EXP. N.° 03099-2009-PA/TC
SANTA
PEDRO ANTONIO
LLORCA SARMIENTO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 20 días del mes
de enero de 2010,
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Pedro Antonio Llorca
Sarmiento contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 6 de noviembre de 2007, el
recurrente interpone demanda de amparo contra
La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, aduciendo que el recurrente no ha acreditado haber estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad en el desarrollo de sus labores. Asimismo refiere que no todos los trabajadores de centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos tienen derecho a pensión minera, pues sólo les corresponderá su goce a aquellos que hayan estado expuestos a los citados riesgos, los que se miden por la presencia efectiva de las enfermedades descritas en al artículo 4 del Decreto Supremo 029-89-TR.
El Segundo Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 6 de mayo de 2008, declaró infundada la demanda, por estimar que no se logra acreditar que el demandante haya estado expuesto a riesgos.
FUNDAMENTOS
1.
En el fundamento 37
de
Delimitación del petitorio
2.
El recurrente
pretende se le otorgue una pensión de jubilación de conformidad con
Análisis de la controversia
3.
De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de
4. En cuanto al requisito de edad, de la copia del Documento Nacional de Identidad, de fojas 2, se advierte que el recurrente nació el 6 de febrero de 1952, por lo que alcanzó la edad mínima requerida el 6 de febrero de 2002.
5.
En cuanto a los
años de aportes, el recurrente ha presentado los siguientes documentos en
original: a) Certificado de trabajo de fecha 29 de diciembre de 2006, suscrito
por el Administrador de Personal de
6.
Teniendo en cuenta
que para acreditar los periodos de aportación en el proceso de amparo se
deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de
7. Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2009, el recurrente presenta la siguiente documentación: a) certificado de trabajo de fecha 12 de octubre de 2009, suscrito por el Jefe de Administración de Personal de SIDERPERÚ, don Antonio Castro Cerpa (fojas 8 del cuaderno del Tribunal Constitucional), en el cual se reitera que el recurrente laboró para dicha empresa entre el 16 de agosto de 1972 al 20 de octubre de 1992, en diversos cargos y diversas dependencias; b) Certificado de fecha 12 de octubre de 2009, suscrito por el Superintendente de Seguridad Industrial de SIDERPERÚ, Ingeniero Juan Carlos Tovar Guzmán (fojas 9 del cuaderno del Tribunal Constitucional), en el cual se ratifica que el actor laboró en el periodo antes citado en diversos cargos y dependencias de SIDERPERÚ, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; y, c) Cartilla de inscripción de asegurado de del Instituto Peruano de Seguridad Social de fecha 16 de agosto de 1991 (fojas 11 del cuaderno del Tribunal Constitucional), en el que se consignó como empleador del accionante a SIDERPERÚ.
8. Cabe recordar que este Tribunal ha señalado que para evaluar el cumplimiento del requisito relacionado con los años de aportes, en los casos en que se pretende su
reconocimiento, se origina en la comprobación del vínculo laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Tribunal ha interpretado, en jurisprudencia reiterada[1] que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de la condición de trabajadores.
9. En el presente caso, con la documentación adicional aparejada por el actor y citada en el fundamento 7 supra, se advierte que es el propio empleador quien reitera –mediante la expedición de documentos recientes– la existencia del vínculo laboral con el actor entre el 16 de agosto de 1972 al 20 de octubre de 1992, situación que encuentra sustento adicional en la cartilla del asegurado (fojas 11 del cuaderno del Tribunal Constitucional), en la que se consignó a SIDERPERÚ como empleador del accionante para agosto de 1991. En cuanto a la exposición a riesgos en el desarrollo de las labores del actor, tanto el certificado 4 (fojas 9 de autos) y el certificado de fecha 12 de octubre de 2009 (fojas 9 del cuaderno del Tribunal Constitucional), se acredita que el recurrente laboró bajo dichas condiciones. En tal sentido, se aprecia que el recurrente reúne los requisitos necesarios para acceder a la prestación pensionaria que solicita, razón por la cual debe estimarse la demanda.
10. A efectos de establecer el
inicio del pago de la pensión de jubilación del recurrente, así como el pago de
sus devengados, advirtiéndose que en el presente caso la emplazada mediante
Resolución 62926-2002-ONP/DC/DL 19990, de fecha 15 de noviembre de 2002, denegó
la prestación pensionaria a la que tiene derecho el recurrente (según consta en
la notificación de fecha 9 de julio de 2007 de fojas 6), en ejecución de
sentencia se deberá tener en cuenta la fecha de presentación de dicha
solicitud, así como lo establecido en el artículo 81 del Decreto Ley 19990.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en
11. Finalmente, respecto de la aplicación de los criterios de cálculo de la pensión regulados por el Decreto Ley 19990, debe precisarse que los mismos se encontraron vigentes hasta el 18 de diciembre de 1992, fecha en la cual se publicó el Decreto Ley 25967, mediante el que se modificaron tanto los años de aportes mínimos paraacceder a una prestación pensionaria dentro del régimen del Decreto Ley 19990, así como las fórmulas de cálculo de las pensiones, los cuales resultan aplicables a partir del 19 de diciembre de 1992 y sólo para aquellos asegurados que alcanzaron su punto de contingencia a partir de dicha fecha en adelante, situación que en el caso de autos resulta aplicable todo vez que el recurrente reunió los requisitos necesarios para acceder a la prestación pensionaria solicitada en el año 2002.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.
2.
ORDENAR a la emplazada otorgue pensión de
jubilación a favor del recurrente de conformidad con
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ