contratos de compraventa que suscribió con dicha entidad. Esta demanda fue amparada por el Tribunal Constitucional y en consecuencia se dispuso un nuevo procedimiento arbitral.

  

3.      Que con vista de la sentencia recaída en el STC N.º 5311-2007-PA/TC, se advierte que si bien la pretensión en aquella es distinta a la planteada en autos, sin embargo afecta a la que ahora es de conocimiento del Tribunal Constitucional, puesto que no se puede pretender la nulidad del laudo arbitral para que se emita un nuevo laudo en un procedimiento arbitral cuando el juez constitucional ha ordenado que se realice un nuevo procedimiento arbitral, en el que posteriormente se dictará el laudo que corresponda, cuando se llegue a dicha etapa procesal. En consecuencia en aplicación del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, carece de objeto emitir pronunciamiento por haberse producido la sustracción de la materia en el presente caso.

 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, y el voto singular del magistrado Landa Arroyo, que se agregan

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber operado la sustracción de la materia.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

VERGARA GOTELLI

 

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N 05951-2009-PHC/TC

LIMA

AARON HUSID NACHMAN

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

Emito el presente fundamento de voto encontrándome de acuerdo con la parte resolutiva, pero discrepando de los fundamentos esbozados en la resolución en mayoría.

  

1.      Con fecha 17 de enero de 2007 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), don Jacobo Re Elmore,  Rafael Villegas Cerro José Ulises Montoya Alberti y contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N° 21, de fecha 12 de agosto de 2004, que declaró infundado su recurso de anulación de laudo arbitral de derecho, corregido e integrado el 20 de agosto de 2004, debiendo asimismo en consecuencia declarar la nulidad de todo lo actuado a dicha resolución con posterioridad. Señala que en el proceso seguido sobre anulación de laudo arbitral (Exp. 2469-2004) se ha cometido una serie de irregularidades que han afectado los derechos constitucionales de la empresa demandante como son la tutela procesal efectiva, derecho de defensa, a obtener una resolución fundada en derecho y su derecho a la propiedad.

 

2.      Cabe señalar que en oportunidad anterior este Colegiado se pronunció por una pretensión que se encuentra ligada a la presente (Expediente 05311-2007-PA/TC sentencia firmada por los jueces constitucionales Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Mesia Ramírez), señalando que habiendo este Colegiado emitido resolución disponiendo que se realice un nuevo procedimiento arbitral, en el que posteriormente se dictará el laudo que corresponda, cuando se llegue a dicha etapa procesal, carecía de objeto pronunciarse en esta oportunidad. Es así que no habiendo yo participado en dicha causa, expreso hoy que la demanda es improcedente pero en atención a la posición que en reiteradas oportunidades he expresado a través de mis votos singulares, en los que afirmo que las personas jurídicas (específicamente sociedades mercantiles) no ostentan la legitimidad extraordinaria para obrar activa requerida para el proceso constitucional de amparo, puesto que éste está exclusivamente dirigido a la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana.

 

En el presente caso

 

3.      Se observa en el presente caso que llega a este Tribunal el proceso de amparo en el que la empresa comercial recurrente demanda que el órgano constitucional declare nula y sin efecto la Resolución N° 21 expedida en el proceso de anulación de laudo arbitral tramitado en el Expediente 2469-2004 de la Quinta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Lima y nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución. Se observa que las partes en este proceso son sociedades mercantiles que por decisión voluntaria pactaron libremente extraer de la jurisdicción oficial la solución de un conflicto en temática dineraria-patrimonial y, por tanto, constitutiva de lo que ha venido a denominarse pretensiones disponibles. Dicha excepción está prevista en el artículo 139°, numeral primero, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Perú, que textualmente dice son principios y derechos de la función jurisdiccional: “La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.”.

 

4.      Es cierto pues que la jurisdicción arbitral está permitida, en general, por la Constitución del Estado como que también lo es que este Tribunal ha venido uniformemente manifestando que no existen islas ni cotos que impidan la labor de control que le corresponde al Tribunal Constitucional como excluyente controlador concentrado de la ley. Empero, tratándose aquí de una labor política de control a través del presente proceso constitucional en el que las partes en el conflicto pactan, voluntariamente, excluir al Poder Judicial de la decisión fondal tratándose de intereses exclusivamente patrimoniales para el que los contendientes desconfían de los jueces ordinarios para el enjuiciamiento de temas para los que está obligado el resto de peruanos, es que particularmente persisto en mi posición de considerar inidónea la sede constitucional para el tratamiento de los intereses exclusivamente patrimoniales de las sociedades mercantiles que, como nos informa la doctrina, mas que comunidades de personas son comunidades de capitales, por lo que invariablemente he sostenido que el área constitucional es sólo para la persona humana, según las apreciaciones que tengo expuestas:

 

“(…) cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la “persona humana”, por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma mas rápida y económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que este colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización (urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el caso concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado.”

 

5.      Son estas pues las consideraciones por las que creo que la demanda resulta improcedente, amén que en este caso, lo es más por tratarse de un campo en el que, por más que las dos sociedades mercantiles hayan llevado la decisión del conflicto que las distancia a la sede arbitral, por decisión libremente lograda, el tema de la pretensión versa exclusivamente sobre intereses patrimoniales, cualquiera sean las palabras que se utilice o los derechos y principios que se invoquen. 

 

6.      Por tanto considero que la demanda debe ser desestimada por improcedente, no solo por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también por la naturaleza de la pretensión.

 

En consecuencia mi voto es porque se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de amparo propuesta.

 

 

Sr.

VERGARA GOTELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXP. N 05951-2009-PHC/TC

LIMA

AARON HUSID NACHMAN

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA

 

Con el respeto que guardo hacia las opiniones de mis colegas magistrados, emito el siguiente fundamento de voto por no compartir las razones que sostienen la resolución de mayoría. En primer lugar, debo advertir que no formé parte de la sala que resolvió la STC 05311-2007-PA/TC y que si bien las salas son órganos representativos del Tribunal, no estoy de acuerdo con lo resuelto en la mencionada sentencia. En tal sentido, mal puedo asumir los fundamentos que ahora la mayoría recoge por los cuales se rechaza la presente demanda.

 

§ Fundamentos constitucionales del arbitraje

 

1.      Deseo iniciar el presento voto planteando algunas reflexión en torno al arbitraje. Para el ordenamiento constitucional peruano la legitimación del arbitraje proviene de un acuerdo expreso, es decir, de un contrato celebrado entre las partes y el tercero al que éstas acuden libremente, siendo el objeto del contrato o convenio arbitral la solución de un conflicto determinado; no obstante, la auctoritas del árbitro no se agota en un iónico ejercicio de su función que finaliza con el laudo o decisión arbitral, sino que se debe a una auténtica iuris dictio que forma parte esencial del orden público constitucional. Especificidad del arbitraje peruano que lo diferencia de otros sistemas jurídicos en los cuales no se puede considerar que el arbitraje es o puede ser una manifestación de potestad jurisdiccional

 

2.      Si bien los fundamento del arbitraje reposan sobre el principio de autonomía, ello no significa que se trate del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al Derecho privado. De lo cual se desprende que debiendo prima facie proteger los intereses de las partes, también se encuentra vinculada al respeto de la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta en el artículo 51º de la Carta Magna. Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por las leyes especiales sobre la materia[1], sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales. Todo lo cual determina que la constitucionalización de la jurisdicción arbitral, no representa un perjuicio en su funcionamiento o la traslación de los vicios propios de la justicia ordinaria.

 

3.      El valor que significa toda decisión solutoria de conflictos adoptada según las reglas del arbitraje de derecho y equidad, como solución alternativa a la vía judicial, es seguramente el mayor valor con que cuenta esta fórmula singular de ventilar conflictos que se hallen bajo el poder de disposición de los sujetos. Claro está que el sometimiento arbitral plasmado en el compromiso arbitral no tiene por qué representar renuncia alguna a ningún derecho que contraríe el orden público, entre ellos el derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución, que es un derecho cuyo contenido esencial no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta sobre todo órgano público o privado que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales.

 

4.       El carácter autónomo, garantista y procesal del arbitraje en el ámbito de la libre disposición de materias, supone hacer disponible la cuestión litigiosa, es decir, equivale a facultar a los particulares para que sustraigan del ámbito del ejercicio funcional de la jurisdicción estatal aquellas materias consideradas de libre disposición. Bien es cierto que en el momento presente no es posible conceptuar de modo absoluto al arbitraje como un derecho fundamental, pero tampoco pasa desapercibido al legislador el entronque constitucional del arbitraje en la autonomía de la voluntad de las partes.

 

§ Proceso de arbitraje y Tribunal Constitucional

 

5.      De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprende que el tratamiento del control constitucional respecto de las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, siendo afianzado con distinta intensidad. Así pueden distinguirse hasta tres etapas.

 

6.      En un primer momento los criterios para resolver el amparo no se distinguían mucho de los cuestionamiento que vía amparo contra se hacía de resoluciones judiciales. Por consiguiente, en dicho modelo, tratándose de una demanda promovida contra una resolución emanada de un procedimiento arbitral “regular” o, lo que es lo mismo, respetuoso del debido proceso y la tutela judicial efectiva, la misma deberá desestimarse. El criterio referido determinó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y encontró respaldo en la Ley N.º 27053, de fecha 19 de enero de 1999, que modificando el artículo 6º, inciso 2), de la entonces vigente Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.º 23506, que estableció la improcedencia de las acciones de garantía “Contra resolución judicial o arbitral emanadas de procedimiento regular”, lo que contrario sensu, significaba que si el procedimiento (sea este judicial o arbitral) devenía en irregular quedaba habilitado el control constitucional.

 

7.      Una segunda etapa se encuentra determinada por el Caso Cantuarias Salaverry [STC 6167-2005-PHC, de fecha 9 de marzo de 2006], en el cual el Pleno del Tribunal se decantará a favor del control constitucional de las decisiones arbitrales, pero atendiendo los siguientes criterios:

 

-     La jurisdicción arbitral, si bien dotada de garantías de autonomía de su desenvolvimiento, se encuentra vinculada a respeto de los derechos fundamentales, en particular (aunque no exclusivamente), a aquellos que informan el debido proceso.

-     Puede cuestionarse las decisiones de la jurisdicción arbitral, tanto judicialmente como acudiendo a los procesos constitucionalmente. El control judicial debe ser ejercido ex post, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo, previstos en la Ley General de Arbitraje. El control constitucional se sujeta a lo establecido en el Código Procesal Constitucional, precisándose que si lo que se cuestiona es un laudo que verse sobre materias o derechos de carácter disponible, debe agotarse previamente los recursos que franquea la Ley General de Arbitraje.

-     El control constitucional de los laudos arbitrales procede no solamente si se vulneran los derechos constitucionales, sino también cuando se advierte incumplimiento a la doctrina jurisprudencial vinculante o a los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

 

Posteriormente en el Caso Corporación Meier [STC 4972-2006-PA, de fecha 18 de octubre de 2007], el Tribunal volvería a pronunciarse sobre el tema ampliando algunos conceptos, en torno a la procedencia del control constitucional de las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral, cuando: a) El laudo arbitral vulnera o amenaza la tutela procesal efectiva (dimensiones formal y material); b) la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsivamente; y, c) A pesar de hacerse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre la que ha de decidirse, tienen carácter indisponible o no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna.

 

Por último, cabe referir el Caso Proime [STC 4195-2006-PA, de fecha 10 de abril de 2008], que determina cinco reglas en materia de control sobre la jurisdicción arbitral:

 

-     El amparo no procederá respecto de actuaciones previas a la expedición del laudo, por lo que en tales supuestos habrá que esperar la culminación del proceso arbitral.

-     Deberá agotarse la vía previa tras haber culminado el proceso arbitral, siempre y cuando sean pertinentes los recursos de apelación o anulación       

-     El amparo no procede siempre y cuando se cuestiones la interpretaciones que el Tribunal Arbitral realice en torno a la ley, a menos que con tales interpretaciones se desprenda una vulneración manifiesta a la tutela procesal efectiva y al debido proceso.  

-     La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas a arbitraje son exclusiva competencia de la jurisdicción arbitral, a menos que se advierta una manifiesta arbitrariedad en dicho proceder.

-     Las vulneraciones a los derechos que se alegan producidos deberán acreditarse de manera objetiva y específica, debiéndose precisar en que ha consistido la denunciada irregularidad, así como el documento o pieza procesal en el que se constata dicha vulneración. 

 

8.      En suma, la conclusión evidente que debe inferirse de lo hasta ahora desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal es que la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que se establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso.

 

§ Análisis del caso concreto

 

9.      Ya entrando al problema concreto, la STC 05311-2007-PA/TC declaró fundada la demanda, ello fue consecuencia de los votos concurrentes del Magistrado Eto Cruz y Magistrado Beaumont Callirgos y de otro lado, el voto del Magistrado Mesía Ramírez, quedando el voto en discordia del Magistrado Landa Arroyo. En tal sentido, se debe advertir que la determinación de la ratio decidendi resulta por demás compleja, debido a que nos encontramos ante una decisión u opinión plural (plurality decision) en donde precisamente no existe acuerdo sobre las razones jurídicas que fundamentan la decisión del Tribunal.

 

10.  En todo caso, es relevante indicar que en la STC 05311-2007-PA/TC debieron explicitarse las razones por las que no era procedente el agotamiento de la vía previa, puesto que la demandante había deducido excepción de falta de agotamiento de la vía previa. En el voto conjunto del magistrado Eto Cruz y Beaumont Callirgos se hace referencia a este tema, indicando que debido a que el amparo fue interpuesto con fecha 13 se setiembre de 2004, no le era aplicable el Código Procesal Constitucional, que entró en vigencia con posterioridad. Asimismo, indican que las sentencias del Tribunal que establecen la doctrina jurisprudencial (06167-2005-HC/TC y 04195-2006-AA/TC) aun no habían sido publicadas, por lo que tampoco le podían ser impuestas.

 

11.  No estoy de acuerdo con tales posiciones. El Código Procesal Constitucional establece en la Segunda Disposición Final que las normas procesales previstas en dicho código son de aplicación inmediata, incluso en los procesos en trámite. Por consiguiente, se debió esclarecer por qué en este caso tales normas no fueron aplicadas. De otro lado, la obligación de agotar la vía previa no es una innovación del Código sino que es una regla que ya existía en el artículo 6 de la Ley de Habeas Corpus y Amparo (modificada por la Ley N.° 27053).

 

12.  De otro lado, si bien consideraron que no serían aplicables los criterios de la STC 06167-2005-HC/TC (Caso Cantuarias Salaverry) debido a que la demanda fue interpuesta con anterioridad a su existencia, tal no fue el criterio esgrimido en la STC 02386-2008-PA/TC (publicada en octubre de 2009). En esta sentencia se resuelve también un amparo interpuesto el 2001 contra un laudo arbitral, sin embargo en la sentencia se hace referencia -en su fundamento 3- a los criterios establecidos en el Caso Cantuarias Salaverry. No resulta coherente por lo tanto negar la aplicación de los criterios del Tribunal en un caso y considerarlos en otro, ya que con ello se afecta el principio de igualdad. Por lo tanto, ya que la demanda de la STC 05311-2007-PA/TC habría sido interpuesta sin que se agote vía previa alguna, el Tribunal debió declarar la improcedencia de la demanda.

 

13.  No obstante lo alegado, es de apreciarse una serie de aspectos que redundan en la improcedencia de la demanda. En el presente caso a folios 656-683 se aprecia que el 13 de setiembre de 2004, la empresa amparista interpuso recurso de anulación contra el laudo arbitral. La Quinta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 26 de julio 2006, declaró improcedente tal recurso. Es de anotar que con ello ya se habría cumplido con el agotamiento de la vía previa debido a que según el artículo 77 de la propia Ley General de Arbitraje (Ley N.° 26572), vigente en aquella época, solo procedería el recurso de casación cuando el laudo hubiera sido anulado total o parcialmente, no siendo este el caso. No obstante ello, se insistió en interponer un recurso de casación, que fue declarado inadmisible el 4 de octubre de 2006.

 

14.  El 17 de enero de 2007, se interpuso la demanda de amparo que ahora se resuelve. La demanda fue interpuesta contra los integrantes de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima alegando que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y en segundo lugar su derecho de propiedad debido a que al mantenerse la validez del laudo arbitral se le está obligando a pagar 36,000,000 de dólares americanos. Por consiguiente solicita que se

declare nula y sin efecto la Resolución N.° 21 expedida en el proceso de anulación de laudo arbitral tramitado en el expediente N.° 2469-2004 de la Quinta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Lima y Nulo  todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución [...].

           

Tal demanda fue declara improcedente por la primera y segunda instancia en virtud a argumentos que indicaban que no había interpuesto el amparo dentro del plazo estipulado en el Código Procesal Constitucional. En efecto, al plantear la casación –a pesar de no cumplir con los requisitos para hacerlo y por lo tanto no estar obligado a ello- la empresa demandante dejó transcurrir el plazo prescriptorio para interponer el amparo. Así, el amparo debió interponerse dentro de los 30 días de notificada la sentencia que se cuestiona. 

 

15.  Ahora bien, como se ha señalado a folios 656-683 se aprecia que con fecha 13 de setiembre de 2004 se interpuso recurso de anulación del laudo arbitral

corregido e integrado de oficio por resolución N.° 20, del 20 de agosto de 2004, que declara fundada la demanda interpuesta por Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE contra Compañía Distribuidora S.A.-CODISA, sobre pago de penalidad y en consecuencia dispone el pago de la demandante de la suma de US$ 36,000,00.00 [...].

 

De otro lado interesa recordar que en la misma fecha de la interposición del recurso de anulación, la empresa demandante interpuso también una demanda de amparo -que culminó con la STC 05311-2007-PA/TC- en la que, según el voto de los magistrados Eto Cruz y Beaumont Callirgos, solicitó que:

se declare inaplicable o se deje sin efecto el Laudo de Derecho, expedido con fecha 12 de agosto de 2004, y corregido por Resolución N.° 20, de fecha 20 de agosto de 2004 mediante el cual se declara fundada la demanda arbitral, y se dispone que la empresa recurrente pague a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo  (COFIDE) la suma $ 36´000 000.00 (treinta y seis Millones de Dólares Americanos) [...].”

 

Por consiguiente, se colige al mismo tiempo existían dos procesos jurisdiccionales analizando el mismo laudo, de un lado el recurso de anulación –que luego dará origen al amparo que se resuelve ahora- y de otro lado el amparo que dio origen a la STC 05311-2007-PA/TC. Esta situación, no deseada por el ordenamiento jurídico, no hace sino denotar una intención poco afortunada de la parte demandante. Y es que en tal escenario se plantea la posibilidad de que se generen dos sentencias contradictorias en virtud de una maniobra procesal que pone de manifiesto la mala fe. Tal situación origina -desde mi perspectiva- que se llame la atención al demandante y a su abogado debido a que su conducta estaría reñida con la buena fe procesal que debe guiar las acciones de las partes en todo proceso. Asimismo, esto debió ser materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la STC 05311-2007-PA/TC, debiendo resolver por lo tanto la improcedencia de la demanda. Por lo tanto, en virtud del artículo 49.° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, aprobado mediante Resolución Administrativa 095-2004-P/TC, este Colegiado está facultado para imponer multas a las partes que incumplan el artículo 109.° del Código Procesal Civil, debiendo procederse a multar a la demandante con la suma de 10 Unidades de Referencia Procesal.

 

16.  En conclusión, al no estar de acuerdo con la posición de la STC 05311-2007-PA/TC, y prosiguiendo con la línea de pensamiento esbozada en la presente opinión, se pasa a analizar la presente demanda de amparo. En este caso, la parte demandante ha cumplido con agotar la vía previa regulada en la Ley General de Arbitraje vigente en aquel momento. No obstante, encuentro que debido a la falta de diligencia por parte de la demandante permitió que transcurra el plazo de prescripción para interponer la demanda de amparo, establecido en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Y es que tal como lo han expuesto el a quo y el ad quem, y como estaba establecido en la Ley General de Arbitraje, no procedía la casación en este caso puesto que ello solo procede cuando se ha declarado la nulidad total o parcial del laudo. En cambio, la demandante planteó la casación dejando pasar el plazo de prescripción.

 

En conclusión, de acuerdo a lo expuesto considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE e imponerse a la demandante una multa de 10 URP por actuar con palmaria mala fe en el presente proceso.

 

 

Sr.

 

ÁLVAREZ MIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N 05951-2009-PHC/TC

LIMA

AARON HUSID NACHMAN

 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

LANDA ARROYO

  

Lima, 30 de junio de 2010

 

Con el debido respeto a la opinión de mis colegas magistrados emito el presente fundamento de voto:

 

En la STC 05311-2007-PA/TC, el suscrito ha emitido un voto singular en el sentido de declarar la improcedencia de la demanda. En el presente caso se advierte que la controversia de ahora guarda estrecha relación con la sentencia antes mencionada.  En ese sentido y en atención a las exigencias que se derivan del criterio de coherencia, que todo magistrado constitucional debe observar, es que considero pertinente remitirme a mi voto singular de la STC 05311-2007-PA/TC, en relación con los presupuestos procesales que deben observarse a efectos de no convertir el proceso de amparo en una instancia de simple apelación de un laudo arbitral.

 

En ese sentido, considero que la presente demanda de amparo debe ser desestimada por improcedente.

 

 

Sr.

 

LANDA ARROYO

 

ACF

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     La norma vigente es el Decreto Legislativo N.º 1071, que norma el arbitraje, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2008, que en su Única Disposición Derogatoria, dispone que se derogue la Ley Nº 26572, General de Arbitraje.