EXP. N.° 03000-2009-PA/TC
LIMA
SAC PERÚ
S.R.L.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 9 de agosto de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por Sala Constitucional
y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, de folios 199
del segundo cuadernillo, su fecha 2 de octubre de 2008, que declaró
improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 8 de
mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales
señores Jorge Isaac Carrión Lugo, Evangelina Huamaní Llamas, Andrés Caroajulca
Bustamante, Hugo Antonio Molina Ordóñez (como miembros de la Sala Civil Permanente)
y contra los vocales señores Elcira Váquez Cortez, Fernando Augusto Zubiate Reina, Claudio Luis Pedro
Gazzolo Villalta, Sabino León Ramírez y Roger Williams Ferreira Vildozola, en calidad de miembros de la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la
República. Solicita que se declare nulas:
i)
La Resolución S/N del 25 de junio de 2003
(Expediente N.° AV 175-2002) dictada por la Sala Civil Permanente
de la Corte Suprema
de Justicia de la
República.
ii) La Resolución S/N de fecha 9 de agosto de 2005 (Expediente
2490-2003) dictada por la Sala
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
Pretende asimismo que se dicte
un nuevo pronunciamiento premunido de la debida motivación y que respete
irrestrictamente los derechos procesales conculcados a su empresa, con
aplicación de las normas nacionales e internacionales pertinentes, debiendo los
jueces efectuar un pronunciamiento sobre todos los puntos expuestos en la
demanda. Explica que el contenido esencial de la controversia es determinar si
es que la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) puede ejercer potestad tributaria sobre la extensión de mar peruano comprendida entre la milla 13 y la milla 200. La
empresa recurrente alega que en su demanda explicó que el concepto de dominio
marítimo no tiene una connotación equivalente a propiedad o pertenencia análoga
al del derecho civil, siendo un concepto flexible que no implica la potestad de
cobrar tributos.
2.
Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con fecha 16 de octubre de 2007, declara improcedente la
demanda estimando que al desarrollarse pronunciamientos sobre el artículo 54 de
la Constitución
y el artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 809, se advierte un rechazo sobre
la base de una típica motivación implícita, y que por lo tanto resulta de
aplicación el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional.
3.
Que la Sala Suprema revisora
confirmó la resolución apelada considerando que en las resoluciones
cuestionadas se vertieron los fundamentos fácticos y jurídicos necesarios para
resolver la controversia, y que si bien no se alude a cada uno de los métodos
de interpretación que se solicitan en mérito a las normas nacionales e
internacionales, detrás de las razones jurídicas subyace un rechazo implícito
de las alegaciones formuladas por la empresa recurrente, tratándose de una
típica motivación implícita. En virtud de ello aplica el artículo 5, inciso 1
del Código Procesal Constitucional.
4.
Que es pertinente
señalar que respecto al derecho a la motivación este Tribunal ya ha establecido
que éste no supone un derecho a recibir pronunciamientos explícitos respecto a
cada uno de los puntos que se soliciten, y que tales exigencias pueden verse
satisfechas cuando se reciben pronunciamientos que impliquen una resolución
desfavorable en lo relacionado a los puntos propuestos, más aún cuando dichos
pronunciamientos no revistan una especial trascendencia en el trámite del
proceso y no acarreen, en definitiva, la indefensión de la parte reclamante. En
ese sentido el Tribunal tiene dicho, respecto al deber de motivación de las
resoluciones judiciales, que “(...) no es ajeno a su contenido las llamadas motivaciones
implícitas; es decir, aquellas que están referidas a las razones que han
sido desechadas a consecuencia de haberse asumido otras” (resolución contenida
en el Exp. N.º 9208-2005-AA/TC); o incluso aquellas
que resolviendo los medios de impugnación confirman lo decidido por el a
quo, lo que implícitamente implica desestimar en parte los argumentos
postulados en el recurso interpuesto.
5.
Que de las
resoluciones cuestionadas se observa que se ha explicado que se ha optado por
asumir una tesis interpretativa distinta a la argumentada por la empresa
recurrente, con lo que evidentemente, se rechazan los argumentos de la
demandante. En consecuencia al no apreciarse que los hechos cuestionados
incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
invocados, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1) del Código Procesal
Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado
Vergara Gotelli, que se agrega
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT
CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE
HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
URVIOLA
HANI
EXP. N.° 03000-2009-PA/TC
LIMA
SAC PERÚ
S.R.L.
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
Emito el presente fundamento de
voto concordando con lo resuelto por la resolución en mayoría, pero realizando
algunas precisiones:
1.
Con fecha 8 de mayo
de 2006 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales
integrantes de la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
señores Carrión Lugo, Huamaní Llamas, Caroajulca Bustamante y Molina Ordoñez,
y los vocales integrantes de la
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
con la finalidad de que se declare la nulidad de las Resoluciones Judiciales de
fecha 25 de junio de 2003 y fecha 9 de agosto de 2005, puesto que considera que
se le está afectando sus derechos constitucionales. Es así que solicita que se
dicte nuevo pronunciamiento que se encuentre debidamente motivado, respetándose
irrestrictamente los derechos procesales vulnerados a la empresa, con
aplicación de las normas nacionales e internacionales pertinentes, debiendo los
emplazados emitir pronunciamiento respecto a todos los extremos de la demanda.
Refiere que en el proceso
contencioso administrativo seguido en contra del Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria se está cuestionando la potestad tributaria de la SUNAT sobre la extensión del
mar peruano comprendida entre la milla 13 y la milla 200, sin tener presente
que el dominio marítimo no tiene connotación equivalente a propiedad o
pertenencia analoga al del derecho civil, siendo un
derecho flexible que no implica la potestad de cobrar tributos. Es así que
cuestiona el hecho de que los emplazados hayan desestimado su demanda sobre la
base de un análisis superficial con fundamentación
insuficiente.
2.
En el presente caso se advierte que existe una demanda de amparo
propuesta por una persona jurídica (sociedad mercantil), habiendo en reiteradas
oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas
para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida
incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la Constitución habla de
los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en
el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran
canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él
quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede
constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la
defensa de los derechos fundamentales es para la “persona humana”,
por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la
vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso constitucional de amparo,
exonerándoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no
puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso constitucional
de amparo la forma mas rápida y económica de conseguir sus objetivos, haga uso
de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría
la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello considero que
existen casos excepcionales en los que este colegiado puede ingresar al fondo
de la controversia en atención i) a la magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización
(urgencia) y iii) que el acto arbitrario o
desbordante ponga en peligro la propia subsistencia de la persona jurídica con
fines de lucro. Además debe evaluarse el caso concreto y verificar si existe
alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento de emergencia por
parte de este Colegiado.
3.
En el presente caso
observamos el cuestionamiento de resoluciones judiciales emitidas en un proceso
contencioso administrativo, cuestionando su motivación por considerarla
insuficiente. Es así que s así que concordando con lo resuelto en la
resolución en mayoría quiero reiterar mi posición expresada en oportunidades
anteriores, respecto a la falta de legitimidad activa de las personas jurídicas
con fines de lucro (sociedades mercantiles) para interponer demanda de amparo,
evidenciándose además en este caso que la pretensión de la empresa está
dirigida a cuestionar los montos determinados por el ente administrativo,
buscando en esta sede constitucional el ingreso a un procedimiento
administrativo, en el que no se advierte vulneración alguna a derechos
fundamentales.
4.
En tal sentido
reafirmo mi posición respecto a que los procesos constitucionales son procesos
destinados a la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana,
debiendo este Tribunal desplegar esfuerzos para que los procesos
constitucionales se destinen a controlar la vulneración de derechos fundamentales
de la persona humana. Debe tenerse presente que el proceso constitucional de
amparo es excepcional y residual, e incluso gratuito, lo que demuestra que el
Estado tiene como función principal y prioritaria la defensa y protección de
esos derechos fundamentales.
5.
Por tanto considero
que la demanda debe ser desestimada por improcedente, no solo por la falta de
legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también por la
naturaleza de la pretensión.
En consecuencia mi voto es porque se declare la IMPROCEDENCIA
de la demanda de amparo propuesta.
SS.
VERGARA GOTELLI