EXP. N.° 03005-2008-PA/TC
PIURA
CONSTRUCTORA
CABO BLANCO S.A.C.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 10 de marzo de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Constructora Cabo Blanco S.A.C., representada por su representante legal, don José Luis Gamboa Burgos, contra la resolución N.º 6 de fecha 30 de mayo de 2008, que, confirmando la resolución apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 1 de
abril de 2008, la demandante interpone demanda de amparo contra
2.
Que mediante
resolución del 7 de abril de 2008, el Primer Juzgado Civil de Piura declaró
improcedente la demanda, por considerar que la pretensión de la entidad
demandante no se refiere al contenido constitucionalmente protegido de derecho
alguno y, en relación a los actos administrativos cuestionados, que la vía
idónea para ventilarlos resulta el proceso contencioso administrativo.
3.
Que, al respecto,
este Colegiado no comparte el criterio del Juzgado y de
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
RESUELVE, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se acompaña,
REVOCAR el auto que declara la improcedencia liminar de la demanda y DISPONER que se la admita y se le dé el trámite correspondiente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
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PIURA
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CABO BLANCO S.A.C.
VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO
Y ÁLVAREZ MIRANDA
Con el respeto debido, expresamos nuestra discrepancia con la ponencia propuesta en el caso, por las razones que a continuación exponemos:
1.
Con fecha 1 de
abril de 2008 la demandante interpone demanda de amparo contra
2.
Mediante resolución
del 7 de abril de 2008, el Primer Juzgado Civil de Piura declaró improcedente
la demanda, por considerar que la pretensión del demandante no se refería al
contenido constitucionalmente protegido de derecho alguno y, en relación a los
actos administrativos cuestionados, que la vía idónea resultaba el proceso
contencioso administrativo.
3.
Al respecto, no
compartimos el criterio del Juzgado y de
Por estas consideraciones, nuestro voto es por REVOCAR el auto que declara la improcedencia liminar de la demanda y DISPONER se la admita y se le dé el trámite correspondiente.
Sres.
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ETO CRUZ
En el presente caso me adhiero a lo resuelto por los magistrados Landa Arroyo y Álvarez Miranda, y con el respeto que se merece el magistrado cuyo voto genera la presente discordia, considero oportuno subrayar de manera particular los siguientes fundamentos:
A. Derechos fundamentales y las personas jurídicas
1. Los procesos constitucionales de la libertad, como instrumentos procesales orientados a la defensa de los derechos fundamentales, tienen una finalidad restitutoria; por ello, luego de declarar estimativa una demanda, aquéllos ordenan retrotraer el estado de las cosas al momento anterior a la producción del acto lesivo. Así lo ha entendido el propio legislador cuando en el artículo 1º del Código Procesal Constitucional ha establecido que “los procesos constitucionales tienen como finalidad la protección de los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación de los mismos”. En tal sentido, resulta ser un imperativo para los operadores jurídicos el establecer la naturaleza del agravio; en otras palabras, determinar si es que el mismo afecta el contenido constitucional protegido de un derecho fundamental
2. Antes de entrar al análisis del caso concreto, será conveniente exponer mi posición respecto a la cuestión de si las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales, siendo evidente que sólo la satisfacción de esta condición podrá legitimarlas procesalmente para acudir al proceso de amparo. En línea de principio, no podemos desconocer que, desde la génesis de los derechos fundamentales, estos respondieron a la necesidad de proteger básicamente intereses subjetivos de la persona humana individualmente considerada. Los derechos fundamentales nacen, así, como derechos de eficacia negativa, es decir, a la manera de derechos oponibles frente al Estado como una garantía contra su lesión; sin embargo, como resultado de la evolución de dicho concepto, los derechos empezaron a ser concebidos como libertades positivas, desarrollo conceptual que incluso, en la actualidad, irradia sus efectos sobre las relaciones entre particulares.
3.
A nuestro parecer, la
protección de los derechos fundamentales alcanza a los seres humanos, tanto
cuando estos actúan de manera individual, como cuando deciden participar de
actividades que involucran la necesaria intervención de otros seres humanos
(como es el caso, por ejemplo, de la vida política, social, entre otros, lo
cual ha sido recogido por el artículo 2º, inciso 17 de
4.
En consecuencia, el
fundamento de la titularidad de ciertos derechos fundamentales por parte de
personas jurídicas, que constituyen una ficción creada por nuestra legislación
civil, radica en que ellas son un instrumento al cual recurren los seres
humanos (individualmente considerados) para conseguir determinados fines lícitos;
en algunos casos, de forma necesaria, en otras, para intentar una más eficaz
consecución de dichos fines. Por lo demás, aquél fundamento encuentra sólido
asidero en la propia Constitución, pues queda evidenciado que existen derechos
que únicamente pueden ser ejercidos en concurrencia con otras personas (como
es, por ejemplo, el caso previsto en el artículo 2º, inciso 24 de
5.
Ahora bien, a pesar de
que nuestra Constitución no contiene expresamente una norma que solucione el
problema interpretativo planteado (como, contrariamente, sucedía con
6.
Y así, podemos afirmar
que derechos tales como a la igualdad (artículo 2º, inciso 2), a la libertad de
información, opinión y expresión (artículo 2º, inciso 4), a la buena reputación
(artículo 2º, inciso 7), a la libertad de contratar y de contratación (artículo
2º, inciso 14), a trabajar libremente (artículo 2º, inciso 15), a formular peticiones
(artículo 2º, inciso 20), a la nacionalidad (artículo 2º, inciso 21), a la
libertad de empresa (artículo 59º), a la tutela jurisdiccional efectiva y al
debido proceso (artículo 139º), entre otros, pueden ser ejercidos de manera
compartida por personas naturales y personas jurídicas; y derechos tales como a
participar en forma asociada en la vida económica, social y cultural de
7. Vistas así las cosas, será forzoso concluir que, en cualquier caso, la postura favorable a asignar derechos fundamentales a las personas jurídicas (sean éstas públicas o privadas) no puede ser defendida en forma abstracta o generalizada (como sucede, por el contrario, respecto de las personas físicas, por mandato constitucional expreso.) Más bien, aquella atribución debe obedecer a la específica característica del derecho fundamental que se busca proteger y a la naturaleza de la persona jurídica involucrada. Es así como, tratándose de personas jurídico-privadas, la consabida titularidad no puede servir como patente de corso para amparizar toda pretensión de carácter patrimonial o societaria que afecte sus intereses, pues el proceso constitucional de amparo sólo protege el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, siendo que esto último vale para cualquier tipo de persona.
B. Análisis del caso concreto
8. Del estudio y análisis del expediente se puede advertir, en primer término, que la demanda ha sido objeto de rechazo liminar por las instancias precedentes, y que los argumentos que éstas han utilizado es que: “... la pretensión del demandante no está referida al contenido constitucionalmente protegido de derecho alguno y que los actos administrativos cuestionados debían ser impugnados a través del proceso contencioso administrativo...”.
9.
Al igual que los
magistrados a cuya posición me adhiero, considero inapropiada dicha conclusión,
pues el demandante no está cuestionando el procedimiento sancionatorio
abierto en su contra por incumplimiento de convenio colectivo, sino que lo que
en esencia cuestiona es la obligatoriedad que ésta tenga de cumplir con un
Convenio Colectivo suscrito entre
Por las consideraciones anteriormente expuestas manifiesto mi conformidad con el íntegro del fallo de la mayoría.
Sr.
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PIURA
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CABO BLANCO S.A.C.
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones:
Refiere que dicho convenio
colectivo por rama de actividad carecía de legitimidad y en consecuencia no
podía resultarle aplicable al haber sido suscrito por CAPECO y
“Titularidad de los derechos fundamentales
El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título
Preliminar al referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales
que “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos
por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de
conformidad con
De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos.
Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal
Constitucional.
También es
importante señalar que
En conclusión extraemos que las disposiciones internacionales al proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Procesal Constitucional.
Por ello es que, expresamente el artículo 37 del Código Procesal Constitucional
señala que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en
su totalidad enumera el articulo 2º de
De lo expuesto queda claro que cuando
El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de “personas” colocando en
Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la ficción de señalar la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha “persona” ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la “persona jurídica” tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, que conforman interés propio y distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro.
Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en
función de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de
obtener utilidades que se destinaran al fin de cuentas a estas personas
naturales. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica
más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando
estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado
un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales,
deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en
cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los
encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también
protegidos por el amplio manto de
En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria.
Por lo precedentemente
expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues derechos considerados
fundamentales por
De lo expuesto este Colegiado concluye estableciendo que si bien ha estado admitiendo demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esto debe ser corregido ya que ello ha traído como consecuencia que las empresas hayan “amparizado” toda pretensión para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio de la presente resolución queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia.
Es también oportunidad para señalar que siendo diferente la finalidad del
proceso de amparo y de habeas corpus –que son procesos que defienden derechos
de la persona humana- de los procesos de cumplimiento y de habeas data –que son
procesos en donde se busca cumplir con una norma legal o ejecutar un acto
administrativo firme, respectivamente se busca la defensa de los derechos
constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de
a) Cuando la persona jurídica no tenga vía alguna –ya sea administrativa o judicial- para solicitar la defensa de sus derechos constitucionales siendo inevitable la intervención de este tribunal.
b) Cuando sea totalmente evidente la vulneración de sus derechos constitucionales, es decir cuando de los actuados se evidencie que esté en peligro sus derechos constitucionales. En este supuesto debe tenerse presente que la intervención del Tribunal Constitucional será admitida siempre y cuando del sólo escrito de demanda y de sus anexos sea evidente la vulneración de los derechos constitucionales de la persona jurídica. Ejm. Ejecución de actos administrativos en aplicación de normas derogadas o declaradas inconstitucional por este Tribunal.
c) Cuando en contravención de un precedente vinculante emitido por este Tribunal un órgano administrativo o judicial vulnera derechos constitucionales de una persona jurídica, evidenciándose ello sólo de los actuados presentados por la persona jurídica; y
d) Cuando por actos arbitrarios de un órgano administrativo o judicial se vulnere derechos constitucionales que pongan en peligro la existencia de la persona jurídica. En este supuesto la vulneración debe acreditarse de los actuados en la demanda, lo que significa que la vulneración debe ser manifiesta.
En los
supuestos c) y d) es necesario exigir que la persona jurídica haya recurrido
previamente al órgano judicial cuestionando los actos que considera vulneratorios, ya que prima facie,
son los encargados de la defensa de
En el presente caso
8. En todo caso si la empresa demandante considera que dichas decisiones administrativas son nulas y que contravienen derechos constitucionales, tiene expedita la vía contencioso administrativa para cuestionarlas, siendo ésta una vía igualmente satisfactoria, puesto que por la naturaleza de la pretensión se observa que es necesario una vía que cuente con etapa probatoria para que puedan actuarse las pruebas aportadas por las partes, etapa de la que carecen los procesos constitucionales.
9. En conclusión, en el presente caso no se observa que éste encaje en alguno de los supuestos señalados para que este Tribunal realice un pronunciamiento urgente por lo que la demanda debe declararse improcedente no sólo por la falta de legitimidad activa del demandante sino también por la naturaleza de la pretensión, ya que ésta puede ser dilucidada en el proceso contencioso administrativo.
Por tales razones mi voto es porque se declare CONFIRME el rechazo liminar, en consecuencia, se declare IMPROCEDENTE la demanda.
SR.
VERGARA GOTELLI
EXP. N.° 03005-2008-PA/TC
PIURA
CONSTRUCTORA
CABO BLANCO S.A.C.
VOTO MAGISTRADO CALLE HAYEN
Visto el recurso de agravio constitucional
interpuesto por Constructora Cabo Blanco S.A.C.,
representada por su Representante Legal, José Luis
Gamboa Burgos, contra
2. Cabe precisar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la demanda por considerar que la pretensión del demandante no tiene contenido constitucionalmente protegido en derecho alguno; asimismo señalan que en relación a los actos administrativos cuestionados corresponde dilucidarlos en el proceso contencioso administrativo, por ser la vía mas idónea.
4.
A fojas 11 y 15
corren las actas de infracción cuestionadas por el accionante,
de donde se puede advertir que
5. En tal sentido, considero que dicha pretensión, al provenir de un procedimiento administrativo, debe ser dilucidada en otra vía igualmente satisfactoria, por lo que, en aplicación del artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, mi voto es por que se declare IMPROCEDENTE la demanda de autos.
S.